El “caso Garzón” tiene más conchas que un galápago. Y aunque algunos dicen que a caballo regalado no le mires el diente, casi todo en este apasionante affaire depende del color con que se mire. Abordemos, pues, los rostros más comunes de la tupida trama para facilitar la comprensión de sus efectos sobre la sociedad española.
En prima facie está la cara oficial, mayoritaria y políticamente correcta. Esa que muestra a un juez perseguido por los tribunales por haber osado investigar el pozo negro de los crímenes del franquismo. O sea, para los que sólo tengan un conocimiento del tema a través de la telenovela “Cuéntame cómo paso”, hablamos de la dictadura más cruel y pertinaz que ha existido en el mundo occidental en el siglo XX. Esa es una causa justa, digna y necesaria, que se hacía esperar. Y las acciones para sofocarla y reprimirla en la persona del titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional pretenden validar una aberración jurídica, justificar un atentado a la democracia y perpetuar una vergüenza histórica. Se trata, por tanto, de una agresión contra las bases mismas de la convivencia civilizada y el Estado de Derecho, que precisa de la urgente respuesta de toda la sociedad civil, nacional e internacional, sin distinción de matices, todos a una como Fuenteovejuna. Si a esta honrosa posición hubiera que ponerle una etiqueta, podríamos decir que representa al partido del pueblo.
La segunda variable en discordia aglutina a quienes estiman que el popular juez no es trigo limpio (como el hombre que fue jueves), piensan que la plena y definitiva recuperación de la Memoria Histórica de las víctimas de la dictadura, sepultada por el pacto de silencio con que partidos políticos e instituciones sellaron la pre-democrática Amnistía del 77, bien merece pasar de puntillas sobre la letra pequeña del polémico magistrado. Aunque no olvidan que Baltasar Garzón ha sido durante años un leal servidor de esa jurisdicción especial y tan poco democrática que es la Audiencia Nacional (AN), diligente sucesora del siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) y terminal jurídica del ministerio del Interior, valoran que lo que ahora toca es cerrar filas para que resplandezca la verdad. Piensa este colectivo plural y generoso, que a rebufo del “caso Garzón” se puede acabar con el “atado y bien atado”, oprobioso y venal, con que el manto del consenso homologó la indecente legalidad de aquel régimen terrorista.
Esta doble dimensión de esfinge, oculta además trazas contradictorias, que sin embargo no desmerecen de los objetivos proclamados. En el grupo movilizado contra el acoso a Garzón y en defensa a ultranza de la causa que le ha llevado ante el paredón del Tribunal Supremo (TS) hay de todo, como en la misma judicatura que ahora oficia de pelotón de castigo (fundadores de Justicia Democrática (JD) como el “inquisidor” Luciano Varela, y Margarita Robles, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tradicional adversaría de Garzón, que por lo demás nunca estuvo afiliado a JD). Se podría decir que es un frente amplio, influyente y acreditado, que limita al norte con el diario El País y el grupo Prisa ; al sur con el muy meritorio ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, antiguo militante del PSUC y fiscal de la Audiencia de Barcelona durante la dictadura ; al este con el PCE, partido decisivo en la aceptación del modelo de transición-olvido y de la monarquía tardofranquista el 14 de abril de 1977, de la que ahora parece renegar, que ha adoptado “el caso Garzón” con parecido código de barras a como en su momento abrazó la fórmula “tenaza” junto a Aznar contra el PSOE ; y al oeste con un conglomerado de artistas, intelectuales, sindicalistas y famosos que de vez en cuando hace de su compromiso social un factor ético de dinamización progresista.
Quizá el elemento chocante, que un análisis exhaustivo pudiera revelar imbuido de oportunismo político o sesgo coyuntural, se localiza en el apoyo mediático a la “causa Garzón”, y muy especialmente en la propuesta que lidera el diario El País, el periódico de referencia global adscrito al holding al que hace años el juez estrella libró de las garras de una confabulación judicial temerariamente urdida por otro miembro de la AN que pretendía procesar a la cúpula empresarial de Sogecable. Este rotativo ha sido sin duda el mejor y más eficaz denunciador de la persecución contra Garzón. Y sin embargo, en la intrahistoria del medio sobrevuelan actitudes que ensombrecen su política. Citemos sólo dos aspectos.
