Desde los albores de la sociedad industrial, la idea de que el avance demográfico favorecido por la producción masiva y las mejoras en higiene terminaría por desbordarnos y ser un freno al desarrollo ha sido una constante ideológica esgrimida desde el poder. Sobre la base de un bien dotado aparato estadístico y probatorio, se buscaba institucionalizar un vector de discriminación y eugenesia social que permitiera un reparto más elitista y despótico de los frutos de la civilización.
Malthus fue quizás el representante más eminente de esta escuela, al predecir (sacar conclusiones de futuro sobre los datos estancos del presente) que el ritmo de crecimiento de la población, comparado con la menor progresión de las existencias de alimentos, abocaría al mundo al holocausto.
Malthus acertó y se equivoco al mismo tiempo. No se produjo el desastre anunciado por el impacto positivo del factor tecnológico no contemplado en sus proyecciones, pero dio en la diana en cuanto a la desigualdad creciente en el reparto de la riqueza social. Cuando su tesis ya es sólo un importante referente historiográfico, el mundo, tal como anunció nuestro moralista vive en la extrema desigualdad en un entorno de potencial opulencia : un 20 por 100 de la humanidad más rica detenta el 80 por 100 de la renta del planeta. Y encima, las dos guerras mundiales de exterminio que contempló el pasado siglo sirvieron para eliminar excedentes humanos, fundamentalmente entre las capas más humildes de la población.
Resulta necesario recordar que el precursor del anarquismo, el inglés William Godwin, autor de Investigación acerca de la justicia política, fue el primer refutador de la teoría de Robert Malthus sobre la bomba de tiempo de la demografía. Y ello por partida doble. Porque dijo que los inventos revolucionarían los rendimientos agrícolas y, lo que es más importante desde la óptica del “pensionazo”, porque adujo que la clave del debate sobre la pretendida pauperización no radicaba en un apriorismo de tipo estadístico o economicista, sino que respondía a una cuestión de “justicia política”, llevando así el tema a su centralidad. ¡Es la política, estúpidos, la política !
Viene esto a cuento de la postura “cientificista” que esgrimen quienes postulan reformas inequitativas en el sistemas de pensiones, aduciendo la vieja ideología de que la demografía nos alcanza para devorarnos. Y hoy como entonces no hay razón ni certeza para determinar el crash del sistema de prestaciones sociales, salvo confusión entre causas y efectos, medios y fines, o intencionales intentos de amoldar la “reforma” del modelo vigente a otro suficiente con ideas preconcebidas. Se actúa sobre los efectos (menos cotizantes, más perceptores por alargamiento esperanza de vida) y no sobre las causas primeras (desempleo estructural). La estabilidad y sostenibilidad de sistema, ante todo, depende de la voluntad política. O con palabras de un economista social : “La discusión sobre la sostenibilidad está viciada por la apariencia de escasa neutralidad den algunas instituciones que participan en el debate” (2005,559).
Pero posiblemente la mejor refutación consista es dar la palabra a los estudios más rigurosos realizados sobre el problema en cuestión “au dessus de la melee” (al margen de la interesada pelea, sin condicionantes). Veamos.
-Comparativas ejemplares.
En la Grecia del “gran ajuste” el salario mínimo interprofesional es de731 euros y en España la media jubilación 761 euros. En EE.UU el cómputo para la jubilación permite excluir los 5 años peores de cotización. Y “en la mayor parte de la Unión Europea el periodo mínimo es menor, hasta el punto de que en algún caso ni siquiera existe” (1999.366).
-El sistema de pensiones por reparto es una auténtica “escuela de valores” por su efecto redistribuidor.
Significa una transferencia de renta intergeneracional e intrageneracional. Un soplo de solidaridad hecho estadística. Pero no es “un regalo” del Estado como a veces se pretende. Se trata de rentas sustitutivas de rentas salariales “prohibidas” (obligatoriedad de jubilación y otros impedimentos). Son rentas contributivas y no contributivas (asistenciales, con financiación mediante el presupuesto), estas últimas gestionadas por la Autonomías.
Rige, pues, el principio de la autofinanciación : del contribuyente neto al receptor neto. Pensiones, Sanidad, Protección de Desempleo y Prestaciones Sociales, son, por ese orden, los factores que más contribuyen a la reducción de la desigualdad de renta. Además suponen la centralidad Estado de Bienestar que quieren desvalijar. Son la principal fuente de ingresos y casi única para muchos hogares. Gracias a esas prestaciones solidarias, la vejez ha dejado de ser la causa explicativa de la pobreza extrema y de la exclusión social en España.
-Sobre la cuantía.
Representan la mayor fuente de gasto de todas las Administraciones Públicas (el 23%), lo que da idea del interés por controlar dicho botín por parte sectores políticos y financieros. De ahí los incentivos fiscales dados a los sistemas privados (capitalización), lo que induce a la dualización de fuentes de financiación. Hablamos de 8,25 billones de la antiguas pesetas (1997), que afectaban a 1 de cada 5 españoles (1996), con un total de 8,5 millones pensiones sobre 7,5 millones perceptores (hay casos de doblete en la percepción, por ejemplo en la viudedad, por eso quieren “depurarlas”). En 1995 el 36% tenía el complemento por mínimo. La pensión media es de 761,82 euros en la actualidad, una de las más bajas de Europa. Sobre el PIB, la evolución ha sido : del 10,6% (1997) al 9,4 %(2000), y la previsión es : 9.3% (2010) 10,2% (2020) 12,9% (2030).
-Fuentes de financiación.
