Atado y bien atado. En algún lugar de los pactos secretos de la transición, junto al de asegurar la continuidad de las bases norteamericanas en España, debe estar escrita la cesión del estratégico Sáhara Occidental al entonces rey Hassan II. De una dictadura a otra.
Por eso, 31 años después de aprobada la Constitución, la crisis en la antigua colonia española reproduce aquella decisión pre-democrática (no pasó por el parlamento, fue un golpe de los poderes fácticos) por la que España entregaba el pueblo saharaui al brutal régimen marroquí. Y no deja de resultar chocante que el acto de fuerza que preludiaba lo que luego sería la celebrada transición consistiera en una capitulación militar en toda regla, cuando precisamente fue la amenaza a una posible intervención de las fuerzas armadas el argumento de autoridad empleado por las cúpulas del poder y la oposición de la época para evitar que se avanzara en la ruptura con 40 años de franquismo. De esta forma, con Franco agonizando, y tras viajar a El Aaiún el rey Juan Carlos como jefe de Estado el funciones, el 18 de noviembre de 1975 las últimas Cortes franquistas aprueban la Ley de Descolonización que supuso cinco días después el reparto del Sáhara entre Marruecos y Mauritania.
En esa sórdida lógica, que encubre uno de los pasajes más oscuros y vergonzosos de aquella transición, se entiende la indecente Operación Haidar, por la que el Reino de España y el Alauíta, añaden a su ilegitimidad de origen en el caso Sáhara un plus de ilegitimidad de ejercicio intentando sofocar con mentiras y razones de Estado las justas denuncias de la resistente saharaui Aminetu Haidar. Pero todo intento de manipulación de la opinión pública argumentando la primacía del interés general ya está destinado al fracaso. Haidar no juega en clave de “intereses” sino de dignidad y derechos humanos, y como Sócrates ante el Consejo de los Quinientos, está dispuesta a administrarse la cicuta que le ha preparado el eje Madrid-Rabat para demostrar al mundo el coraje cívico (ese es el título del premio que acababa de recibir en Estados Unidos cuando la secuestraron) de una mujer del pueblo. Muera o no en el intento, la “causa Haidar” habrá servido para desenmascarar la política de apartheid (2.700 km de muro, el mayor encapsulamiento militar de nuestra era) ejecutada por los gobiernos de Zapatero y Mohamed VI con la complicidad de sus respectivos lobbys económico-mediáticos-empresariales. También el ciudadano Sócrates, como ahora la “apátrida” Haidar, rechazó el ostracismo voluntario que le ofrecían sus inquisidores para blanquear la crueldad de la medida impuesta..
Doble y recurrente ilegitimidad, de origen y de ejercicio, porque el abandono del derecho por la fuerza de las armas en el asunto del antiguo Sáhara español ha sido una constante en todos los gobiernos democráticos desde que el 14 de noviembre de 1976, primer aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en su visita a los campamentos de Tindouf, Felipe González se comprometiera en falso al proclamar : “Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros, no se trata ya del derecho de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final”. Lejos de ello, González y el PSOE se han blindado a piñón fijo con la Casa Real en el proceso del Sáhara para contemporizar con Mohamed VI en su embestida contra la soberanía del pueblo saharaui. Un armazón de intereses, confesables e inconfesables, que van desde la venta de armas hasta los centros secretos de detención para presuntos terroristas (Haidar estuvo 4 años desaparecida en la siniestra “cárcel negra”, uno de esos sumideros humanos del “socio” marroquí), pasando por el tráfico de drogas y los negocios inmobiliarios entre sus respectivas oligarquías, aparte de puntuales y desorbitadas coincidencias de orden estratégico, jalonan el macabro ayuntamiento entre una democracia a nivel europeo y un Estado de corte sátrapa.
Habrá otros motivos, sin duda, pero el recorte del Principio de Justicia Universal (reforma artículo 23.4 de la LOPJ) recientemente aprobado con los votos al alimón de PSOE y PP, buscaba anular las denuncias que se acumulaban desde hace años en la Audiencia Nacional contra el régimen de Mohamed VI por las torturas y desapariciones en su cárceles de saharauis y miembros del Frente Polisario. Lo lacerante del revés jurídico perpetrado es que al mismo tiempo que esa involución legal permitía dar vía libre a la impunidad frente a la represión desatada en el Sáhara Occidental (muchos de sus ciudadanos aún de nacionalidad española), en sensu contrario, servía también para impedir que las denuncias de Aminetu Haidar por su deportación obtuvieran cauce legal en los tribunales españoles.
No es el único ejemplo de justicia a la inversa cuando Rabat se entromete. Tampoco Hosni Benslimán, jefe de la gendarmería marroquí, y posiblemente el hombre que en la sombra mueve los hilos del acoso a Haidar, tendrá problemas con la Audiencia Nacional gracias a la oportuna contramedida avalada por PSOE y PP. Y ello a pesar de que recientemente un juez de París dictara una orden de detención internacional contra el alto funcionario policial como presunto responsable en 1965 del secuestro, asesinato y desaparición en Francia de Ben Barka, el líder de la oposición socialista de aquel país. Un “prófugo” Benslimán condecorado en España con la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica (BOE 15/012/05) y un crimen de Estado al que seguramente habría que sumar el del extraño asesinato de un solo tiro en la cabeza, en 2004 en Mijas, de Hicham Mandari, “hermanastro” y “primer opositor” del rey Mohamed VI, después de que hubiera insertado una página de publicidad en el periódico The Washington Post anunciando revelar los escándalos financieros de la familia real.
No les falta razón a los amigos de Aminetu Haidar cuando acusan : ¡Marruecos culpable, España responsable !
Rafael Cid
