De la Liga de Campeones al último de la fila del paro. De la “despensa llena” a “hemos agotado todos los recursos”. De la cima a la sima. De una crisis a la siguiente y tiro porque me toca. La “España va bien” de Zapatero ostenta ya el mayor nivel de paro de la historia. Más de 3 millones de desempleados, unos 6.000 españoles nuevos parados por día. El 14 por 100 para una población activa de poco más de 20 millones sobre una total nacional de 46 millones. Más de 800.000 familias con todos sus integrantes sin trabajo. Cerca del 30 por 100 de la juventud. Eso según las cifras oficiales. Una auténtica trituradora social que el gobierno socialista y sus centrales amigas, UGT y CCOO, pretende disfrazar contraprogramando escándalos del adversario político que, aunque ciertos, buscan pasar página sobre el colosal fiasco del zapaterismo.
La crisis actual en España, que va a ser más profunda y dolorosa que en el resto de la Unión Europea, no es fruto de un desastre natural. Es consecuencia de una política económica y social deliberada, consecuente con los dictados del neoliberalismo, llevada a cabo indistintamente por gobiernos de derecha y de izquierda, que tiene su epicentro en los Pactos de La Moncloa de 1977. Se trata de una hoja de ruta del capital monopolista que pretende profundar en la división del trabaja hasta ponerlo a los pies de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales cara a la globalización de los mercados, para mantener su tasa de beneficio y avanzar en la dominación política, social, cultural e ideológica. La novedad en la crisis del 2008 a nivel mundial es que se trata de una implosión del capitalismo financiero de última generación tan brusca y aguda que no permite ocultar el origen “colonial” de su saqueo.
Digamos que a escala macro, el crac en curso, contra lo que la propaganda oficial asegura, no es producto de la desregulación strictu sensu, sino más bien de una regulación de parte. Fue el gobierno de Estados Unidos, etapa Clinton-Greenspan, el que legisló sobre esta materia, atendiendo a las demandas del gran capital para optimizar los flujos hipotecarios como fuente de riqueza global. Fue, pues, un acto de Gobierno utilizando los recursos del Estado y avalado por la legitimidad institucional, y no, como parece querer sugerir la literatura mercenaria que trata de hacer la exégesis de la crisis, un producto de la improvisación o el relajamiento normativo. En una palabra, consistió en un acto de proteccionismo. Solamente entendiendo esto, podremos calibrar la gravedad de las salidas que se están arbitrando para combatir la crisis. Unas medidas tan proteccionistas del capital y esquilmadoras de lo social como las que están en la raíz del problema. El mismo golpe de Estado que actuó en el origen de la crisis para financiarizar el modelo de explotación global, maniobra ahora revestido de keynesianismo para rescatar a la economía de casino a costa de la mayor “desamortización social” que haya conocido la historia contemporánea. Se va de un proteccionismo financiero de mano invisible a otro de Estado de excepción. Pero el Estado siempre son ellos, el Capital y su Gobierno, porque el Estado no es más que el Capital vestido de paisano.
Pero volvamos al caso español. Aquí la inoculación del neoliberalismo modernizador se perpetró aprovechando otra coyuntura excepcional, la transición, que según la propaganda al uso entraba en la taxonomía de “a grandes males grandes remedios. Esa “razón de Estado” en aquel “Estado de excepción” hizo posible el hecho inaudito de que en 1977, a rebufo de la primera crisis del petróleo, los “agentes sociales” pactaran un plan de saneamiento económico que representaba una transferencia estructural de renta del trabajo al capital. No por casualidad, los Pactos de La Moncloa se firmaron por los líderes de los partidos políticos y no por los sindicatos, aunque sí con su silencio cómplice. Eran, dos por el precio de uno, los mismos autoerigidos “agentes sociales” que antes habían pactado en el plano político con el tardofranquismo la renuncia a la república y la aceptación de la monarquía. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) fue la única fuerza sindical que se opuso a los Pactos y los combatió denunciándolos públicamente. Por el contrario, el PCE y CCOO fueron quienes hicieron posible su completa “legitimización” política y social.