El primero es la presencia desde la fundación de El País hasta su fallecimiento hace unos años del antiguo juez del mismísimo TOP número 2, Diego Córdoba Roda, como jefe de su asesoría jurídica. Un ejemplo extremado de transición. De perseguir delitos políticos en la dictadura a proteger el derecho constitucional a la información en la democracia posfranquista, lo que supone en sí mismo todo un paradigma de las potenciales del publicitado consenso. En segundo lugar está la presencia en la cúpula del grupo Prisa, en concreto como presidente de Sogecable, del otrora notorio falangista y procurador franquista Rodolfo Martín Villa, persona que ha hecho de la obediencia debida al servicio al Estado, sin distinción de género ni atributos, algo más que un vocación. Y sin rectificaciones ni meandros, dando la cara en todo momento, como demostró en el artículo que, a raíz de la decisión de Garzón de investigar los crímenes del franquismo, publicaba el 3 de enero en El País con el título “Carta a los Reyes Magos” . Recurriendo, eso sí, a una de las rancias tesis de la derecha invicta como argumento : unos y otros cometieron crímenes.
Lo significativo de la tribuna de Martín Villa estaba en la reivindicación de la memoria oficial de la transición como la única legitima y en el astuto recordatorio de que todo aquel operativo estuvo respaldado, entre otras personalidades, por Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Jordi Pujol y Xavier Arzallus. Sostiene en su escrito Martín Villa, en una especie de parlamento-ficción con el sanedrín citado, lo que sigue : “A no pocos españoles puede que les parezca sensato pedirles a Sus Majestades de Oriente que les obsequien con la Memoria Histórica que llenó la Transición, una Memoria que ha demostrado ya con sobrada eficacia su capacidad para asegurar la concordia entre todos los españoles (…) todos ellos con rara unanimidad dirían que la amnistía de octubre de 1977 fue hija, e hija predilecta, de la Memoria Histórica (…) si se abriera causa para depurar las responsabilidades de las Juntas Militares constituidas por quienes se sublevaron o de los primeros gobiernos franquistas, habría que hacerlo, también, en paralelo, para depurar aquellas en las que incurrieron dirigentes republicanos (…) hubo sobre todo, al final de los maquis, no poco de bandidismo”. Rematando su pronunciamiento epistolar de semejante guisa : “Y como a veces es necesario que alguien diga verdades como puños, es fácil que Manuel Fraga le contestara a Carrillo : “Hombre, Santiago, todos admiramos tu papel y el del Partido Comunista en la Transición. Vosotros estuvisteis siempre en el antifranquismo, aunque no siempre, como alguno de nosotros, en la democracia”. Tal cual.
Curiosamente, son precisamente los jueces del TOP (“cómplices de la tortura hasta el último día”, según Villarejo) y la amnistía de 1977 (“hija predilecta de la memoria Histórica”, según Marín Villa) las ideas fuerza que arman la campaña en defensa de Garzón esgrimida desde los cuatro puntos cardinales del antifranquismo redivivo. Es más, por primera vez en muchos años, organizaciones señeras en la protección de los derechos humanos, como la ONU, Human Righs Watch y Amnistía Internacional, han exigido mediante sendas declaraciones institucionales la anulación de las sentencias franquistas y la revocación de la Ley de Amnistía. En suma, existe un clamor a favor de la ruptura democrática con el oscuro legado franquista que permita desterrar definitivamente esa fétida página de la historia. Ya el 17 de marzo de 2006, la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por unanimidad de todos sus miembros, había hecho idéntica petición, solicitado sin éxito al gobierno español que el 18 de julio de ese año fuera declarado Día Internacional de Condena del Franquismo.
