Proudhon, el padre de anarquismo, acuñó la famosa cita “la propiedad es un robo”. Con tal máxima, contra falsas interpretaciones nihilistas, sostenía que todo patrimonio que no procediera del propio trabajo era ilegítimo por antisocial. Aserto éste que representaba una manera de denunciar el interés del capital, en sus variadas formas, como dinámica económica. Hoy, tomando la oración por pasiva, es el capital quien nos está robando la propiedad. El gran capital interfiere especulativamente en el proceso social de acceso a una vivienda digna y adecuada, como predica en barbecho la Constitución Española, y eso es un robo sin atenuantes.
Pero la gran contradicción en que nos encontramos con la actual especulación inmobiliaria es que, en el caso de España, esa indigencia originaria cohabita a la vez una abundancia dolosa. Incomprensiblemente, las estadísticas, sostienen lo uno y su contrario al mismo tiempo. A saber, que tener un techo es misión casi imposible para el bolsillo de la mayoría de los españoles y que la oferta de viviendas construidas actualmente es inconmensurable. En España existen 23,4 millones de viviendas, la cifra más alta de toda Europa. Tocamos (es un decir, porque en el reparto está la clave) a una vivienda por cada 2 personas aproximadamente (509 viviendas por 1000 habitantes). Cuando en un país tan avanzado, próspero y culto como Holanda sólo se llega a 415 viviendas por 1000 habitantes.
Un disparate que además necesita ponderarse con otras cifras igualmente chocantes. Por ejemplo : que el precio promedio de la vivienda en los últimos cinco años cuadriplicó el del IPC (Índice de Precios al Consumo) ; que en el 2005 el coste de una vivienda media era equivalente a 5,2 veces el salario medio anual mientras que en el 2000 fue únicamente el triple ; que sólo una de cada cinco familias consigue ahorrar ; y que el 90 por 100 del montante total de la deuda de las familias españolas es de créditos para compra de pisos. Todo ello en un contexto aún más extraño si cabe : mientras en España el salario mínimo interprofesional es de 570 euros en Holanda alcanza a1.273 euros.
Al margen de coyunturas históricas y del desguace de una cultura de ahorro por la presión inducida del boom consumista, lo cierto es que la trama inmobiliaria dibuja más el panorama de una desigualdad galopante que el perfil de un milagro equitativo. El ladrillo, territorio de gánsteres, políticos venales, cleptómanos con corbata y delincuentes de cuello blanco se ha convertido en el pulmón del sistema financiero-empresarial y en el cadalso de las clases menos pudientes. Comprar hoy una casa en España es echarse al hombro una condena que posiblemente heredarán hijos y nietos sin culpa alguna. Pero esa lacerante situación no se corresponde con la respuesta de los afectados, ignotos frente a la desdicha que soportan. No hay polvorín social que valga. La percepción mayoritaria es que la vivienda es “un lujo a nuestro alcance”. Otra modalidad de la servidumbre voluntaria y estulticia flanqueada por los oropeles de la propaganda y el autismo ético..
Porque lo que esta ocurriendo con el “acceso a una vivienda digna y adecuada”, por seguir esgrimiendo el término usado por la C.E., es una evidencia más del expolio de los derechos civiles y políticos a que nos someten diariamente nuestros legítimos representantes. El gran chollo de la democracia de percepción en la que estamos cómodamente instalados es la utilización del placet público que se otorga a la clase política en las elecciones democráticas para que fomenten impunemente rentables negocios privados a nuestra costa (a costa de la riqueza social). Y ello con impunidad y alevosía : los ciudadanos pagan con sus impuestos los faraónicos proyectos que los políticos ofrecen en bandeja al sistema económico-financiero privado, que recoge los beneficios a espuertas previa recompensa a sus benefactores con diezmos y primicias.
