Vuelve el periodista e historiador Jorge Martinez Reverte donde solía : al tema de Paracuellos y las víctimas de la guerra civil (Los muertos de todos, El País, 18 de junio 2010). Y lo hace para defensa de las tesis de su amigo y antiguo camarada de militancia Joaquín Leguina, que recientemente ha mantenido un debate mediático sobre el tema con los escritores Javier Cercas y Almudena Grandes.
Cercas y Grandes criticaron la posición de Leguina, partidario de una especie de “valle de los caídos” de la memoria histórica donde todos los muertos, independientemente del bando que fueran, debían ser asumidos como propios por todos. Esa es la posición agregativa que ratifica ahora Martínez Reverte, equilibrando el fiel de la balanza frente a quienes establecen diferencias éticas y políticas entre ambas posturas.
Pero lo notable de la exposición de Martínez Reverte es su insistencia en cargar buena parte de las fechorías de la guerra en el conglomerado CNT-FAI, o sea sobre el sector que institucionalmente no estaba adscrito al Gobierno de la II República, salvo en los escasos meses en que participó en el gobierno, en circunstancias de extrema necesidad ante la inminencia de un posible desbordamiento de la legalidad republicana en el frente de Madrid por las tropas de los militares golpistas. Por cierto, se trata del único sector ideológico que en la actual coyuntura histórica de democracia otorgada por la legalidad franquista prácticamente carece de canales de representación, capacidad de expresión mediática y posiciones de poder para hacer valer su criterio.
El argumento de Martínez Reverte, en buena parte, es el ya sabido y divulgado en su libro La batalla de Madrid, donde sin más “prueba” que una única y exclusiva acta de una reunión conjunta de milicias de CNT y PCE, obtenida libremente en los archivos de la Fundación Anselmo Lorenzo de la actual CNT, concluye en la responsabilidad del movimiento libertario en la matanza de Paracuellos. Una deriva que no ha sido asumida hasta la fecha por ningún historiador importante (desconocemos si Pio Moa ha utilizado en su proyecto de revisionismo histórico el descubrimiento de Martinez Reverte) y sí, por el contrario, suscitado serias dudas sobre su veracidad última, como es el caso de la historiadora Hellen Graham en su libro La republica española en la guerra (1936-1939). Porque, entre el mínimo común denominador de todo investigador social está que un documento aislado no tiene por qué llevar a una conclusión, sobre todo si todas las demás evidencias le contradicen. Recordemos que el estalinismo fue virtuoso en el arte de incrustar documentos falsos en los archivos para alterar hechos históricos, como ha puesto de manifiesto el caso de la matanza Katyn, ordenada por Stalin tras su pacto con Hitler, un hecho que durante más de medio siglo fue imputado a los nazis por la propaganda soviético-comunista.
Dejemos al margen inexactitudes ya denunciadas sobre la peripecia del personaje que protagoniza el documento utilizado por Martínez Reverte como testigo de cargo, el pistolero “cenetista” Amor Nuño. Que no murió al final de la guerra, como asegura en su libro el narrador, sino suicidado en una cárcel franquista ante las continuas muestras de desprecio y reproches lanzados por sus compañeros de infortunio por su venal y aventurera actuación durante la contienda. Los detalles de esta defección se pueden encontrar en la obra Nosotros los asesinos del periodista libertario Eduardo de Guzmán, que compartió prisión con Nuño, al que según relata el que fuera director de Castilla Libre, órgano de la regional centro de CNT, sus carceleros sometieron a todo tipo de torturas y humillaciones. Y sobre los “asesinados de forma planificada por la FAI” en Barcelona, cabría remitirle a lo escrito por el filósofo Heleno Saña, cuyo padre y Joan Peiró, ex ministro de la república entregado por Hitler a Franco para su fusilamiento tras las guerra civil, salvaron a numerosas personas de la furia popular en una Ciudad Condal cuyas clases altas intentaron secundar la sublevación, en especial entre el clero no siempre “neutral”.
Pero lo que sorprende en esta ocasión de Martínez Reverte es su atrofiada selectividad. Aunque en su artículo insiste en la “planificación en el bando republicano” de la violencia, en ningún momento cita a los responsables políticos e intelectuales de esas matanzas, que sin duda se dieron también en aquel lado. Con lo que podría parecer que esa barbarie fue sobre todo fruto de la venganza personal, el descontrol o la acción de turbas que amparándose en ideales políticos se comportaban como bandidos. Pero ese descabezamiento, salvo contadas excepciones, no existió. Otra cosa es que desde arriba se “planificaran” violencias espontáneas para eludir responsabilidades en las alturas. El caso Paracuellos es un paradigma de esto.
