Un error informático ha hecho aflorar datos (seguramente antes de “cocinarlos” para maquillarlos) que demuestran que el paro supera ya el 20% (oficialmente) y un obús de la agencia Standard & Poor´s (¿quién las ha votado como el “yo supremo” de la solvencia financiera ?) ha rebajado la calidad de la deuda española, sin siquiera respetar ese periodo de gracia que supone ostentar la presidencia de turno de la UE. Un mal presagio de lo que ocurrirá cuando llegue el verano y los mercados, ya sin la red de la presidencia de la unión, se lancen a por la presa.
Entonces Zapatero retomará el frustrado guión de Davos y asumirá la doctrina que marque Alemania, el BCE y el FMI, y se inaugurará una de las etapas de mayor desigualdad social desde los Pactos de la Moncloa. Porque la tesis oficial, como decía El Roto el otro día, es que “los empobrecidos por la crisis están poniendo en peligro a los bancos que la crearon”.
Salvo “los iguales para hoy” que suele vocear la ONCE, equidad de verdad en España hay poca, y la escasa existente soporta un envite por parte de los pistoleros de la crisis que está haciendo de este producto de primera necesidad un bien tan escaso como exclusivo. Asistimos a una agresión en toda línea para desmontar no sólo ya el Estado de Bienestar sino también para patrimonializar el Estado de Derecho. El aparato legislativo, en estas horas bajas del capitalismo de última generación, se ha convertido en una perfecta maquinaria para fabricar la justica que agrada al príncipe. Un método de expropiación integral que carga sobre los más débiles la responsabilidad del crac. El gobernador del Banco de España lo ha dicho con calculada brutalidad : “el paro puede colapsar la banca”. Es decir, los casi 5 millones de desempleados (como toda la población de Madrid), las 500 familias que cada día se van al garete, el millón doscientos mil hogares que tienen todos sus miembros sin trabajo, son los únicos culpables de que la plutocracia de este país no obtenga los beneficios que desearía.
Los campos de exterminio nazis tenían como lema en su atrio “el trabajo os hará libres” y el capitalismo neoliberal rampante tiene como divisa un precepto de parecida polisemía. Se rige por “la libertad de elegir”, pero lo que cumple al final siempre es “la desigualdad ante la ley”, dimanante de una desigualdad general : de nacimiento, de rentas, de instrucción, de derechos y hasta de protesta, como estamos viendo en estos momentos con las justas movilizaciones en el “caso Garzón”, héroe o villano, según se mire. Atendiendo a la jerarquía que impregna todo el edificio social del sistema de explotación y dominación vigente, existe la posibilidad real de la desobediencia civil cuando se ejerce de arriba abajo, pero si quienes pretenden sembrar la discordia son gentes que operan de abajo arriba, la cosa se complica, y hasta pueden ser acusadas de radicales, revolucionarias, ellas y su entorno, como tiene innovado penalmente nuestro superjuez.
Casos-denuncia en las alturas existen a manta, aparte del ya citado por el que la suprema curía judicial pretende empapelar al único magistrado que osó investigar los crímenes de la dictadura como imprescribibles que son. Se dice pronto. En 35 años de democracia a ningún juez se le ocurrió hacer una interpretación garantista de los derechos humanos masacrados por el fascismo patrio. Ahí están como culmen de ese ejercicio de insumisión por todo lo alto los ejemplos de José Bono, presidente del Congreso, encaramado a un suculento patrimonio que no hay por dónde explicarlo sin que se le ponga a uno cara de tonto útil, y el de su colega en el rango, el presidente de la CEOE, Díaz-Ferrán y sus locos cacharros (Aerolíneas Argentinas Air Comet, Marsans, etc.), técnicamente quebrados de puro artificio contable barriendo para casa. Cuando los ricos roban lo hacen con clase y hasta puede empaquetarse como una inversión mal percibida por la sociedad. Pero cuando los pobres defienden su salario, la cosa se pone fea y lo normal es que se considere un privilegio que pone en peligro la prosperidad general. No falla, siempre se cumple el dicho : “El señor Don Juan de Robres, con caridad sin igual, mandó hacer este hospital, pero antes hizo los pobres”.
