La Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, junto a más de 60 organizaciones, convoca una manifestación en Madrid, el próximo Domingo 28 de Noviembre, con los lemas : “Que no te quiten el tren” y “Por un ferrocarril público, social, seguro y sostenible”.
La manifestación, saldrá a las 12 h de la Plaza de Atocha y acabará en la Puerta del Sol.
Estamos en un momento crítico para el ferrocarril. En los últimos años hemos padecido una política de transportes totalmente desfavorable al ferrocarril, fundamentada en una apuesta desmesurada hacia el transporte por carretera y con una clara orientación hacia la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos.
La Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, junto a más de 60 organizaciones, convoca una manifestación en Madrid, el próximo Domingo 28 de Noviembre, con los lemas : “Que no te quiten el tren” y “Por un ferrocarril público, social, seguro y sostenible”.
La manifestación, saldrá a las 12 h de la Plaza de Atocha y acabará en la Puerta del Sol.
Estamos en un momento crítico para el ferrocarril. En los últimos años hemos padecido una política de transportes totalmente desfavorable al ferrocarril, fundamentada en una apuesta desmesurada hacia el transporte por carretera y con una clara orientación hacia la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Desde el Ministerio de Fomento se ha venido disfrazando como impulso al ferrocarril la creación de infraestructuras paralelas a las que están en funcionamiento, exclusivas para la alta velocidad de viajeros, al tiempo que se han cerrado líneas, estaciones y talleres, y se han eliminado servicios : los ciudadanos se están viendo privados paulatinamente de un servicio público y de un elemento fundamental de integración.
Esta situación parece ser que se va a perpetuar en el futuro a la luz de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, que siguen apostando mayoritariamente por las caras e impactantes líneas de Alta Velocidad en detrimento del ferrocarril sostenible, el cual queda muy relegado en las inversiones. Los números cantan : 964 millones de euros se dirigen a la alta velocidad y al ADIF, frente a 228 millones para cercanías y unos escasos 97 millones de euros para el ferrocarril, mercancías y mejora de la seguridad.
Al tiempo que se produce esta situación, está a punto de entrar en vigor la aplazada Ley del Sector Ferroviario, aprobada por el Partido Popular en noviembre de 2003 y rechazada de plano por el resto de los grupos políticos. Paradójicamente, el partido que ahora la va a poner en práctica, el PSOE, presentó durante el proceso parlamentario una enmienda a la totalidad y una propuesta de veto. Entre los motivos alegados estaban la precipitación, la falta de rigor y la ausencia de participación en su elaboración, la carencia de perspectiva social, las deficiencias relativas a la seguridad ferroviaria y a la protección del medio ambiente o la inexistencia de garantías en los derechos de los trabajadores. Esta Ley está, además, considerada como inconstitucional por diversas Comunidades Autónomas, que han presentado recursos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.
La ministra de Fomento señaló en su día que para abordar la Ley del Sector Ferroviario era preciso definir un marco jurídico e institucional que contara con un amplio respaldo, entre otros, del conjunto de agentes sociales. Pero hoy, cuando falta poco más de un mes para la entrada en vigor de la Ley, seguimos sin conocer ese marco jurídico institucional y no han existido los prometidos contactos con el conjunto de agentes sociales, a pesar de haber sido demandados reiteradamente.
Para las organizaciones convocantes de la manifestación del domingo 28 de noviembre, la Ley del Sector Ferroviario supondrá la segregación de las empresas ferroviarias, la división posterior en numerosas empresas operadoras privadas, la subcontratación de trabajos con una grave disminución de la profesionalidad de las actuaciones, y el cierre de las líneas en las que el capital privado no tenga un interés específico. Las consecuencias serán la profundización en el abandono del ferrocarril, la desaparición del carácter público y social del ferrocarril y una drástica merma de la seguridad, por la separación de infraestructura y transporte.
Par : SFF-CGT
+Información : www.trenpúblico.org
