Aplicando la fuerza de la Ley de Partidos, el gobierno estranguló la pluralidad informativa en Euskadi cerrando medios como Egunkaria, Egín y Kalegorria, entre otros de índole independentista o simplemente abertzale, y amenaza a las radios libres que intentan zafarse del espectro hertziano dominante. Se mire por donde se mire, esa acción punitiva reduce la libertad de expresión y hace aún más precaria la calidad de nuestra democracia otorgada.
Pero ese mismo gobierno, siempre en uso de sus prerrogativas, permite “cerrar legalmente” televisiones privadas para proteger los intereses de los grandes del sector que necesitan fusionarse a fin de compensar el descenso de la publicidad ocasionado por la crisis y la caída de la audiencia provocada por el rechazo de los ciudadanos ante la orgía de la telebasura. Por fas o por nefas, el Estado establece su equidistante”carta de ajuste” a demanda de la “obediencia debida”. Las élites gobernantes y sus poderosos patrocinadores ganan, los ciudadanos que les han elegido pierden. Es la dimensión de la ley como bandera de conveniencia. ¿Pero debe importarnos el cierre de las privadas ?
Surgieron en la etapa felipista, forzando la normativa legal de entonces, con la justificación estelar de ampliar el pluralismo informativo. Nacían las televisiones privadas, extensiones de los grupos de poder político-económicos en un marco donde sólo existían parcos canales públicos, al servicio del gobierno central, en el caso del TV1 y TV2, y de los de las comunidades, en el de las autonómicas. Y ahora que vienen mal dadas, tras ponerse de acuerdo PP y PSOE en desbloquear los limites accionariales de los paquetes extranjeros y quitar a las públicas estatales el recurso publicitario, se repliegan en fusiones estratégicas de a dos para capear la crisis y no hacerse la competencia por el cada vez más comprometido share. Con lo que tenemos a la televisión de las machachichos y líder de los programas basura, la berlusconiana Telecinco, casada con la muy zapateríl y profesional Cuatro, del Grupo Prisa (Belén Esteban con Gabilondo), y la Sexta del ex trotskista multimillonario Roures amancebada con la ultraderechista Antena 3 del propietario de La Razón (el Gran Wyoming con la caverna). Claro que las tres casas editoriales de estos holdings –Planeta, Mondadori y Santillana- están juntas en un sólo cártel para explotar la Plataforma Digital del libro electrónico, el meganegocio que viene.
Pero en esta ocasión no se oído a ningún Jeremías denunciando el empobrecimiento “democrático” que esa concentración televisiva auspiciada por los podres públicos supone para la libertad de expresión. Al oligopolio de las públicas gubernamentales, auténticos órganos de propaganda y sectarismo al servicio de la nomenklatura en el poder, se suma ahora el de las dos privadas resultantes del obsceno ayuntamiento entre supuestos adversarios ideológicos…y sin embargo amigos. Con la preocupante derivada de que el consenso alcanzado en las cadenas (de montaje de opinión pública) se transmitirá a los restantes medios de comunicación, radios y diarios, que controlan los grupos implicados. Todo ello, no sólo con un evidente coste sobre el pluralismo informativo (suponiendo que a eso se pueda llamar “pluralismo”) que a ningún partido político parece importar, sino con un inmediato y brutal recorte de plantilla entre los trabajadores de las emisoras afectadas. Brotes verdes donde los haya.
Por lo demás, el modelo que han seguido mamachichos y gabilondos para la “reordenación” del mapa televisivo es idéntico al utilizado por el sistema financiero del que dependen económica y financieramente y al que distinguen con su obediencia debida. Con la única diferencia de que en el caso del parné ha sido la gran banca la que ha crecido a costa de absorber a las cajas de ahorro (tienen obra social) en situación crítica por su cleptómana política de créditos a promotores inmobiliarios y amigos de la casa. Con lo que se puede decir, sumadas ambas concentraciones, que es el semiocapitalismo español el que se recicla para refundarse, aún a costa de mostrar que la pluralidad en la oferta de la industria del infoentretenimiento no es más que un simulacro para tener entretenida a la gente con el espantapájaros de un aparente contraste de opiniones. En realidad, con las fusiones en marcha, lo que ha nacido es un cartel televisivo sometido al bipartidismo político imperante, con dos grandes pulpitos de manipulación de masas, uno en la órbita del PSOE y otro del PP (CCOO y UGT son satélites de este holograma cognitivo).
El reparto, sin embargo, no ha sido fácil. Antes ha tenido que correr mucha tinta extorsionadora, en forma de incesantes revelaciones sobre el caso Gürtel y destapes en pelota picada de la troupe de “il cavaliere”. Hasta conseguir sentar a los capos de cada familia en la mesa del armisticio y del reparto. Un proceso que quedó sellado cuando se logró ubicar al ex gerente del FMI Rodrigo Rato al frente de Cajamadrid, la cuarta entidad financiera de el país, y luego éste puso a su vera al ex ministro socialista Virgilio Zapatero, rector de la universidad de Alcalá, para entre ambos ya poder completar el aguinaldo dando entrada en el órgano-maná de la entidad a los “monaguillos” de la parte contratante y a los liberados de los partidos y sindicatos mayoritarios.
