No sabemos si el conseller de Medio Ambiente, Aguas, Urbanismo y Vivienda (primero lo ecológico para ir con la cabeza bien alta) de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, mandará a las excavadoras de casa o a las públicas para devastar el irredento Cabanyal.
Pero lo que sí está claro, tras la aprobación de un decreto ley de urgencia -por esa misma consellería- que pretende “derogar” la orden del ministerio de Cultura que mandada parar el expolio, es que sus equipos de demolición están a su obediencia debida. Y llegado el caso, serán las máquinas de la firma Sedesa (Servicios de Excavaciones), fundada por su padre y presidida por su sobrino Vicente Cotino Escrivá, u otras de su directa competencia las que inicien el lanzamiento ilegal, ilegítimo y aberrante para hacer esa gran autopista al mar que tanto ansían las constructoras, promotoras, urbanizadoras e inmobiliarias que trabajan para la administración de Francisco Canmps y la alcaldesa Rita Barberá, los dos dirigentes del Partido Popular agraciados con la pedrea de la trama Gürtel.
No sería la primera vez que política y negocios se atropellan en la biografía del ex director general de la policía que avaló la teoría de la conspiración del 11-M y destacado miembro del Opus Dei desde que recaló en el gobierno de aquella Comunidad Autónoma. En el 2007, cuando ocupaba la cartera de Bienestar Social, otras mercantiles de la familia Cotino (Centros Residenciales Savia y Gerocentros del Mediterráneo) lograron subvenciones públicas por valor de 30 millones de euros en el área de residencias para la tercera edad ofertadas por la Generalitat. Seguramente porque, devoto de la Obra de Dios, al fin y al cabo, Juan Gabriel Cotino Ferrer entiende la política y los negocios como un Camino de santidad aquí en la tierra. Ventajas de los creyentes y de cuantos interpretan el castizo dicho “más vale malo conocido que bueno por conocer” como una piadosa oportunidad de hacer el bien sin mirar a quien.
Porque la sombra de la sospecha planea en torno algunas empresas de la familia Cotino como las gaviotas genovesas sobre la carroña del Bar Faisán. Aunque el magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Luis de la Rúa, del que el pre-imputado Camps se declaraba “más que amigo” , no vio delito en el cohecho impropio constatado entre la plana mayor del PP valenciano, los informes de la policía dejaban en evidencia la posibilidad de que esas y otras sociedades del sector de obras públicas y urbanismo (el área de Cotino) fueran los cobradores del frac de la trama de financiación ilegal al Partido Popular que parece encubrir el caso Gürtel, a través de Orange Mark y Special Events. La red mafiosa de los Francisco Correa, los Álvaro Pérez, El Bigotes “amiguito del alma” del presidente Camps (“te quiero un huevo”), los Pablo Crespo, y otros prohombres del empresariado full que imitan la doctrina cleptómana del actual presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, el fulano que inauguró su reinado patronal con un rasgo de sinceridad predictivo al afirmar que “la mejor empresa pública es la que no existe”.
De hecho, que no de derecho porque el “más que amigo” de Camps no lo incluyo en el sumario, un amplio dossier de la Brigada de Blanqueo de Capitales (89 folios y 5 anexos) fechado el 31 de julio de 2008 cuantificaba los intereses cruzados entre los máximos representantes de seis de las empresas contratadas por la Generalitat y el Ayuntamiento valenciano, entre ellas la Sedesa del clan Cotino, con los capos de Gürtel y cía. En el informe elevado por la policía a De la Rúa, además se dejaba constancia de una cumbre de presuntos implicados celebrada el 26 de junio del año pasado en el Hotel Gran Fenix de Madrid, situado en las proximidades de la sede central del PP, a la que asistieron Pablo Crespo y Álvaro Pérez, por parte de Gürtel-Orange Mark , y Vicente Cotino, dilecto del vicepresidente tercero de la Generalitat y dueño de Servicios de Excavaciones (Sedesa), del lado contratante, en la que, según el pormenorizado relato de los investigadores, circularon con profusión maletas y maletines.
Este es el contexto es el que se ha perpetrado el decreto-ley de carácter urgente para desproteger el Cabanyal. Caso único en el mundo de un decreto-ley aprobado ¡¡para desproteger un bien de interés genera !! que casa con las facultades desreguladoras utilizadas por gobernantes canallas para entregar recursos públicos a malhechores privados, la técnica de Robin Hood al revés situada en el epicentro de la actual crisis inmobiliaria-financiera mundial. Y visto lo visto, y sobre todo intuido lo que se oculta en tierras de aquella cuestionada Generalitat, habría que preguntarse por qué a lo del Cabanyal lo llaman expolio si puede tratarse del cobro pendiente de la trama Gürtel.
Rafael Cid.
