Al grito de “servicio militar, secuestro legal", dos objetores interrumpieron el sorteo que, como todos los años, se realizaba en noviembre para determinar los destinos militares de más de 200.000 jóvenes. Corría el mes de noviembre de 1988. Tres meses más tarde, se ponía en marcha un cambio también trascendental para el futuro de millones de jóvenes. Un movimiento que haría desaparecer la famosa mili. El 20 de febrero de 1989 comenzó la campaña de desobediciencia civil más exitosa de España y Europa : la campaña de insumisión.

Al grito de “servicio militar, secuestro legal», dos objetores interrumpieron el sorteo que, como todos los años, se realizaba en noviembre para determinar los destinos militares de más de 200.000 jóvenes. Corría el mes de noviembre de 1988. Tres meses más tarde, se ponía en marcha un cambio también trascendental para el futuro de millones de jóvenes. Un movimiento que haría desaparecer la famosa mili. El 20 de febrero de 1989 comenzó la campaña de desobediciencia civil más exitosa de España y Europa : la campaña de insumisión.

En esa fecha, 57 jóvenes se declararon insumisos ante diferentes Gobiernos Militares del Estado español. Se negaban a hacer la mili y la prestación social sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar obligatorio. Once fueron detenidos e ingresados en diferentes prisiones militares. Comenzaba así la Campaña de Insumisión organizada por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que acabaría en 2001 con el fin del Servicio Militar Obligatorio y la creación de un Ejército profesional. A lo largo de los 12 años que duró la lucha, más de 20.000 jóvenes se declararon insumisos y 1.670 terminaron en la cárcel por defender su derecho a no hacer la mili ni la PSS.

¿Qué fue la “insumisión” ?

Perico Oliver, que pasó un año en la cárcel por declararse insumiso y que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, define la insumisión como “una experiencia política única, que consiguió un amplio apoyo social y provocó una grave crisis de legitimidad en el sistema de reclutamiento, acentuando el divorcio del ejército y la sociedad, sobre todo de la juventud”.

Lucha de décadas

La lucha antimilitarista contaba con décadas de historia. En 1971, Pepe Beunza se convierte en el primer objetor de conciencia por razones políticas (anteriormente, por razones religiosas los Testigos de Jehová se habían declarado objetores) al servicio militar. Desde entonces, como señala Maripi, del MOC de Madrid, “el número de objetores no dejó de crecer así como las respuestas legislativas por parte de los gobiernos. En 1984, se aprueba la LOC que penaliza la objeción de conciencia, creando una Prestación Sustitutoria que duraba el doble que la mili. No reconoce el carácter colectivo, político y antimilitarista de la objeción de conciencia y destruye puestos de trabajo. Fue como respuesta a esta ley cuando se puso en marcha la campaña de insumisión”.

Para Perico Oliver, “la legislación sobre Objeción de Conciencia llegó tarde en parte por las presiones militares desde la transición, lo que ayudó a que los objetores ganaran fuerza, crecieran y prepararan bien su estrategia de desobediencia civil”.Entre 1980 y 1988 el número acumulado de objetores ascendió de 2.500 a 38.500.

El secreto del éxito

Para Nacho, insumiso del Grupo Antimilitarista de Carabanchel y a AA.Moc Madrid (estuvo preso en 1995), “uno de sus éxitos fue la implicación de un colchón social importante alrededor de cada uno de los insumisos que tomaban la decisión de no acudir a la mili o a la PSS. Por otro lado, todo el carácter público de las acciones y presentaciones que se realizaban hacía que a la campaña se sumara más gente”.

Maripi, activista en los Grupos de apoyo a la insumisión de Carabanchel (Madrid), indica que, además, “el asumir las consecuencias de esa desobediencia que llevaba a la entrada en prisión fue otro de sus éxitos ya que resultaba difícil de explicar al Estado cómo un joven por una acción de este tipo debía de estar preso durante 2 años, 4 meses y un día”. José Manuel cree que “fue una campaña asumida por gran parte de la sociedad, lo que hizo imposible todos los intentos gubernamentales de frenarla mediante la represión”.

