La Junta de Andalucía en calidad de cómplice necesaria de las empresas comisionistas, ha fijado unos servicios mínimos de un 80%, cantidad que se consideran absolutamente abusiva, máxime cuando el personal está encuadrado dentro del convenio de Telemarketing (Venta telefónica).

Estos servicios mínimos están impidiendo de facto que los trabajadores puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga. La asesoría jurídica de CGT, ya trabaja en la impugnación de estos servicios mínimos ante la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de Andalucía.

Estos servicios mínimos están impidiendo de facto que los trabajadores puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga. La asesoría jurídica de CGT, ya trabaja en la impugnación de estos servicios mínimos ante la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de Andalucía.

Por otra parte, como estaba previsto, se han celebrado concentraciones en las capitales de provincias andaluzas, en las puertas de las delegaciones del gobierno andaluz, como protesta por las actuaciones del gobierno socialista que incumple los mandatos del parlamento mediante el incumplimiento de las proposiciones no de ley aprobadas para los servicios 061, 112 y Salud Responde.

La insumisión de Susana Díaz hacia los acuerdos del pleno del Parlamento, hacen que pueda ser catalogada como una dictadora por la evidencia de otorgar concesiones millonarias a empresas que enriquece sin ningún tipo de pudor y que maltrata a sus trabajadores y trabajadoras dándoles unas condiciones esclavistas con el fin de aumentar sus ya de por si elevados beneficios. Empresas que no invierten, arriesgan o exponen absolutamente nada en los servicios que presta pagado con dinero público.

Mañana veintidós de Septiembre, se desarrollará la segunda jornada de huelga y se realizará una concentración a las puertas del Parlamento andaluz por la mañana, donde se estará interpelando a la Presidenta de la Junta de Andalucía sobre sus no actuaciones e incumplimientos sobre los mandatos del Parlamento.


Fuente: FATYC de CGT-A