Separación y potencialidad como filosofía. Dos posibilidades : vía cotizaciones (como actualmente) y vía presupuestos (como antes Sanidad y las asistenciales). Aunque se intenta hurtar al debate la posibilidad de una financiación, integral o complementaria, al margen del sistema de cotización-reparto. “Cualquier disminución relativa de los ingresos por cotizaciones no implica necesariamente problemas de financiación de las pensiones puesto que las mismas pueden integrarse en el sistema presupuestario público general si ésa es la voluntad política” (2005,560).
Se fomenta un falso catastrofismo. El problema es más político que demográfico.”La viabilidad financiera de cualquier sistema de protección social depende de la capacidad de crecimiento de la economía, de su contribución efectiva a la creación de empleo y a la generación de renta reales susceptibles de ser gravadas por el sector público” (1997,331). El problema real reside, en primer lugar y sobre todo, en la ineficacia del tejido empresarial para crear empleo y rentabilizar el factor trabajo, en la tolerancia de la economía sumergida de altos vuelos (sobre todo las fugas a paraísos fiscales), el fraude a la hacienda pública y la política de bonificaciones sin resultados. Aparte existen otros mecanismos de recaudación como los impuestos indirectos o una contribución adicional sobre la renta de toda la población.
-El problema demográfico.
Hemos ido del baby boom (3 hijos mujer en 1964) y la incorporación de la mujer al trabajo (políticas igualdad) al big bang del brusco descenso de la nupcialidad por no disponer de vivienda, el desempleo juvenil y el trabajo precario que no ofrece seguridad. Tenemos unas de las tasas de actividad más bajas de la UE y al mismo tiempo la segunda tasa de paro más alta.
“La creación de empleo se convierte, así, en un objetivo de política económica que, además de ser deseable por sí mismo, está estrechamente vinculado a la viabilidad financiera del sistema de pensiones” (1997,337).
“No basta con que la economía crezca para garantizar una mayor recaudación. Es preciso, además, que dicho crecimiento lleve asociado un aumento del empleo y de los salarios” (1997,337).
-El Pacto de Toledo como lobby ideológico.
“Regular“las pensiones contributivas a la baja supone tocar la mayor partida de gasto de la Seguridad Social. Las jubilaciones constituyen hoy el 60% del total (en 1999 llegaba al 85%). Las pensiones de viudedad, objetivo declarado del “ajuste”, suponen el 20%, de las que el 80% corresponde a mujeres, que es la cohorte de mayor mortalidad (En 1999 era el 63%). Como en casi todo, la calidad de vida es clasista. Los ricos juegan con ventaja también en el tema de las pensiones : entran más tarde en la vida laboral y tiene mayor esperanza de vida (ventaja actuarial). El informe 2009 sobre las Determinantes Sociales de la Salud de la OMS es concluyente sobre las falacias del estándar de la esperanza de vida interclases. El ejemplo más contundente lo ofrece el trabajo del organismo internacional en el caso de la muy próspera Gran Bretaña, al resaltar que mientras en el barrio residencial de Calton la esperanza de vida de hombres y mujeres llega a los 82 años, a sólo 11 kilómetro, en la zona obrera de Lenzie, la media apenas supera los 54 años. ¡28 años de diferencia en un mismo país únicamente por razón de cuna ! Parece obvio que el alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, como se propone el gobierno socialista obrero español, es un atentado directo contra la clase trabajadora. Aunque se siguen recurriendo a los procedimientos clásicos para controlar la esperanza de vida. Un reciente estudio clínico ha demostrado que la guerra de Irak ha duplicado la incidencia de cánceres entre la población infantil de aquel país.
-La crisis actual tendrá consecuencias negativas sobre las pensiones futuras.
El agujero de estos años significa etapas sin prestación de desempleo para el cómputo de la cotización. De la misma forma que al negar la crisis el gobierno incubó minusvalías en los planes de pensiones privados en poder de la banca por ocultar la información precisa para tomar posiciones de gestión sobre sus carteras a los titulares. A resaltar que hasta bien avanzada la crisis el gobierno no modificó la legislación para que los parados de larga duración pudieran rescatar sus planes de pensiones, fue un capital rehén del sistema financiero.
-Alargar la edad de jubilación no es una medida inocente.
Los estudios aseguran que se dan rentabilidades negativas para todos los perfiles de cotización si el fallecimiento se produce ante de los 70 años (2005.467).
-Los inmigrantes como solución.
El contingente de la inmigración, que durante los últimos años ha venido desempeñando los trabajos más duros y peor remunerados y ahora con la crisis se ve acorralado por normas restrictivas que favorecen su expulsión-express, ha sido uno de los principales sostenedores de las prestaciones que disfrutan los jubilados y pensionistas. “Las políticas y los flujos de inmigración serán extremadamente relevantes para la evolución futura de la población, tanto por la incorporación al mercado de trabajo como por su contribución a la modificación de los índices de natalidad” (2005.560)
Efectos desempleo (obligatorio y voluntario).
A las edades activas, el desempleo y la inactividad llevan asociadas una sobremortalidad tanto para los hombres como para las mujeres (2005,467). Especialmente en casos de desempleo la final de la vida laboral (¡jubilaciones anticipadas en RTVE desde los 52 años !).
La gente primero, luego las instituciones. Es cuestión de voluntad política.
Nota : Este artículo está redactado utilizando los datos de dos estudios : Políticas públicas y distribución de renta, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell (Ed.), Fundación BBVA, 2005 y Las estructuras del bienestar, Santiago Muñoz Machado, José Luis García Delgado y Luis González Seara (Directores), Escuela Libre Editorial-editorial Cívitas, 1997.
Rafael Cid