La crónica de sucesos de las innumerables operaciones rescate que las institucionales nacionales y europeas han apañado para salvar del K.O. técnico a los saqueadores de las grandes finanzas, constituye ya un paradigma del nuevo patriotismo global que ensalza el delito, premia al delincuente y flagela a las víctimas. Las prácticas del Banco Central Europeo (nuestro banco para socializar las pérdidas y el de los ricos para privatizar las ganancias) favoreciendo una nueva burbuja especulativa al prestar casi gratis total a la banca depredadora lo que regatea al pueblo griego (¡quiero una isla tuya !) ; el singular modus operandi del Fondo Monetario Internacional dictando cómo debe hacerse la reordenación bancaria en España y contra quién ; la impronta de rey de bastos del gobernador del Banco de España, como gran capataz de la contrarreforma laboral, y el mismo proceloso talante del programa de la Economía Sostenible con que el Gobierno socialista espera la salida de la crisis, son cargas de profundidad contra “la fastidiosa plebe”.
Esta bicefalia Banca-Estado tiene la memoria corta y las piernas largas, pero nunca defrauda. Nuestros representantes son sus compromisarios. De ahí que haya Leyes y leyes. Leyes con minúscula, “pedrea”, normas placebas, que como el chequé bebé y la subvención al automóvil, tienen tanto de populismo como de estímulo para una demanda entendida desde el punto de vista del enemigo. Y Leyes de riguroso BOE que son las que imprimen carácter y siembran las condiciones para la continuidad del saqueo, la explotación bajo máximos, la dominación con sucedáneos, el simulacro de democracia y la redistribución inequitativa de la riqueza social. De esas en estos últimos meses, el ejecutivo socialista ha producido una auténtica ristra. Vayamos a los hechos.
Lo primero, empezando por lo más reciente, es esa reforma pactada por el PSOE y su asistente parlamentario CiU, unidos por el escándalo Pretoria, para imponer cárcel de fin de semana a los reincidentes de menor cuantía, sobre todo carteristas y tironeros, a quienes antes se sancionaba con faltas. Es la típica ofrenda populista, al hilo de esa pretendida demanda de seguridad hecha por la socorrida mayoría silenciosa y casi siempre promovida por los medios de comunicación de masas como si de un servicio público más se tratara. Consiste en una acción que sigue la misma línea que sanciona con prisión a los manteros por presión de la SGAE y su entorno pop, y forma parte del arsenal de medidas demagógicas utilizadas por los gobiernos para hacerse querer por la gente. Pero en el fondo, como en el tema del top-manta y la prohibición del velo islámico en las escuelas, introduce elementos xenófobos, dado que su radio de acción afecta sobre todo a inmigrantes y sin papeles, que son los dos colectivos más afectados por el terrorífico paro existente ( las empresas de la construcción no hacían ascos a los sin papeles). El código penal de la democracia agranda así su vertiente represiva, sin indagar en las causas, como demuestra la acometida legal para rebajar la edad penal de los menores. Lo que no sabemos es si poner a buen recaudo sábados, domingos y fiestas de guardar a los descuideros es para limpiar las calles en días de agobio o si busca hacer sitio el resto de la semana para otros amigos de lo ajeno que imiten el modelo in fraganti del presidente de la patronal Díaz Ferrán.
Bromas aparte, con la desdicha no se juega ni se trafica, lo significativo está en el cúmulo de regulaciones y desregulaciones hechas por el gobierno para ayudar a que el mundo de los negocios, las multinacionales y la banca pueda seguir manteniendo sus expectativas de ganancia a pesar del cambio de ciclo económico. Son medidas sin aristas ni coste político, que saltan al BOE con el visto bueno del PP y de la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque se trate en muchos casos de normas con nombres y apellidos, hechas a medida de un determinado sector productivo o grupo, y no contemplando el interés general, representan una especie de laissez-faire legal al dente. La modificación el artículo 53 de la Ley del Suelo para beneficiar a los promotores inmobiliarios que han hecho de pirómanos de la crisis, se ha perpetrado para que dispongan de 6 años de plazo y no de 3 antes de tener que revertir a suelo rústico el terreno en su poder que no puedan edificar. La nueva devotio ibérica es una unidad de destino universal entre aprovechados para que la crisis la paguen las víctimas inmolándose por los malhechores.
Rafael Cid
