(Curioso país el nuestro donde los poderes conspiran por privatizarlo todo (sindicatos, cajas de ahorros, autodeterminación, costas, etc.), en el que lo único que es colectivo, lo único que se reconoce como realmente público es la DEUDA PÚBLICA).

(Curioso país el nuestro donde los poderes conspiran por privatizarlo todo (sindicatos, cajas de ahorros, autodeterminación, costas, etc.), en el que lo único que es colectivo, lo único que se reconoce como realmente público es la DEUDA PÚBLICA).

Aparte de las consecuencias sociales, en su mayor parte permisivas para el capital y lesivas para los trabajadores (¿causa y efecto ?), la crisis está dejando otros flancos al descubierto como evidentes daños colaterales. Se trata de aspectos complementarios que más indisimulada que discretamente aparecen en la estrategia de la oligarquía para lograr esa refundación a mayor abundancia que la procurara posiciones de dominio y explotación todavía más flagrantes si cabe. Son tres frentes los abiertos (autonomías, sindicatos y cajas de ahorros) y una sola trinchera (la involución democrática). Todo a costa de la crisis y “por nuestro propio bien”.

El frente de las cajas de ahorros ya se ha desbordado. Está en la mesa de operaciones. Un sector que, con todas las pegas y corruptelas que se quiera, significaba un modestísimo referente de la inexistente banca pública (ver posición de ATTAC Madrid al respecto), con un mercado que alcanzaba al 45% del sector y llevaba sus servicios a las localidades más modestas de todo el territorio nacional, está siendo engullido por la banca, aunque a primera vista las opas se perpetren en nombre de las grandes cajas, como La Caixa y Cajamadrid. Y como en el origen de toda fortuna siempre hay un crimen, el asalto a las cajas fue precedido por su criminalización propagandística. Se utilizaron casos de libro como la quiebra de la Caja de Castilla La Mancha, que debería haber dado ya con los huesos de sus responsables en la cárcel ; la matraca de sus ineficiencia profesional de sus gestores y el hecho cierto de su dependencia de los clanes políticos vernáculos, como argumentos para justificar el ataque. Ante el silencio cómplice de partidos, sindicatos y usuarios representados en sus órganos de administración con sabrosas gratificaciones directas e indirectas se consumó el asalto a unas instituciones financieras pegadas al terreno de la actividad productiva que estatutariamente destinaban el 20% de sus beneficios a fines sociales. De 45 cajas existentes a principios de la crisis sólo quedarán 22 cuando se complete el butrón que ha contado con el acuerdo previo de PP y PSOE, y que arrojará a unos 15.000 empleados todos los lunes al sol. El objetivo es la bancarización de las cajas, siguiendo el proceso en marcha hacia un Estado plutocrático, porque cada vez hay mayor comunidad de intereses entre el “banco azul” y la “banca”.

El frente sindical, la eterna bicha de esa oligarquía española acostumbrada a ejercer bajo palio, se ha desatado a raíz de la convocatoria de huelga general por CCOOO y UGT para protestar contra el ajuste y ha tenido su momento de paroxismo a cuenta del paro sin servicios mínimos de los trabajadores del Metro de Madrid. Vagos, salvajes, nazi-rojos, energúmenos y otros escupitajos se unieron a los tradicionales pronunciamientos sobre los bicoca de los liberados, las subvenciones a las burocracias sindicales y otros lugares comunes que, al margen de su mayor o menor veracidad (como en las cajas), son usados desde todas las tribunas mercenarias del capital para fabricar una opinión pública que modele al sindicalismo con tintes de matonismo. Todo ello cuando desde el puesto de mando de la patronal CEOE se dan a diario cursos de gansterismo anti-laboral formato “toma el dinero y corre”. Aunque el sistema necesita tener como interlocutores cómodos a los “sindicatos representativos” para mantener la ficción de una democracia sin demócratas, el bunker empresarial quiere aprovechar el tirón de la crisis para arrancar a sus ventrílocuos en el gobierno la desnaturalización de los convenios colectivos y una ley de huelga que arroje a las tinieblas a las organizaciones obreras radicales que vivaquean en actividades productivas y servicios públicos con capacidad de revolucionar la pax ciudadana. De la misma forma que la antidemocrática ley electoral vigente hace que los partidos minoritarios de ámbito nacional (la otra izquierda) necesiten 7 veces más votos por lograr un escaño que los mayoritarios PP y PSOE. Todo para rebañar el voto útil, tanto en el terreno sindical como en el parlamentario, a fin de impedir que alguna vez exista de verdad una oposición que se oponga.

El último frente busca hacer diana en el sistema de descentralización autonómica, en todas sus fases de escala, desde la Comunidad Autónoma hasta la administración local, y se enmarca en una vieja tradición de nuestra derecha más rancia y meapilas, que estuvo en los orígenes putativos del 23-F y en la aprobación de la anticonstitucional LOAPA, para “armonizar” los pueblos y las tierras de España. Y aquí también se ha unido lo doctrinal con lo coyuntural, y a los consabidos alegatos contra el despilfarro de las autonomías, la duplicidad de sus organismo, la corrupción de sus castas políticas y la ruptura de la unidad de mercado, se han sumado con el trabuco en la mano otros vendavales antidemocráticos con la excusa de la ofensiva catalanista ante el “cepillado” dado al Estatut por el Tribunal Constitucional. Sin desconocer que tras el conflicto autonómico se esconde también una lucha por el poder entre las distintas burguesías en presencia, lo cierto es que la mano que mueve la cuna de la cruzada contra el Estatut busca laminar la democracia de proximidad que representa el hecho diferencial y demonizar cualquier avance que intente el camino de la solución federalista. La úlcera anticalanista actual ha demostrado que ETA no era el problema, y que en muchas ocasiones su violencia indiscriminada ha sido el bebedero del que han mamado todos los oficiantes del aquelarre centralista. El tiro al Estatut sigue a la defenestración del Plan Ibarretxe que se selló con un gobierno españolista PSOE-PP en Esukadi. El mal para los patriotas de la España Eterna es la autodeterminación de pueblos e individuos, el derecho a decidir.
Atado y bien atado y quien se mueva no sale en la foto. Por Dios, por la Patria y el Rey, ¿cederemos nosotros también ?.

Rafael Cid