Se ha consumado, pero estaba cantado. El pájaro ha volado. Se ha quitado de en medio, literalmente. Baltasar Garzón, el superjuez, el hombre que se inventó el principio de Justicia Universal para consumo externo, se va al Tribunal Penal Internacional de La Haya a esperar que escampe y seguir chupando cámara.
Toda la campaña realizada por las fuerzas vivas de la sociedad civil en su favor y por la causa de las víctimas del franquismo se ha puesto en almoneda para lograr un puesto de relumbrón. Y todo fruto del apaño entre los presuntos implicados, Tribunal Supremo, Gobierno, medios de referencia y el propio imputado. Tras su inhabilitación como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el mismo CGPJ que le ha apartado de la jurisdicción por supuesta prevaricación (por unanimidad de todos sus miembros : humillado) ha dado después su nihil obstat para que Garzón se ponga a buen recaudo bajo la protección del TPI. ¡Tropa !
Una vez más, se cumple la tradición que manda que las causas justas nunca lleguen a buen término por la senda institucional. Por sabotaje unas veces, mediante corrupción interna otras o por canalla traición, como en este caso, lo normal es que la soga de la ley siempre ahorque al más débil. Salvada con armas y bagajes la situación personal del magistrado, la investigación de los crímenes de la dictadura podría ir camino de pasar al rincón de la causas pérdidas por el embarque de cuantos en los medios intelectuales, artísticos, mediáticos, sindicales y sociales movilizaron a la opinión pública cuando el futuro de Garzón era más comprometido y ahora, logrados sus últimos objetivos salariales por el interfecto, se llaman a andana.
Aún así, la espantada de Garzón, en la mejor tradición de su trayectoria profesional, no debería ser un obstáculo definitivo para que desde la responsabilidad de las asociaciones de memoria histórica, que son las únicas con autoridad moral para haber levantado la bandera garzonista sin segundas intenciones, se continúe en la lucha y denuncia de la causa general que la transición, la Ley de Amnistía del 77 y la de Memoria Histórica del 2008 han supuesto para la anulación de las sentencias del franquismo. La rehabilitación integral de las víctimas, la reparación de los estragos provocados en sus familias y la constitución de una comisión de la verdad son los únicos pilares sólidos para una auténtica regeneración de esta democracia vigilada nacida del consenso del punto final que ha supuesto todo el entramado legal del Estado de Derecho.
La mascarada ha terminado. Pero ahora, cuando el espectáculo y las candilejas languidecen, y una hecho el retrato de familia con la polaroid de las últimas voluntades, debe cuando se anuncie el comienzo de la verdadera representación. La anulación de las sentencias del franquismo es el imperativo categórico pendiente de esta democracia otorgada por el tardofranquismo. Esperar que los mismos actores que han parido las leyes del candado que suponen la Ley de Amnistía del 77, la de Memoria Histórica del 2008 y la liquidación del principio de Justicia Universal iban a hacerse el harakiri defendiendo la revisión del genocidio franquista era un espejismo supino. La más odiosa prevaricación moral de Baltasar Garzón es haber capitalizado la movilización popular a favor de la investigación de los crímenes de la tiranía para venderse caro en cómodos plazos.
Venimos de aquella impunidad de los antiguos que hizo invisibles a los vencidos y humillados, y de tumbo en tumba caemos en la impunidad de los modernos por haber delegado la dignidad de la causa en una casta que sólo rinde cuantas ante Dios y ante la Historia. Como los jefes militares condenados por el Yak 42, para los que el fiscal ya ha pedido que no ingresen en prisión. Como Baltasar Garzón, el hombre que sabía demasiado. Está escrito, el margen de maniobra va de Cuéntame cómo pasó y Los Soprano.
Rafael Cid
