Los que defendemos la Universidad pública y las libertades no podemos menos que deplorar la entrada de la policía, a la vez que rechazar de forma rotunda cualquier agresión y expresar nuestra total solidaridad con el compañero profesor y con los estudiantes injustamente detenidos.
La Universidad Complutense fue noticia ayer por dos incidentes que nos hacen retroceder. Por una parte la policía, como en tiempos que se consideraban superados, entró en la Universidad para detener a estudiantes con un despliegue de fuerzas que ya nos gustaría ver combatiendo el crimen organizado.
La Universidad Complutense fue noticia ayer por dos incidentes que nos hacen retroceder. Por una parte la policía, como en tiempos que se consideraban superados, entró en la Universidad para detener a estudiantes con un despliegue de fuerzas que ya nos gustaría ver combatiendo el crimen organizado. El Rectorado de la Universidad justificó que pidiera la entrada de la policía en la Universidad porque estudiantes realizaban un “bloqueo a la entrada de estudiantes, profesores y personal” a las facultades del Campus de Somosaguas y un compañero profesor y vicedecano denunció la agresión de una minoría de incontrolados, insistiendo en que no debe confundírseles con los que simplemente participaban de la protesta contra los recortes que están destruyendo la universidad pública. Por otra parte estudiantes presentes señalan que lo que se produjo fueron forcejeos sin agresión, y los trabajadores del Campus han emitido un comunicado que desmiente al Rector. Señalan que nunca tuvieron “sensación de estar retenidos, pudiendo salir del centro los que lo deseaban”, por lo que su sorpresa es mayúscula al aparecer “18 furgones de antidisturbios…” que es “cuando, tanto trabajadores como alumnos, empezamos a tener sensación de miedo”. Los trabajadores informan que reclamaron “que se vaya la policía, al entender que se trataba de una acción totalmente desproporcionada ante lo que ocurría” y que “los antidisturbios comienzan a intimidar tanto a alumnos como trabajadores”. Los trabajadores critican “la intervención de antidisturbios como una medida injustificada, desproporcionada y antidemocrática”.
Los que defendemos la Universidad pública y las libertades no podemos menos que deplorar la entrada de la policía, a la vez que rechazar de forma rotunda cualquier agresión y expresar nuestra total solidaridad con el compañero profesor y con los estudiantes injustamente detenidos. Estos hechos no son sólo inadmisibles por lo suponen en sí mismo, pues afectan en lo personal a un profesor y a estudiantes pacíficos que sufren detención a pesar de haberse limitado a protestar en contra de la política de acoso y derribo que sufre la Universidad pública. También porque perjudican gravemente la lucha de defensa de la Universidad pública, ya que sólo provocan rechazo y dan pretextos a la caverna para criminalizar las protestas. Los estudiantes han sufrido una “criminalización preventiva” por distintas autoridades, ya que se alude a todos los detenidos como personas violentas y se las relaciona con la organización de la acción convocada frente al Congreso de Diputados, relación negada por los estudiantes y trabajadores presentes. Además, muchos medios presentaban como una sola noticia los incidentes en la Universidad, los producidos frente al Congreso e incluso la detención de la noche anterior de personas con “cócteles molotov” en un ejercicio de alineamiento con la estrategia del gobierno que, pareciera aplicar permanentemente los principios de propaganda de Goebbels. En este caso, los principios de “contagio” y “desfiguración con la ayuda de medios de comunicación afines”, que permiten asociar a los adversarios con otros identificados como peligrosos y exagerar los hechos desfigurándolos
En cualquier caso estos hechos desvían la atención de los serios problemas que atraviesa la universidad, pues el “bloqueo” que debería ser noticia central y condenado severamente, es el que impide el acceso a la Universidad de un elevado número de estudiantes de familias trabajadoras, que en realidad expulsa a muchos que ya no pueden pagar las elevadas tasas. Tasas que no paran de subir por decisión de los rectores, incluidos los que se definen de izquierdas como el de la Complutense, con el argumento que lo imponen los recortes presupuestarios del Gobierno. Estos recortes también sirven para justificar una política que castiga no sólo a los estudiantes sino a todo el personal, docente y de servicios, que sufre despidos, bajadas de sueldos y pérdida de derechos conseguidos en muchas décadas.
Es verdad que esta situación es creada por la política gubernamental que desmantela la educación y la sanidad pública favoreciendo su privatización. Pero los rectores, incluido el de la Complutense, en vez de ponerse al frente de la comunidad universitaria (hundida en la pasividad) convocando a defender la universidad pública agredida con la política del gobierno, se limitan a gestionar la aplicación de los recortes de personal y todo tipo de recursos, a la vez que suben las tasas a los alumnos. El recorte de profesorado y personal de servicios, además de su impacto en las vidas de los trabajadores afectados, también deteriora la calidad de la enseñanza, contribuyendo así a desvalorizar la universidad pública, lo que luego se utilizará como argumento para su desmantelamiento y/o privatización. Además este deterioro de las condiciones de enseñanza combinado con el aumento de tasas supone una estafa a los alumnos que pagan la matrícula y a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Por lo tanto el “bloqueo” a la universidad tiene otras manifestaciones y otros responsables, no los estudiantes.
Finalmente, a todos los que decimos defender la universidad pública y la democracia, además de pedir la libertad inmediata de los estudiantes injustamente detenidos, nos toca reflexionar sobre por qué algunos jóvenes se convierten en protagonistas aislados de acciones no de masas como las de los incidentes de ayer. Será que algo no estamos haciendo los demás, incluyendo algunos dirigentes de organizaciones que sólo aparecen en los medios y para pedir inciertos “acuerdos” para salir de la crisis a los que están lanzando bombas de destrucción social masiva de una violencia muy superior a la que ayer fue noticia. Destrucción social que detrás de los fríos datos del paro (6,2 millones) o familias desahuciadas (alrededor de 500 mil desde que comenzó la crisis) esconde una gran tragedia humana. Defender la educación, la sanidad, los derechos a una vida digna de los millones de excluidos, defender la democracia en suma, es obligación de todos. ¿Estamos en ello?.
Jorge Fonseca. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid
Artículo extraído de Público.es
Fuente: Jorge Fonseca
