Vuelve el despotismo donde solía. Junto al proceso de refeudalización impuesto por la globalización neocapitalista, regresan formas políticas predemocráticas, aunque el guión legitimador exige que tales normas despóticas se vendan con el celofán de la retórica democrática. Es la nueva versión del viejo argumento de la razón de Estado que esgrimieron las clases dominantes desde Hirosima al Holocausto para justificar sus genocidios en el pasado siglo. En este nuevo milenio, el desencadenante fue el atroz 11-S y la consiguiente Patriot Act que permitió al gobierno Bush ataques preventivos con toda su letal maquinaria militar al margen de la legalidad internacional. Ello, tras fabricarse el enemigo adecuado para consumo de la autista opinión pública con las mentiras programadas de las armas de destrucción masiva.
Y cuando aún no se ha cerrado esa herida, y seguramente por eso mismo, la Europa desunida en su rechazo a la barbarie diseñada por el Pentágono contra el pueblo de Irak da muestras de alinearse en esa dimensión canalla a la hora de forzar su futuro como unidad política supranacional. La firma de un Tratado por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea, que sustituye al participativo referéndum sobre la Constitución criticado en su día por la ciudadanía de Francia y Holanda, da fe de la involución democrática y el despotismo político con que se inaugura la nueva era.
Y no sólo en el fondo sino también en las formas y los símbolos. Los líderes de la UE han elegido de nuevo Portugal como anfitrión para la firma del nuevo Tratado que hace pira de la Constitución Europea, lo mismo que cuando EEUU y sus aliados continentales hicieron visible su conformidad con la guerra contra Irak. Entonces fue el trío de las Azores, ahora los 27 de Lisboa. Y en ambas secuencias se han producido “bajas” significativas. Ni está Aznar, uno de los integrantes junto con Bush y Blair de la foto de la iniquidad, ni Chirac, presidente de la Convención que redacto la frustrada CE. Deslocalizados de la política-podium los dos, el español ha sido “privatizado” por el magnate Rupert Murdoch y el francés está procesado por un posible delito de financiación política ilegal.
Dos trayectorias poco ejemplares que casan perfectamente con la deriva a que la primitiva Carta Magna europea ha sido sometida por sus dirigentes al dictado del supergaláctico Nicolás Sarkozy, el hombre providencial para los intereses norteamericanos en el viejo continente. Sometidos a su impronta de política-relámpago, los europeos hemos sido apartados de un guantazo de la construcción de la casa común a favor de un Tratado fruto del consenso entre notables en el más puro estilo del despotismo ilustrado del ancien régimen. Somos gigantes que avanzamos a saltos en lo material y pigmeos que gateamos como los cangrejos en lo democrático. O sea, vamos de victoria en victoria hasta la derrota total.
Debe ser esto lo que algunos, agotada ya la veta del “patriotismo constitucional”, llaman “democracia militante”, pervirtiendo el sentido pleno que daba al término su creador el jurista alemán Karl Loewenstein como una introspección democrática que impidiera el “gen autoritario”, una cultura en los valores que la son propios. Algo, que examinado en puridad, es exactamente lo contrario de lo que acaban de perpetrar los 27 en Lisboa. Porque el Tratado firmado en la capital lusa por los representantes de los países incursos en la de-construcción europea significa despojar al sujeto de la política, el ciudadano, de toda capacidad operativa real convirtiéndole en súbdito, objeto pasivo de la política, que es el camino con que históricamente se han empedrado todas las “razones de Estado” que en la política han sido.
Pero no se trata de algo nuevo, hace tiempo que los gobiernos autodenominados democráticos utilizan en su práctica diaria sistemas autoritarios, cuando no totalitarios, suprimiendo la participación ciudadana y el pluralismo por el asfixiante y embrutecedor consenso sin distinción de ideologías. En el caso español, la piedra de toque de esta flagrante involución es la Ley de Partidos Políticos que, aceptado por socialistas y conservadores en base a una lectura sui géneris de los conceptos de “patriotismo constitucional” y de “democracia militante”, ha conseguido arrojar del marco legal a formaciones políticas, cerrar medios de comunicación y dejar sin referente político a miles de ciudadanos, negando lo que por otro lado es una incontestable y vigorosa realidad social. Se ha utilizado inquisitorialmente un código penal de autor y la analogía y la interpretación expansiva de tipos delictivos con el único fin de aniquilar políticamente al adversario (macroproceso 18/98) en línea con la más pura doctrina del filonazi Carl Schmitt. Ello en un país cuya constitución no limita ideológicamente la participación política y con un Tribunal Constitucional que acaba de anular una sentencia del Supremo condenando el negacionismo del Holocausto.
Queda por ver si las viejas instituciones de control democrático, creadas para impedir el despotismo y los crímenes de Estado, surten su efecto o el impulso depredador de la realpolitik que el Tratado de Lisboa presume termina imponiéndose, como la Patriot Act estadounidense frente a las resoluciones de la ONU en el caso de Irak. La aceptación a trámite del recurso contra la ilegalización de Batasuna por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo supone un valioso testimonio de resistencia. Otros, como el nombramiento de Felipe González para presidir el comité de sabios que ha de repensar Europa mueven al escepticismo.
Como Rodrigo Rato en el FMI o Javier Solana en la OTAN, lo de González es un despropósito perfectamente organizado. El personaje elegido por la Europa sarkozysta es el mismo hombre que conoció los crímenes de Estado del Gal, respalda en actos públicos a subalternos reos del robo de Fondos Reservados, tiene un ministro del Interior condenado por el secuestro de un ciudadano francés (Segundo Marey), colaboró con un socio del responsable de Gescartera (Massoud Zandy) y ha sido hasta hace dos días el edecan, lobby y relaciones públicas de uno de los hombres más ricos del mundo a base de voraces privatizaciones (el mexicano Carlos Slim).
El nuevo despotismo de la Europa de los 27 se exhibe como un gen democrático. Y encima pretenden ahora ilegalizar a partidos ya votados, con escaño en el parlamento supuesta sede de la soberanía nacional.
Fuente: Rafael Cid