A partir de ese momento, la política económica española es, en lo sustancial, la misma, independientemente de que gobierne la derecha postfranquista o la izquierda socialista. Con la bandera de la “recuperación de las libertades” (derecho de huelga, partidos políticos, libertad de prensa, constitución, etc) como gran activo, se pone en marcha un plan que en la práctica significa virar hacia una economía de libre mercado a costa de “sacrificar las conquistas sociales” de las movilizaciones obreras contra la dictadura. El tobogán de recetas para “modernizar España” incluyó desvincular la revisión salarial de la inflación histórica, la reconversión industrial sin anestesia, la reordenación bancaria a cargo del erario público, la flexibilización laboral mediante introducción del contrato temporal y el abaratamiento de las prestaciones de desempleo, las privatizaciones de empresa pública rentables a dedo, la regresividad fiscal, el desmontaje del Estado de Bienestar, etc. Con ese botín a buen recaudo había llegado también el cambio, porque, como decía el eslogan del PSOE en las elecciones de 1982, el cambio era “que España funcione”. Al margen de la radical mejora operada en obras públicas y otras infraestructuras, favorecida por el maná de dinero procedente de los fondos comunitarios tras la entrada en la Comunidad Europea en 1985, la realidad soterrada era que desde el nuevo Estado se había aplicado una hoja de ruta neoproteccionista para el capital y desproteccionista para el trabajo.
Índices de paro e inflación de dos dígitos indicaban a las claras que el milagro de la modernización de España consistía fundamentalmente en una transferencia de renta desde el trabajo al capital, lo que se evidenciaba en la distinta evolución de la participación de ambas partidas en el PIB y en la creciente desaceleración de la inversión social y de formación bruta de capital junto al boom de los negocios bancarios y especulativos. Las cuatro recesiones que han sacudido a la economía española en estos últimos treinta años (1975, 1979, 1981, 1993), como manifestaciones estadísticas de las crisis correspondientes a esas etapas, fueron combatidas con otras tantas contrarreformas laborales y sociales, que los gobiernos respectivos, especialmente el PSOE, llevaron a cabo implacablemente, no obstante haber tenido que enfrentarse con algunas huelgas generales. El activismo de UGT en estas acciones, en la etapa del felipismo, hizo que desde instancias gubernamentales se explosionara el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV.
Al final de este ciclo presuntamente virtuoso, el resultado defrauda : una economía escasamente productiva y basada en el consumo interno ; uno de los mayores déficits comerciales del mundo ; escasa inversión de capital ; un tejido empresarial dinámico en inversiones especulativas como el ladrillo y con encefalograma plano en proyectos a largo plazo que necesitan renovación tecnológica ; altos beneficios en un sector bancario que tiene los índices de intermediación más onerosos del continente y un mercado laboral dualizado entre contratados fijos y temporales, magro en productividad por dotaciones empresariales en formación y bienes de equipo y líder en precariedad. El milagro español no tiene secretos, consistió sobre todo en descargar el ajuste de la crisis sobre el trabajo. Fue un atraco social y a la larga un fracaso económico como demuestra el hecho de que la nueva crisis se cebe en España, una de las economías más solventes del mundo, según alucinados sus dirigentes.
Frente a esta evidencia, sería suicida aceptar la nueva ronda de expoliación masiva y corrupción implícita que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero pretende con la Operación Recate del sistema financiero. No se trata sólo de socializar pérdidas y privatizar ganancias, que es lo que hasta ahora han hecho los distintos gobiernos a diestra y siniestra. La bancarización del país que ha emprendido el PSOE al frente de las instituciones políticas y sindicales que viven del dinero del contribuyente y de los ingentes favores de bancos y cajas, representa un auténtico golpe de Estado que puede marcar a varias generaciones. No basta con que la crisis lo paguen los ricos…con nuestro dinero. Hay que ir más lejos para no volver a las andadas. Hay que forzar en la lucha social, junto a los sectores víctimas del nuevo golpe de Estado del Capital, un nuevo contrato social más favorable al mundo del trabajo. Una sociedad no puede suicidarse dos veces para que sus explotadores continúen jugando a la ruleta rusa con su futuro. A la división del trabajo hay que oponer la unidad de los trabajadores y la democracia social.
Fuente: Rafael Cid