En la “carta de ajuste” de las privadas, como en la “operación rescate” de la banca se ha seguido el mismo modelo “Robín Hood al revés” (robar a los pobres para dárselo a los ricos) con ayuda del aparato del Estado (y no sólo del gobierno, porque se necesita el nihil obstat del partido de la oposición para sacar las leyes que aseguren su éxito) : los recursos públicos se han puesto al servicio de los beneficios privados mediante medidas legales (que no legítimas) aprobadas por esos mismos poderes públicos que dicen representar el interés general. Si en el caso del sistema financiero el sustancioso vaivén se hizo además para salvar a los que habían cebado la crisis, en el tema de las televisiones la dinámica no ha sido muy diferente, mutatis mutandis. La fórmula mágica siempre es la misma : que la crisis la paguen los perjudicados para lucro de sus promotores.
Por eso cuando el mercado se da la vuelta y la tasa de beneficios se invierte, jamás se actúa “ajustando” la oferta a la menor demanda bajando precios del producto. Al contrario, se mantienen estos, subvencionándolos (automóvil), avalando (dinero público para la banca), cambiando unilateralmente las reglas del juego (Pacto de Estabilidad en el caso de las ayudas estatales y desregulación en el asunto de las televisiones privadas en abierto), o presionando a la baja sobre los costes laborales (reformas en derechos sociales, congelación salarial, EREs, etc.) y los salarios (por debajo de la media de la Unión Europea). Así, siempre con la ayuda del Estado y los gobiernos, se consigue el bochornoso espectáculo de que “la crisis la paguen sus víctimas”, que nuestro dinero público no se convierta en créditos al por menor o que las casas bajen sus precios cuando el mercado inmobiliario se ha desplomado y está a buen recaudo en los balances manipulados de la banca a la espera de mejores ocasiones para seguir con la orgía del ladrillo.
Todo este loco proceso tiene un método, que en el caso de la “carta de ajuste” arranca de la primera legislatura. Primero se constituyo un “comité de sabios”, entre los que se encontraba gente de buena fe como el filósofo Emilio Lledó, para emitir un informe que sirviera de referencia a un supuesto proyecto de una televisión de servicio público y de calidad. Luego se utilizó este trabajo académico para justificar un generoso ERE contra el personal del Ente, por eso del sobredimensionamiento de la plantilla. Más tarde, ya “saneada” laboralmente la emisora estatal, se aprobó una ley para controlar la supuesta doble financiación en el medio público (vía presupuesto y publicidad), lo que en sustancia significaba quitar la financiación publicitaria para dársela sólo a las privadas. Y finalmente se remató la faena nombrando al más que octogenario ex ministro de defensa de UCD, Alberto Oliart, al frente de TVE. Y ahora, cuando aún y todo la Primera Cadena mantiene el liderazgo de los Informativos, se da luz verde a la concentración de la privadas en una suerte de oligopolio entre demócratas de toda la vida que va de Martín Villa (Grupo Prisa) a Alberto Oliart (RTVE) pasando por el denostado Berlusconi.
Llegados a este punto, la pregunta sería por qué debe preocuparnos la concentración de las televisiones privadas si son mayoritariamente telebasura con diferentes condimentos. La respuesta parte de un ejerció de pragmatismo, o sea del reconocimiento de que esos nuevos púlpitos son hoy por hoy los primeros creadores de opinión pública para justificar los atropellos que el poder tiene programado para culminar su proyecto hegemónico. Recordemos la cobertura sobre las supuestas armas de destrucción masiva para justificar el ataque a Irak, y de cómo la mayoría estadística del pueblo norteamericano aprobó aquel crimen de Estado gracias al potencial manipulador de los mass media. Podría y debería ser de otra forma. Que los medios fueran fuentes reales de información veraz (derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución, huero como tantos otros) capaces de contribuir a crear conciencia de ciudadanía para actuar en democracia. Pero no es así. Por eso la concentración ahonda el peligro ya existente.
El cártel de las privadas (máxima expresión del proteccionismo y de la in-competencia de mercado) en marcha puede hacer fúnebremente monocorde los mensajes en orden a la necesaria servidumbre voluntaria y amenaza con inundar el espacio cognitivo de loas a la energía nuclear y discursos relativizando el peligro del calentamiento climático, como nuevas estrategias de explotación. Sería la institucionalización banal de la neolengua. De “la falsa palabra” que decía Armand Robín en un estudio ya clásico sobre la retórica del totalitarismo soviético en la radio, una “dominación cerebral” basada en que “al haber desaparecido los hechos en beneficio de la propaganda, es la propaganda la que se convierte en el hecho”.
¿Actuara el Tribunal de Defensa de la Competencia ante esta concentración que reduce a la mitad el espectro informativo en el sector de las televisiones privadas ? ¿Revertirán los canales opados sus licencias originales a la Administración para que pueda ofertarlas a nuevos inversores dispuestos a avanzar en la pluralidad ? Nada como este rigodón de toma el dinero y corre para explicar la profundidad y compenetración del cartel formado entre partidos-medios de comunicación y garitos de la pasta. De suyo, el repliegue de las televisiones no es más que su refundación estratégica, en sintonía con la propia refundación acometida con éxito por el sistema financiero del que las emisoras privadas son voz, espejo, sombra y púlpito.
Rafael Cid
