SEVILLA. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) denunció ayer los malos tratos que sufren los menores de los centros de reforma de la comunidad. Esta asociación ha recibido un total de 73 cartas escritas por los 72 menores que se encuentran en régimen de encerramiento en los diferentes centros que tiene la Junta de Andalucía. Rafael Lara, coordinador general de esta organización, señalaba que « casi el total de los jóvenes que se encuentran en ese régimen nos han emitido cartas, en las que describían la situación tan grave que estaban soportando ».

SEVILLA. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) denunció ayer los malos tratos que sufren los menores de los centros de reforma de la comunidad. Esta asociación ha recibido un total de 73 cartas escritas por los 72 menores que se encuentran en régimen de encerramiento en los diferentes centros que tiene la Junta de Andalucía. Rafael Lara, coordinador general de esta organización, señalaba que « casi el total de los jóvenes que se encuentran en ese régimen nos han emitido cartas, en las que describían la situación tan grave que estaban soportando ».

Competencia de la Junta y gestionados por empresas privadas, los centros objetos de las denuncias son La Marchenilla, en Cádiz ; Las Lagunillas, en Jaén ; Los Alcores y La Jara, en Sevilla ; Tierras de Oria, en Almería y Azahara, Medina y Sierra Morena, en Córdoba. Entre las quejas de estos chicos destacan los malos tratos tanto psíquicos como físicos que están soportando, ya que les sujetan a una cama de hierro sin colchón, les esposan las manos unidas a pies sujetos por una cinta, les golpean con la porra y les dan puñetazos.

Esther Muñoz, la coordinadora del Área de Cárceles de APDH-A, indicó que « en los centros no se respeta la intimidad de la correspondencia de los menores ni se dan permisos de salida ». Además, otra medida de presión es el desarraigo, es decir, « cambiarlos de centro a otro más cercano a su lugar de residencia o el aislamiento absoluto de los primeros días de internamiento, cuando los técnicos de los centros observan a los jóvenes mientras estos sólo se nutren de bocadillos y no pueden recibir visitas », manifiesta Muñoz.

« Este sistema provoca una desestructuración de unos niños que tienen entre 14 y 18 años », añadió la coordinadora, quien comentó que « los casos en los que los jóvenes se reforman y asumen responsabilidades son mínimos y, por ello, esta política no fortalece las habilidades de los jóvenes para su posterior adaptación social y laboral ». Los chicos escriben en el informe de la APDH-A que « se sienten totalmente coartados, impotentes, incomunicados y deprimidos y sin poder expresar sus emociones ni sentimientos, y sin asistencia médica ni psíquica ».

Esta asociación ha puesto en conocimiento de la Junta esta situación y, según Lara, « le hemos pedido que nos dé autorización para entrar en los centros y así conocer de primera mano esos problemas, pero a día de hoy hemos recibido la callada por respuesta ». En este sentido, « la asociación « sólo sólo quiere que no se vulneren los derechos fundamentales de estos chicos y que se reflexione sobre el rumbo al que nos lleva este tipo de política penitenciaria », subraya Lara.

Por su parte, la Consejería de Justicia niega la existencia de malos tratos en los centros de reforma de menores y afirma que las investigaciones abiertas por las quejas recibidas demuestran que no se ha producido ninguna irregularidad ni anomalía en el trato dispensado a los jóvenes, por lo que considera que esas denuncias carecen de todo fundamento.

En lo que respecta a esta respuesta de la Consejería, Esther Muñoz puso en tela de de juico la « rigurosidad » de las investigaciones que hayan realizado, « en el caso de que lo hayan hecho, ya que a nosotros no nos han dejado », concluye.

ABC