La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH-A) denunció ayer que agentes del Cuerpo Nacional de Policía provocaron la situación que desembocó posteriormente con la petición del Ministerio Fiscal de dos años de prisión para una mujer de 45 años, cuyas iniciales son E. R. Esta persona está acusada de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.
El vocal de la comisión de Marginación de APDH-A en Córdoba y abogado del colectivo, Lorenzo Ochoa, anunció ayer que solicitará al Ministerio Fiscal que retire la petición de dos años de prisión para esta mujer, al entender que el altercado en el que se vio involucrada fue consecuencia del trato que los policías le dispensaron cuando llegó a la comisaría de Campo Madre de Dios.
Según la versión de la asociación humanitaria, E. R. acudió el 21 de abril a la comisaría de Campo Madre de Dios para preguntar por el paradero de su hijo y los agentes le informaron de que su hijo no estaba allí y que se marchara. APDH-A asegura que este joven acudió ese mismo día al juzgado de instrucción número 3 de Córdoba para declarar por su presunta implicación en un robo a un repartidor de pizzas. El joven fue puesto en libertad por la autoridad judicial al reconocer la propia víctima en una rueda de reconocimiento que no participó en el robo, siempre según la asociación. El joven había acudido al juzgado porque en un principio sí fue reconocido por el repartidor, que luego aseguró que no participó en el robo.
Lorenzó Ochoa sostuvo que la madre del joven se desplazó a dicha comisaría para preguntar por su hijo y que los agentes le manifestaron que no se encontraba allí y que se marchara. Fue tras recibir esa respuesta cuando se produjo el «acaloramiento de la madre, que ella misma reconoce», precisó Ochoa. «Hubo insultos pero ningún tipo de agresión», agregó.
Este diario intentó ayer, sin éxito, recoger la versión de la comisaría.
A. CHAVES – Córdoba
EL PAÍS