Políticos con derecho a la jubilación máxima con sólo 8 años de cotización aprobarán el próximo 9 de septiembre en el Congreso ampliar de 15 a 20 el periodo cálculo de la retribución para todos los trabajadores. La medida supondrá un importante recorte de la prestación.
En la actualidad la norma general exige 35 años de cotización para la recibir pensión más alta, 4,37 veces más que a nuestros representantes. Como la crisis financiera ha disparado los costes del desempleo y mermado la caja de las pensiones, el gobierno socialista y sus aliados en la reforma laboral han decidido que los parados y los pensionistas, que capitalizaron sus subsidios durante años vía cuota obrera, se hagan el harakiri.
Decir a estas alturas que el sistema es injusto es casi como descubrir la rueda. Pero sólo en momentos como los actuales, cuando se legisla a lo Robin Hood al revés, para que los ricos vivan a costa de los pobres con todas las de la ley, se revela con toda su crudeza el carácter irracional y despótico del tinglado. Aquí y ahora, en plena crisis provocada por el mundo de las finanzas rescatado del naufragio por nuestros representantes con dinero público, o sea de todos los ciudadanos presentes y futuros, podemos verificar la urdimbre totalitaria que hace girar el panóptico social. La reforma laboral impuesta desde arriba contra los de abajo es un ejemplo paradigmático. Los políticos con representación parlamentaria, diputados y senadores, que con sólo 8 años de cotización tienen derecho a la jubilación máxima, van a aprobar aumentar de 15 a 20 años el periodo de cálculo para la jubilación de los trabajadores que necesitan 35 años para alcanzar el mismo resultado. Desiguales ante la ley y olvido de la ejemplaridad.
La cosa funciona como la ley del embudo. Una minoría con privilegios, casta política, gobierna para una mayoría a la dice representar. Pero se trata sólo de una patraña. No hay re-presentación posible cuando a los que, por la lógica de la dimensión de escala, se les ha investido de autoridad delegada socializan las pérdidas para los ciudadanos y privatizan para ellos las ganancias. Se trata de una fórmula de dominación que impregna todos los niveles de poder, como la secreta maldición que preña los diferentes pliegues de una matrioska para ocultar su verdadera naturaleza. Veamos algunos rasgos que definen la democracia de karaoke existente (porque los ciudadanos pagan y se divierten poniendo su voz a una partitura que viene dada desde lo más alto)
Políticamente. La máxima autoridad en España recae en el Jefe del Estado. Un rey, Juan Carlos I de Borbón, que no ha sido elegido directamente por los españoles y sí designado por el dictador Francisco Franco, al que juró obedecer así como a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, el partido fascista de la época. Un monarca mantenido, tanto él como su amplia familia, con el dinero de todos los ciudadanos (los Presupuestos Generales) y que goza de la prerrogativa de impunidad penal (desiguales ante la ley) como su padrino y antecesor que sólo era responsable “ante Dios y ante la historia”. Además ha inspirado una Constitución que admite la discriminación de género al aceptar el ascendente del varón sobre la mujer en la sucesión dinástica y una reforma en el Código Penal de 1995 (reforma Belloch, el ministro de Justicia socialista de turno) por la cual se persigue y castiga toda manifestación crítica o despectiva contra cualquier miembro de la Familia Real, en línea ascendente o descendente.
Gubernamentalmente. En teoría los españoles, en uso de sus derechos democráticos, son quienes eligen a sus legítimos representantes a través de elecciones con procedimientos tasados y reglados. Sólo sobre el papel. La realidad es completamente distinta. Los ciudadanos no eligen a sus gobernantes de manera directa, o sea real, sino que intervienen en la parte inicial de un proceso ya encauzado al que legitiman al meter su papeleta en la urna. ¿Por qué ? Porque, previamente, las direcciones de los partidos han seleccionado a los candidatos que presentan para el refrendo popular mediante listas cerradas y bloqueadas. Los electores, palabra de escaso contenido en este contexto, son cómplices necesarios, ya que carecen de libertad para decir a qué persona del partido de su preferencia, que se acredita con un programa de acciones que luego suele incumplir olímpicamente, desean nombrar su representante. Con lo que, Rousseau lo dijo muy claro, hecho el escrutinio y constituido el parlamento puede darse por finiquitada realmente la soberanía popular, que pasa a ser la soberanía de las cúpulas del partido reinante. Además, el estado mayor del partido es el que al fin y al cabo designa al presidente del Gobierno, quien a su vez designa a su gabinete ministerial y a las personas de su confianza que llevaran la voz cantante en el parlamento, sede de una teórica soberanía popular a esas alturas ya totalmente descafeinada. Salvo en los países en que hay elección directa del jefe de Gobierno, que no es el caso de la seudo-democracia española desde 1939. Y para que el control de las oligarquías de los partidos sea más completo y cerrado, en nuestro caso hay una Ley Electoral que prima a los partidos mayoritarios y a las regiones menos pobladas con el fin de evitar la irrupción de formaciones de izquierdas que posibiliten frentes populares. Con la actual legislación, para conseguir un escaño, Izquierda Unida necesita obtener siete veces más votos que el PSOE o el PP. Otra vez, desiguales ante la ley.
Económicamente. Esta parte es la común con otras sociedades más avanzadas democráticamente pero que, al igual que la española, se mueven en la órbita del capitalismo neoliberal. Aquí la fórmula alcanza todo su esplendor porque trabaja sobre el sustento del hombre, esos recursos necesarios para la producción vital, unos recursos limitados y por tanto susceptibles de usos alternativos, pero que desde que nacemos encontramos expropiados, que pertenecen a unos pocos. La privatización de los medios de producción, su destino casi exclusivo para lucro de sus dueños y no siempre y en primera instancia su utilización para satisfacer necesidades humanas, y la obligación que tiene la mayoría de la población de trabajar, los asalariados, para poder disfrutar de esos bienes, es la quintaesencia del sistema de dominación. Un modelo desviado, irracional e injusto que se reproduce en todos los aspectos de la vida política realmente existente, y que con la globalización ha alcanzado una nueva cota al venir muchas políticas económicas obligadas por grupos e instituciones que pretenden gobernar el mundo que nadie en la base ha elegido (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, Banco Central Europeo, etc.)
Esta es la lógica del sistema al que contribuimos con nuestra servidumbre voluntaria y que hace posible atentados a la inteligencia como que unos señores, que debían ser nuestros mandados (re-presentarnos) y pagamos entre todos, penalicen nuestra existencia social para mantener sus privilegios de casta y servir a la oligarquía dominante. Y luego está la Iglesia bendiciéndolo todo y prometiendo el paraíso en el cielo…pero eso es otra historia.
Rafael Cid
