En la Junta de Extremadura han emergido progresivamente considerables
diferencias salariales entre las retribuciones recibidas por los
funcionarios públicos de distintas dependencias y grupos y sobre todo
comparadas con los altos cargos públicos, esencialmente con los de
nombramiento discrecional con sueldos muy superiores a la media
regional como las estadísticas acreditan.
La finalidad de fijar oficialmente un SALARIO MÁXIMO en toda la
Administración Autonómica, se orienta en el sentido de evitar sueldos
exorbitantes, desigualdades excesivas y agravios comparativos, y
condicionar la existencia de salarios arbitrariamente fijados y
caprichosos, otorgados graciosamente por determinadas instancias de
públicas, en una región con elevadísimo índice de pobreza, alta
precariedad y bajos salarios en general, que incluye a los
trabajadores de las Administraciones Públicas, donde la mayoría son
mileuristas.
Tal límite máximo ha de incluir toda percepción en efectivo o en
especie y conceptos extrasalariales, eliminándose las prebendas una
vez que se ha cesado en el cargo. Igualmente se deben reducir las
diferencias salariales entre los grupos altos (A y B) y los grupos más
bajos (C, D y E) mediante aumentos lineales o inversamente
proporcionales y establecer posteriormente como norma el incremento
salarial lineal.
Así las cosas, la principal virtud, la ventaja indudable de esta
medida consiste en uniformar los salarios de estos funcionarios, lo
cual, desde el punto de vista del funcionamiento del empleo público,
conllevará proporcionalidad y equilibro para quienes desempeñan
funciones públicas, brindando también mayores facilidades para el
control de los recursos públicos que se invierten en sus salarios.
Y todo ello acompañado de una política de transparencia y publicidad
de los recursos públicos, para que exista el mayor control posible de
los fondos.
Igualmente es necesario fijar un máximo en los salarios de los
alcaldes, concejales y diputados provinciales para evitar abusos, y
más cuando en algunos ayuntamientos se han acordado retribuciones que
superan con creces la retribución del propio presidente del Gobierno y
los presidentes de comunidades autónomas.
Estas medidas ya existen en otros países democráticamente avanzados.
Desde CGT proponemos en principio que el tope máximo retributivo anual
de todos los cargos públicos adscritos a la Junta de Extremadura, sus
empresas públicas y resto de organismos dependientes u autónomos, se
fije en 40.000 euros al año incluidos todos los conceptos
retributivos..
Fuente: CGT Cáceres
