¿Qué ocurre en una sociedad cuando preceptos constitucionales son vulnerados olímpicamente desde el propio poder que debe velar por su cumplimiento ? Nada de nada, si nos atenemos a lo que está sucediendo con algunos de los vectores de la actual crisis económica.
Y ese no pasar nada lo que certifica es el derecho de la ciudadanía a la rebelión al abdicar los representantes políticos de su función como garantes de la norma suprema.
El artículo 40 de la vigente Constitución española de 1978 dice que los poderes públicos “de manera especial realizaran una política orientada al pleno empleo”, mientras que en la realidad son esos mismos poderes públicos los que hacen y programan una política que posterga la consecución del pleno empleo a favor de otros principios orientadores del mercado.
Como sabemos, hoy, en el marco del macroespacio de la Unión Europea en que se desenvuelve buena parte de la política española, que en el plano concreto de lo económico supone un ámbito colegislativo de obligado cumplimiento nacional y supranacional vía trasposición de directivas, el pleno empleo no es un referente esencial. Hubo propuestas, como la de Jacques Delors, para que el Tratado de Maastrich incluyera una especie de límite natural de paro, que se cifraba en el 7%, como un gesto de lucha a favor del mayor empleo posible inserto en la dinámica de las sociedades europeas. Pero no prosperó. Por el contrario, si se adoptó con el máximo énfasis el compromiso de combatir la inflación como principio irrefutable. O sea, Maastrich no sólo significó cesión de soberanía en múltiples materias. Además, vulnero la Constitución española al pisoterar uno de sus objetivos cardinales.
Y claro, cuando frente a la alternativa de decidir entre privilegiar el freno a la inflación o el empleo, los poderes públicos deciden primar la lucha contra la inflación, lo mercantil frente a lo social, en lógica con la esencia neoliberal que conforma toda la estructura de la UE, lo que se está incentivando en la práctica es tolerancia en la destrucción de empleo y un golpe de mano constitucional en toda regla. Así no es de extrañar que la actual crisis se haya gestionado por los poderes públicos atendiendo a salvar al sistema financiero y empresarial a costa del factor humano. El ejemplo más palpable, auténtico paradigma de esta catarsis antisocial, son las declaraciones de miembros del gobierno afirmando que lo peor de la crisis puede haber pasado aunque hasta al menos el año 2012 se seguirá destruyendo empleo al mismo ritmo. ¡Como no hay Dios !
Meditemos sobre lo que esas espeluznantes afirmaciones significan. De un lado, lo obvio de que los negocios de unos pocos son más importantes que los medios de vida de la mayoría de la población. De una mayoría social que, además, se ha visto atropellada en su patrimonio presente y futuro, al decidir unilateralmente los gobernantes desviar parte de sus recursos para sanear las cuentas de los ricos, siendo como han sido ellos los causantes de la crisis que ha arrojado al arroyo a millones de familias. Y, por otro lado, también en lógica colusión de intereses, está el hecho indecente de aceptar como normal que para que los poderosos recuperen sus posiciones de dominio y explotación, ahora coyunturalmente debilitadas, es inevitable soportar una mayor cuota de sufrimiento por los trabajadores.
Pero la resignación ante el paro para reflotar los negocios de los grandes de la banca y las multinacionales, con introducir elementos de auténtica guerra de clases disfrazada de filantropía criminal, no es el único dato que muestra la deriva antidemocrática y cleptómana de los gobiernos al servicio de las corporaciones. Si un tsunami popular no lo remedia, el capitalismo que surgirá de esta crisis saldrá fortalecido gracias a nuestro dinero y además liquidará en el camino a muchos competidores menos poderosos, haciendo estragos sobre todo entre la pequeña y medina empresa, el sector que mayor empleo facilita, al negarle los créditos necesarios para su subsistencia. Todo ello, aparte de haber demostrado la falacia de sus planteamientos teóricos. Porque lejos de aumentar la pluralidad y la transparencia de los mercados, lo que los grandes capitalistas lograrán como escenario ex post de la crisis es una reconcentración monopolista que nos hará aún más siervos de sus intereses.
Porque el Estado son ellos y siempre lo será. Así jueguen a la regulación o a la des-regulación, fórmula placeba que no es más que un efecto acordeón para verbalizar la herramienta legal con que se cumplimentan sus privilegios. ¿Ha caído alguien en la cuenta de que se están aplicando como solución a la crisis las mismas recetas que la provocaron ? Se dijo que en la raíz del crac estuvo la des-regulación de los mercados financieros, y ahora, establecido el diagnóstico, resulta que el rescate pasa por des-regular el Plan de Estabilidad y Maastrich (incumplir los compromisos de déficit, de nivel de deuda y el veto al proteccionismo a las empresas) ? Otra vez más los medios son los fines. La Constitución del embudo.
El artículo 47 de la Constitución española señala también que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero lejos de instrumentalizar los recursos para ese fin social, se dejó que el mercado convirtiera el acceso a una “vivienda digna” en el mayor negocio de los últimos tiempos y el detonante de la crisis económica actual. El balance es desolador : un colosal beneficio para la banca, miles millones de euros de dinero público regalados al conglomerado imnobiliario-bancario, cerca de millón de viviendas vacías y en barbecho, millones de ciudadanos entrampados de por vida con los señores de la banca y más de 4 millones de parados como “holocausto” necesario para salvar al peor de los sistemas posibles, mientras con sólo el 1% de los fondos mundiales empelados para la operación rescate se podría acabar con el hambre en el planeta.
Cuando no hay derecho, la insumisión es el único derecho.
Fuente: Rafa Cid
