Protesta por masacre Acteal (México), aún impune

Por favor envíe copias de sus cartas a :

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Brasil 14 Barrio de Mexicanos, CP 29240,

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Teléfonos : (967) 6787395 – 6787396 – 6783548 Fax (967) 678 3551

E-mail : noalaimpunidad@frayba.org.mx

cdhbcasas@laneta.apc.org

www.laneta.apc.org/cdhbcasas

y si eres de CGT copia a : sp-f.internacional@cgt.es

Una carta abierta

A Vicente Fox Quezada Presidente de México

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación

A la Procuraduría General de la República

Al Congreso de la Unión

Al Gobernador del Estado de Chiapas,

Procurador General De Justicia del Estado

Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Juez Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito Judicial, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Juez de lo Penal en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

¡NO A LA IMPUNIDAD !

El 22 de diciembre de 1997 en la población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, México, fueron masacrados 45 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz:15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas entre diez semanas a cinco meses, y 9 hombres, además de 25 heridos,por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército Federal Mexicanosin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, intervinieran en su ayuda, a pesar que el ataque se prolongó por más de 7 horas. Los grupos paramilitares existentes en la región desplazaron, asesinaron, amenazaron y hostigaron constantemente a las comunidades que se les oponían, meses antes de que la masacre ocurriera, por esto se había pactado un acuerdo de no agresión, que era el motivo de la vigilia que terminaba el 22 de diciembre.

Las víctimas de la masacre se encontraban desplazados de sus comunidades a raíz de la violencia generalizada en la zona, producto de la estrategia de guerra de baja intensidad, o de guerra irregular como la nombra el Ejército Mexicano que se puso en marcha por parte del gobierno de México después del levantamiento del EZLN en 1994.

A través de su estrategia contrainsurgente y al crear grupos paramilitares, el Estado Mexicano provocó el desplazamiento de miles de personas que se vieron obligadas a vivir bajo condiciones inhumanas ; les fue violado su derecho a la propiedad y posesión de la tierra y junto con éste, otros derechos que derivaban del cumplimiento de aquél, tales como el derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación entre otros. Junto con estos desplazamientos también se dieron violaciones al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personales, ya que las ejecuciones y desapariciones acontecidas en el estado de 1994 a 1999, no han sido esclarecidas.

Los gobiernos estatales y federales se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre en acciones que se generan en un contexto de guerra de baja intensidad, esto ha permitido que la defensa de los inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos de la masacre, señalando que se trata de un problema religioso, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de protección a los culpables, ya que mientras no existan reformas legales que integren un tipo penal especifico sobre grupos paramilitares, se seguirá utilizando términos como el de “grupos civiles armados”, consiguiendo con ello minimizar el carácter contrainsurgente de éstas organizaciones.

A partir de aquel 22 de diciembre se inició un largo peregrinaje en búsqueda de la Justicia por parte de las víctimas y ofendidos de la masacre, dentro del sistema de procuración y administración de justicia mexicano, que a la fecha no ha concluido. Múltiples violaciones a los derechos humanos de las víctimas y ofendidos han sido cometidas por el Estado Mexicano ; la dilación en la impartición de la Justicia y la Denegación de la misma, es evidente.

La masacre de Acteal constituyó un acto en el que fueron violados de manera brutal los derechos a la vida y a la integridad física ; asimismo los derechos de la mujer, de los niños, de protección a la familia tales como la maternidad y la paternidad, entre otros.

El derecho a la justicia, después de ocurrida la masacre ha sido también violado : el conocimiento de la verdad sigue pendiente ; los autores intelectuales no han sido investigados ; los juicios no se han realizado con prontitud y eficiencia ; el derecho a la reparación del daño ha sido negado y el Estado Mexicano no ha dado garantías para que hechos como la Masacre de Acteal no vuelvan a suceder.

La desaparición de la Fiscalía Especial para la atención de los delitos cometidos en el estado de Chiapas, así como de la Unidad Especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados, demuestran la intención de la autoridad de minimizar los hechos y la poca importancia que a la fecha dan al asunto.

El municipio de Chenalhó tiene la mayor presencia militar por población en el país después del Distrito Federal y a pesar de esto, el tráfico de armas y municiones, las amenazas y hostigamientos continúan, así como la presencia de paramilitares.

La impunidad y la injusticia no sólo permanecen para las víctimas de Acteal, sino también para las miles de personas desplazadas que aún hoy viven en condiciones infrahumanas ; los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones emitidas al Estado Mexicano por parte del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los desplazados internos, aún no han sido cumplidos ni siquiera en el caso de las familias retornadas, dado que los riesgos de violencia en las comunidades y de reactivación de los grupos paramilitares, siguen vigentes.

El Estado mexicano ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principal instrumento del Sistema Interamericano, y como parte de este tratado tiene la obligación de garantizar que se respeten entre otros, el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad de todos sus habitantes. En este sentido, la protección del derecho a la vida de las personas exige por parte de los órganos estatales una investigación seria, completa, eficiente e imparcial de este crimen de lesa humanidad como fue la masacre de Acteal, para de esta manera garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

El curso que tomó la investigación de este crimen de lesa humanidad, así como sus consecuencias, deberían servir como un llamado de atención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de México, ya que ponen en evidencia deficiencias estructurales del aparato estatal que afectan de manera directa el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. En este sentido, vale recordar lo dicho reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias con respecto a que una situación de impunidad «propicia la repetición crónica de violaciones de los derechos humanos.»

Mientras no se garantice una efectiva protección a los derechos elementales de la población más vulnerable, la verdad y la Justicia seguirán siendo una utopía.

Esto implica investigar penalmente a quienes se desempeñaban en 1997 como funcionarios de alto nivel y a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad : Secretario de Gobernación, Lic. Emilio Chuayffet, Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar ; Lic. Julio César Ruiz Ferro Gobernador del estado de Chiapas, Doctor Marco Antonio Besares Escobar, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas ; Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, Lic. Homero Tovilla Crisitiani y el Subsecretario de Gobierno del estado de Chiapas, Lic. Uriel Jarquín, y al Ejército Federal Mexicano por la formación y tolerancia de los grupos paramilitares.