Tenemos infelizmente constatado que desde el Gobierno socialista y con el acuerdo mayoritario de los grupos políticos con representación parlamentaria se han ejecutado en el último año una serie de contrarreformas profundamente lesivas para los derechos de los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad. Es una triste evidencia que quienes más sufren la crisis desencadenada por el sistema financiero en cohabitación con las grandes corporaciones inmobiliarias se han visto abocados a recortes económicos, laborales y sociales que tienen su reflejo más cruel en esos cerca de 5 millones de desempleados y en el amplio contingente de ciudadanos y familias que ya se asoman al umbral de la supervivencia.
Sin embargo,
con ser grave esa situación sobrevenida por el designio de los
mercados de capitales que manejan las multinacionales de la
financiarización, hasta ahora no existía la percepción de un
ataque directo a los derechos y libertades. La jibarización dolosa
del magro Estado de Bienestar se mantenía al pairo de otras
actuaciones que pudieran catalogarse como regresiones
constitucionales.
Sin embargo,
con ser grave esa situación sobrevenida por el designio de los
mercados de capitales que manejan las multinacionales de la
financiarización, hasta ahora no existía la percepción de un
ataque directo a los derechos y libertades. La jibarización dolosa
del magro Estado de Bienestar se mantenía al pairo de otras
actuaciones que pudieran catalogarse como regresiones
constitucionales. Pero ahora podríamos estar tentando esa pendiente.
Hace meses
asistimos entre curiosos e incrédulos a la militarización del
tráfico aéreo comercial para tumbar la huelga que los controladores
habían anunciado en pleno periodo de vacaciones como medida de
fuerza en el conflicto laboral desatado con su empleador, la
Administración del Estado. Fue entonces la primera vez que,
prácticamente desde el franquismo, vimos de nuevo al ejército
desplegado en ámbitos de la sociedad civil en cumplimiento del
Estado de Alarma decretado por el gobierno que preside Rodríguez
Zapatero.
Y
ahora vuelta a las andadas. La Junta Electoral de Madrid (JEM) acaba
de solicitar a la Delegación del Gobierno en Madrid que impida las
reuniones pacíficas que distintos grupos de ciudadanos vienen
realizando en la céntrica Puerta del Sol de Madrid en demanda de una
regeneración democrática. Peo está vez sin el espantapájaros
exculpatorio de garantizar el correcto funcionamiento de un servicio
estratégico y la libre circulación de las personas (por cierto
ahora dinamitada en Schengen por los gobiernos de la Unión Europea).
Hoy la justificación es ampara en una suerte de coacción preventiva
invertida. El argumento de la JEM atiende a que “la petición de un
voto responsable (…) puede afectar a la campaña electoral y a la
libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto”
(sic). Se prohíbe, pues, el constitucional derecho de reunión para
evitar que el ejercicio del igualmente fundamental derecho de
expresión interfiera el “un voto responsable”. Es decir, se
prohíbe “al dente” el artículo 16 (que garantiza la libertad
ideológica), el 20 (el derecho a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones) y el 21 (el derecho de reunión
pacífica) para sofocar la deliberación sobre una democracia que el
propio preámbulo de la Carta Magna desea “avanzada”
Seguramente
esto no es un Estado de Excepción. Pero al menos contiene elementos
de una excepción del Estado.
Rafael Cid