De cualquier forma, por primera vez desde las movilizaciones contra la participación de España en la guerra de Irak, la izquierda nominal (no son todos los que están ni están todos los que son) se ha echado a la calle para contestar a las instituciones. La diferencia es que si en el 2003 la desobediencia civil iba dirigida contra el gobierno de Aznar y sirvió para descabalgar al PP del poder un año después, ahora la situación exige una remontada en toda regla vistas las malas expectativas electorales del PSOE, con encuestas que anticipan su posible descalabro en feudos tradicionales como Andalucía y Castilla La Mancha. Aquella macroprotesta pacifista fue la primera revancha con resultados políticos de la sociedad de masas frente a la comunicación de masas al servicio del sistema.
¿Pero es así o se trata de una falsa percepción de la realidad ? Desde luego es difícil creer que estas acciones de repulsa, que socaban la credibilidad de un puntal del Estado de Derecho como es el Tribunal Supremo, no respondan en segunda instancia a una planificación política. Cualquier agit-pro en la sociedad de la información y de la imagen tiene delante o detrás una agenda oculta y un think tank. Y en el caso que nos ocupa, el retorno de los brujos de la prospectiva lectoral, el marketing político y los sondeos de opinión buscan, en mayor o menor medida, fidelizar a la opinión publicada. Sobre todo cuando se tiene ya comprobado que el huracán de corrupción que enfila al Partido Popular por tierra, mar y aire no sirve para modificar las convicciones del público debido al arraigo de una cultura conservadora, tenazmente fomentada por gobiernos de derecha y de izquierda, que prima la competencia y la insolidaridad social a cualquier precio, mercantilizando las relaciones personales más básicas.
A ese hándicap quizá se deba el hecho de haber destapado la caja de los truenos de la transición como salvoconducto para perpetuar el franquismo en las nuevas instituciones, con la esperanza de que los réditos electorales entre los sectores progresistas puedan compensar el riesgo que significa poner encima de la mesa una cultura de ruptura que desmiente, sobre todo para las generaciones que no vivieron los hechos, las supuestas bondades de aquel abordaje desde la dictadura a la democracia transgénica con armas y bagajes. La ingenua pregunta de moda en estos días sobre cómo es posible que la Falange pueda sentar en el banquillo a un juez que ha querido investigar los crímenes del franquismo, se responde por sí misma : porque ese mismo régimen se basó al más alto nivel en casar “todo el franquismo” con la nueva democracia. Nadie con dos dedos de frente se cae de un guindo después de 35 años de zascandilear por las ciénagas y pastizales con que alfombraron ese simulacro democrático.
Galgos o podencos, la ocasión la pintan calva. Con Garzón o sin él, existe una buena oportunidad para que la acción directa de la sociedad civil inicie un proceso éticamente constituyente que desmonte la falacia de la modélica transición, y restablezca últimas voluntades derogando las sentencias del franquismo para contar de verdad cómo pasó. Una ruptura que reivindique que unos fueron las víctimas y otros afines a los verdugos. Que los vencedores en la guerra, los figurantes de la “resistencia silenciosa” durante la represión y los patriotas del consenso fueron en puridad jibarizadores de la democracia. Coraje, rigor y a barajar. Sería un auténtico bochorno que mientras los editores catalanes pueden hacer lobby contra el Tribunal Constitucional por el Estatut y las centrales sindicales hostigar al Tribunal Supremo en el “caso Garzón”, el pueblo soberano no lograra zafarse de la soga del franquismo legada en los esponsales de la transición.
(Nota : Un recuerdo para el infatigable amigo Carlos Franqui recién fallecido en el exilio cubano. Librepensador, combatiente en Sierra Maestra con las armas de la crítica y de la revolución, memorialista del libertario Camilo Cienfuegos y uno de los primeros en denunciar el socialismo de cuartel impuesto por Fidel Castro en la isla).
Rafael Cid