El caso más odioso de esa reducción al absurdo de la política realmente existente tiene como paradigma al mercado inmobiliario. Los políticos recalifican terrenos en un acto que nace de una delegación pública para que luego empresas y bancos se lucren vendiendo viviendas por 10 veces su valor de coste y otorguen créditos de usura, que lejos de facilitar el acceso a una casa digna y adecuada convierten al incauto abajofirmante en rehén del sistema. Marbella, Andratx, Seseña, Ciempozuelos, Madrid, pongamos el escenario que más nos duela y tendremos un retrato fiel de la colusión de intereses entre los políticos truhanes y sus pares empresariales. Porque detrás de las apariencias acecha un siniestro tinglado de detectives privados, policías corruptos, periodistas sin escrúpulos, bufetes de abogados, paraísos fiscales, padrinos y cuanta tralla precise el negocio para cumplir su objetivo explotador. Nada que ver, por cierto, con eso que también predica el artículo 47 de la Carta Magna (qué cursilería) sobre que “la comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Un negocio que adquiere dimensiones de saqueo económico cuando afecta a una gran ciudad. El famoso e impúdico 3 por 100 de Barcelona o las megalómanas e impopulares obras del muy populista Alberto Ruíz-Gallardón en Madrid, que dejarán a sus ciudadanos endeudados por un cuarto de siglo, cuando la Comunidad, en manos de esa “mal pagá” y descarada marquesa consorte llamada Esperanza Aguirre, está privatizando los pocos servicios sociales que aún funcionan, dilapidando una riqueza social hecha con el sacrificio de generaciones. De ahí que el navajeo y la corrupción campen por sus respetos en estas tierras de promisión.
Las pasadas elecciones, el trasfugismo de dos diputados socialistas madrileños (como en la Cosa Nostra marbellí) impidieron un gobierno de izquierdas en esta Comunidad. Y hace más, en la tiempos de UCD, en la misma circunscripción electoral se intentó comprar de la voluntad de un diputado regional de Izquierda Unida mientras los capos del ladrillo se sacaban de la manga un partido full (el PIM) para conseguir reventar la voluntad general. De la primera operación aún ignoramos quiénes fueron los inductores, pero no sus beneficiarios. Pero de la más antigua sí lo sabemos. Un magnate de la construcción, Luís García Cereceda, fue significado en la trama. El mismo García Cereceda que cedió en la zona más cara de la capital un edificio para sede del CDS, el sucesor de UCD, y el mismo también que hizo otro tanto con su finca para que Felipe González pudiera celebrar la boda de sus hija por todo lo alto.
En nuestro nombre nos roban la propiedad. Porque quienes gobiernan en nuestro nombre han puesto suelo urbano recalificado en manos de la especulación que les hará a ellos ricos y a nosotros mendicantes. Una saga que, por lo demás, se mire por donde se mire, siempre suele acabar en un banco, ya que los banqueros están en las empresas constructoras -como financiadores o accionistas- y porque son quienes conceden los créditos para hacer realidad ese “lujo a nuestro alcance” en incómodos y abismales plazos. Esos mismos implacables bancos y banqueros que año tras año perdonan las deudas multimillonarias contraídas por los partidos políticos (sólo el Santander condonó 12 millones de euros al PSOE en el 2006), esos partidos que a través de sus cuadros -nuestros representantes- gobiernan la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, competencias hoy plenamente transferidas a las autonomías.
Quizás por estas sinrazones elevadas a categoría de axioma, la tribu dominante se ha escandalizado con el informe del relator de la ONU, Miloon Kothari, calificando obviamennte al sistema inmobiliario español como una “especulación desenfrenada” y de estar sometido a un nivel “extremo” de corrupción que impide que casi un 25 por 100 de la población tenga una vivienda digna. Indignación de nuestros mercaderes que ha llegado al paroxismo cuando vieron que el asesor especial de Naciones Unidas abandonaba los grandes salones y los canapés para solidarizarse con el movimiento okupa catalán in situ. Seguramente porque Kothari reconocía con su gesto que la ocupación y la violencia de los poderosos es la fuente de donde mana el monopolio de la propiedad, y no la de acción pacífica y solidaria de insumisión de los sin techo. Esa primera forma de propiedad es un robo, y por eso Balzac decía que detrás de una gran fortuna casi siempre hay un crimen. La segunda, la desobediencia civil, es un derecho. Lo pensaba incluso el viejo Proudhon al señalar también que la propiedad como “posesión”, el derecho del hombre a disponer de vivienda, de la tierra y de los útiles que necesita para vivir, es el fundamento de la libertad y de la dignidad (Qu’ est-ce que la propriéte.1840)
Fuente: Rafael Cid
