Circula un texto en internet cuyo título es “INDECENTE” en el que el/los autor/es, vienen a poner un dedo en una llaga especialmente dolorosa para todas las personas que habitamos este país. Viene a ofrecer datos y comparaciones como las siguientes :

Circula un texto en internet cuyo título es “INDECENTE” en el que el/los autor/es, vienen a poner un dedo en una llaga especialmente dolorosa para todas las personas que habitamos este país. Viene a ofrecer datos y comparaciones como las siguientes :


”Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado 3.996 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 €/mes (en el parlamento europeo se han subido de 3500 a 7000 euros) ; Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad de todos los partidos, por supuesto y al inicio de la legislatura) ; Indecente es comparar la jubilación de un diputado y el de una viuda ; Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con siete y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo ; Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿ ?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF ; Indecente es colocar en la administración miles de asesores, amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados ; Indecente es el coste que representan a los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes siempre en gran clase y tarjetas de crédito por doquier ; (Tenemos más coches oficiales en España que entre Francia , Alemania y EEUU juntos…..alucina) ; Indecente es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses ; (no vaya a ser que con lo «»poquito»» que han cobrado en su legislatura no les llegue) ; Indecente es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.»


Es evidente que desde la muerte de Franco, hará pronto 35 años, el volumen de recursos públicos que se han embolsado tanto los partidos como los políticos ha sido descomunal, gigantesco, exageradamente desmesurado…. muy muy grande. Y eso que debe preocuparnos llega a irritar si de resultados se habla. Millares de políticos viven de “ser políticos”, de trabajar para la política y sobre todo de eternizarse en política (siempre cobrando). Los partidos políticos, tan bien recibidos después de la dictadura, se han ido apoderando de todo los espacios de la vida ciudadana a fuerza de incrementar la plantilla de cargos políticos remunerados (electos y a dedo, en su inmensa mayoría). No basta ya el discurso ideológico, la actitud vocacional de servicio al pueblo para que generosa y solidariamente los políticos se entreguen, sin interés personal, a hacer posible la convivencia feliz de sus conciudadanos y conciudadanas.

Por otro lado la propia vida de la democracia parlamentaria, que padecemos, manifiesta un agotamiento de esta iniciativa histórica que ya está moribunda y sólo se sostiene por el enorme cúmulo de intereses partidarios y particulares a los que sirve.


Se habla en internet de una protesta por esta ¡indecencia !, para el 6 de septiembre. Bien está manifestar nuestras frustraciones, nuestra justa rabia, pero no es menos cierto que a los políticos esas manifestaciones ni “les echan cuenta”. Debemos articular un movimiento ciudadano, no partidario, que promueva mediante una acción contundente, una huelga general, una paralización del país hasta tanto no se sometan a referéndum tres cuestiones básicas : Primera, ninguna persona puede ostentar cargos públicos (electos o por nombramiento), más de 8 años. Segunda, la persona que acceda a un cargo público cobrará anualmente exactamente igual lo que cobró el año antes, con la actualización del IPC. La tercera es que todos los cargos públicos deben ser siempre por elección directa de la ciudadanía, con posibilidad de revocación en cualquier momento. La primera incide en la ventaja de no poder hacer de la política una profesión. La segunda en que ninguna persona, por dedicar un tiempo a la política institucional, tenga que perjudicarse económicamente, ni tampoco beneficiarse. La tercera, es de grueso calado, ya que evita nombramientos a dedo, amiguismos, nombramientos de comisarios políticos en todas las esferas de las administraciones públicas y sobre todo control democrático de aquellas personas que han gozado de la confianza de los electores y la necesidad de seguir contando con ella para mantener el cargo.

Rafael Fenoy Rico