A esto hay que añadir las cientos de acciones promovidas por los grupos de apoyo : marchas a las prisiones y cuarteles, encadenamientos, pintadas, acompañamiento a los insumisos para visibilizar las entradas en prisión, despliegue de pancartas, cambio de nombre de plazas y calles que pasaban a llamarse “de la insumisión”, revueltas ciclistas, acampadas delante de cárceles, acompañamiento a juicios, visitas a las cárceles…

El apoyo

En esta estrategia, los grupos de apoyo eran fundamentales. Maripi recuerda que “tenían un papel de apoyo personal al insumiso y por otro, un papel político importantísimo que era crear la difusión del antimilitarismo y la insumisión”.De esta manera, cuenta Nacho, “en el entorno cercano al insumiso, un grupo de personas optaban por constituirse en grupo de apoyo. Podían ser familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios, etc. Además, cuatro personas optaban por autoinculparse de haber sido quienes habían promovido que esa persona cometiera el “delito” lo que supondría un proceso legal también a ellas”. Así, cada desobediente generaba la movilización de un grupo de apoyo y su entorno ; movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y ONGs se unieron al boicot a la PSS.

“No hay prisión que pare la insumisión”

El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16 de noviembre de 1989 y también se produjeron las primeras condenas de cárcel que los insumisos tuvieron que cumplir en cárceles militares ya que la jurisdicción era militar. En 1991, los casos de insumisión al servicio militar pasaron a la jurisdicción civil. Si el Código Penal Militar fijaba la pena mínima para los insumisos a la mili en un año de prisión, el Código Civil establecía unas penas más altas para los dos tipos de insumisión : de dos años, cuatro meses y un día hasta seis años.

Para Nacho, “los momentos de entrada en la prisión, siendo especiales, eran un momento más dentro de la campaña. Venían precedidos de mucho trabajo (preparación de juicios, prensa, talleres de cárcel…)”. En las cárceles, la estrategia “era de no colaboración con la institución penitenciaria”, explica Nacho.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, Rafael Ajangiz, en ‘Objeción de conciencia, insumisión, movimiento antimilitarista”, explica que, en 1993, sólo el 10% de los objetores de conciencia se incorporaba a la realización de la PSS ya que había 118.000 jóvenes que se habían declarado objetores. En ese año, había 58 insumisos en las cárceles. Un año después, se pasó a 189. Esto llevó, en 1994, al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, a calificar la situación de auténtico “problema de Estado” y aque las fuerzas armadas empezarían a quedarse sin reclutas suficientes en tres años si la objeción continuaba siendo tan elevada.

“El volumen de resistencia al servicio militar en España ha sido el más alto conocido nunca en Europa”, indica Ajangiz. En 1995, la bolsa de objetores era de 200.000 y la objeción de conciencia crecía sin parar. Ese año se aprueba un Nuevo Código Penal que mantiene la penas de prisión para los insumisos, cuando la oposición a estas condenas está extendida en la sociedad española. En 1998 se rebajan las penas y unos meses más tarde se aprueba una nueva ley de regulación de la PSS. El Gobierno del PP anuncia que el último reemplazo de la mili dejará los cuarteles en diciembre de 2001. En el año 2002, el Gobierno se ve forzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión : se produce una amnistía para cerca de 4000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles. Además, se eliminan los antecedentes por insumisión.

20 años después

Ajangiz cree que “en España nadie cree posible que la mili pueda volver algún día. Hemos pasado página dejando atrás, que se dice pronto, cien años de obligación cuasiuniversal y otros tantos de quintas de pobres e infortunados”. Para Lluc Peláez, de la Assemblea Antimilitarista de Catalunya, “queda todo por hacer. La paz se trabaja día a día, la paz no es ausencia de guerra, es la lucha contra las causas que la originan. Entre esas causas están las desigualdades sociales, está el orden internacional injusto, están las industrias de armamento y el comercio de armas y está la vigencia unos valores humanos que a menudo quedan lejos de poder calificarse como tales.” Desde el MOC de Madrid señalan que “seguimos desobedeciendo para acabar con el militarismo y los ejércitos”.


Fuente: Kamala Orozco. Foto : MOC Madrid