Ya sabemos por qué se ha guillotinado la ley de Jurisdicción Universal que tan precipitada fama otorgó a los tribunales españoles. El “ajuste” (ahora llaman así a los atropellos de derechos sociales o económicos) tiene como objetivo inmunizar penalmente al rey de Marruecos y las fechorías que, por obediencia debida, cometieran sus más próximos allegados en el aparato represivo de Rabat.
Todo ello porque de nuevo el juez francés Patrick Ramaël ha reactivado el sumario abierto en 2003 por el asesinato en París en 1965 del dirigente socialista marroquí Mehdi Ben Barka, el principal líder de la oposición al régimen que encabezaba entonces Hassan II, el padre del actual monarca alauita, amigo íntimo del rey Juan Carlos.
Esta iniciativa judicial contra los presuntos autores materiales e intelectuales del secuestro, tortura y asesinato de Ben Barka, miembro de la Internacional Socialista a la que pertenece el partido en el gobierno que el pasado 19 de mayo aprobó en el congreso la desprotección jurídica de aquellos genocidios que afecten a extranjeros, supuso un traspiés para el Ejecutivo español -y la Casa Real- que podía verse en la incómoda tesitura de detener a buena parte del staff de Hassan II en alguna de las numerosas visitas oficiales que realiza a nuestro país.
Antes de cocerse la involución que establece una limitación en la tutela judicial sobre crímenes de lesa humanidad, aceptada y consensuada sin rechistar por PP y PSOE, el presidente del Gobierno Rodriguez Zapatero y el rey Juan Carlos escenificaron un gesto institucional de altos vuelos para probar su grado de compromiso y amistad con Hassan II y todo su bunker militar-policial. En enero de 2005, el mismo día en que Amnistía Internacional denunciaba un aumento significativo de los casos de tortura por las fuerzas de seguridad marroquíes, el gobierno socialista blindaba a los principales sospechosos de esas razias condecorándoles con la Gran Cruz de la orden de Isabel la Católica., en una versión canibalesca de la alianza de civilizaciones.
Entre los encumbrados al BOE por el Reino de España estaban Hamiodu Laanigri, jefe de la policía secreta, y Hosni Bensliman, máximo responsable de la Gendarmería, y el hombre sobre el que el pasado 22 de octubre el magistrado galo Ramaël cursara orden a Interpol de detención internacional por el tenebroso affaire Ben Barka. Las poderosas e inconfesables “razones de Estado” que han llevado a proteger sin reparar en riesgos a los hombres del Gal marroquí, superan incluso las dádivas con que la diplomacia española ha homologado al dictador guineano Teodoro Obiang, en este caso para promover los intereses de Repsol ante potenciales concesiones petrolíferas en aquella nación centroafricana. Marruecos es un mundo aparte y receptor preferente de nuestra industria armamentista, como prueba el hecho de que el Gal Bensliman estuviera en Madrid a finales del pasado enero, según ha relatado la prensa, sin que ninguna instancia policial o judicial osara inmiscuírsele.
Y ello aunque desde septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón tramita a paso de tortuga una guadianesca querella contra 31 “empleados” de Mohamed VI por su supuesta relación con la desaparición de 542 saharauis desde que en 1975 España les abandonara a su suerte ,entregándoles a merced del régimen marroquí, su enemigo histórico. La pregunta entonces es : ¿son esos independentistas saharauis españoles de primera nacionalidad o extranjeros a los que no cubre el principio de Justicia Universal que sirvió para que la Audiencia Nacional detuviera a un senil Augusto Pinochet ? Y la respuesta dependerá de lo que pese más en la estrábica balanza legal : o la vida del pueblo saharaui o la mercantil “razón de Estado”.
Rafa Cid