La terrible matanza de Paracuellos fue organizada, planificada y desarrollada por la cúpula de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), que al mando de Santiago Carrillo y Fernando Claudín se había pasado al PCE y ostentaba la dirección de la división de Orden Público de la Junta de Defensa. Esa no es una sospecha, o una inducción de un acta traspapelada en un archivo, sino una rigurosa constatación que ha sido defendida por la gran mayoría de los especialistas en ese periodo de la guerra. No importa que pasado el tiempo Carrillo haya sido investido doctor Honoris Causa por la UAM y se haya convertido en un santón ideológico del PSOE, como el mismo Claudín los dos algo más que amigos de Martínez Reverte). Lo cierto y verdad es que ambos y el notorio escritor comunista Serrano Poncela fueron quienes manejaron de principio a fin el “Katyn español”, con la responsabilidad añadida de que los prisioneros vilmente asesinados se encontraban bajo su tutela, por ser ellos y ese organismo quienes en aquellos cruciales momentos controlaban la administración penitenciaria del Madrid asediado.
En este sentido, y aunque ya resulte un lugar común, hay que recordar como elemento de discordia ante la propuesta de atribución que Martínez Reverte hace al Movimiento Libertario, que fue precisamente un significado miembro de la FAI, Melchor Rodríguez, recién nombrado director general de Prisiones por el igualmente “dirigente” faista” Juan García Oliver , a la sazón ministro de Justicia, quien con su decisión y arrojo personal acabó con las sacas y las ejecuciones extrajudiciales impulsadas desde el entorno de la troika formada por Carrillo, Claudín y Serrano (Ver El ángel rojo, Alfonso Domingo). Curiosamente Rodríguez es una de las personas que aparece en el acta que utiliza Martínez Reverte para “demostrar” la autoría de la CNT en la matanza de Paracuellos, en una insólita y extravagante joint venture, nunca repetida en la historia que se sepa, entre el anarquismo y el estalinismo. Agua y aceite, como se demostraría pocos meses después, en mayo del 37, cuando de nuevo la mano invisible del estalinismo declaró la guerra a todo lo que se moviera s su izquierda, secuestrando, torturando y asesinando al anarquista, entre otros, al anarquista italiano Camilo Berneri y al dirigente del POUM Andrés Nin. Porque, incluso en el estrafalario supuesto de que unas milicias incontroladas PCE-CNT hubiera perpetrado esa matanza, no se explica la criminal pasividad e ignorancia del tándem Carrillo y Claudín, responsables en última instancia del orden público en la capital.
Terminemos. Sorprende la insistencia de antiguos miembros del PCE pasados al triunfador PSOE, como Martínez Reverte, y de socialistas en tránsito hacia el conservadurismo, como Joaquín Leguina, en apadrinar la necesidad de un revisionismo histórico de la guerra civil que no distinga entre muertos o asesinados por los militares golpistas y muertos o asesinados del régimen republicano legalmente constituido. Sobre todo cuando una parte activa de la sociedad civil ha logrado llevar al sentir general el imperativo ético de una reparación total a las víctimas y la necesidad democrática de proceder a la anulación de las sentencias del franquismo. Porque, como en la salida dada a la crisis económica, remedo del modelo utilizado en la transición, ampararse en el consenso solapante (overlapping consensus) significa ignorar el riesgo moral que implica la situación. Pero se ve que las instituciones emanadas del actual gobierno socialista y sus portavoces intelectuales y mediáticos no comparten la necesidad de acabar con el manto de impunidad que la transición urdió.
En el texto que sirve de presentación para el portal sobre Victimas de la Guerra y la Represión Franquista que acaba de abrir el ministerio de Cultura como desarrollo de la Ley de Memoria Histórica (LMH) se pone al mismo nivel a las víctimas del Movimiento Nacional y a las del régimen republicano legalmente constituido, como si en este capítulo rigiera una tácita doctrina Leguina-Martinez Reverte. Que es tanto como abrir un sitio sobre las víctimas del conflicto vasco en donde se equipare a los asesinados por ETA con los producidos por el régimen democrático español (el GAL socialista existió). O igualar el bombardeo de Dresde por los aliados con los campos de concentración del régimen nazi. Por cierto, en el bando republicano legalmente constituido nunca hubo algo semejante a un Gernika.
Rafael Cid
