El avance logrado ayer en el Senado cuando si bien se rechazó el indulto general a los presos políticos, pero se dejó la puerta abierta para buscar una segunda fórmula que termine con su presidio, fue interpretado satisfactoriamente por los detenidos quienes decidieron que era hora de dejar atrás la huelga de hambre que hoy cumplió su día 74 y que los mantiene con un delicado estado de salud.
La decisión fue comunicada por representantes de los huelguistas quienes destacaron ante todo los pasos alcanzados ayer. “Libertad ante todo” dijo el vocero del grupo Italo Jara, quien insistió que ellos no son terroristas, sino presos detenidos por razones políticos, aspecto que -a su juicio- quedó en evidencia el debate que tuvieron los senadores.
Con la decisión adoptada hoy, los detenidos Jorge Mateluna, Jorge Espínola, Hardy Peña y Esteban Burgos, dejan atrás su huelga y comienzan un intenso tratamiento para subsanar el daño provocado por la ausencia de ingesta de alimentos.
“A seguir luchando con todo el empeño que puede surgir del corazón y la conciencia”, reza la carta difundida por los huelguistas, quienes dedicaron “los triunfos de esta durísima huelga de hambre a todos los familiares que sin ser entes políticos y venciendo el dolor supieron estar a la altura de las circunstancias, asumiendo un rol protagónico”.
Luego de esta determinación los detenidos enfrentan dos panoramas. El primero, y para estos efectos más inmediato, es intentar remediar el daño causado a su salud. El vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Villarroel, explicó que presentan un daño hepático probablemente irreparable, y que incluso uno de ellos “tiene riesgo vital en las próximas horas si esto no se corrige, pero la corrección es relativamente simple de realizar. El resto está con su función renal limítrofe, o sea el riñón está funcionando, pero en niveles que ya no pueden resistir más”.
Recordó que los detenidos “han bajado en promedio 25 kilos de peso y algunos 28 kilos de pesos”, descenso que dejará huella en sus organismos.
Y por otro lado -como segundo gran aspecto- los detenidos y sus representantes seguirán al pie de la letra la discusión que se realice en el parlamento para concretar la nueva fórmula que garantizaría la libertad de la gran mayoría de los detenidos.
La propuesta considera mantener el indulto a los procesados y condenados por las leyes de control de armas, de seguridad interior del Estado y el Código Penal, que corresponden a dos tercios de los 61 presos que aspiraban al beneficio.
A juicio del abogado de los presos, Alberto Espinoza, todavía no se puede hablar de quienes serán beneficiados, ya que existen muchos temas judiciales que cruzarán este debate.
En el gobierno, en cambio, la mirada es mucho más optimista. El ministro del Interior, José Miguel Insulza, manifestó que la nueva fórmula debería ser despachada dentro del próximo mes “por el Senado, así lo espero, y ojalá lo podamos aprobar de inmediato en la Cámara de Diputados». Con ello la iniciativa sería realidad en menos de treinta días.
Insulza reconoció que «es difícil de entender» por qué se aprobó «una rebaja de penas sustantiva, a un máximo de 10 años», pero no «para tres líneas de la ley, que se referían al indulto general». Además, insistió en que el consenso alcanzado no puede ser interpretado como un fracaso, “no ha habido ningún retroceso importante y vamos a seguir adelante», declaró la autoridad a radio Cooperativa.
El Senado, en tanto, mediante un comunicado confirmó que el gobierno, a través de asesores jurídicos del ministerio del Interior, junto con Gendarmería estudian caso a caso los procesos y las condenas de los 61 presos por delitos con móviles políticos cometidos entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998, para establecer con claridad cuántos de ellos podrán acogerse al beneficio otorgado en el proyecto, en primer trámite, que establece una pena única de 10 años.
Visitas previas
Previo a definir el fin de la huelga, los detenidos recibieron hoy la visita de políticos y del vicario de la Pastoral Social, Alfonso Baeza, que cifraban sus esperanzas en el termino de la huelga.
El vicario Baeza manifestó ante todo su inquietud por la salud de los cuatro huelguistas y reconoció que está «un poco triste, pues se aprobó la idea de legislar para la libertad de varios presos que pueden acceder al indulto, pero lamento mucho que haya quedado fuera la gente por la cual se tramitó esta ley».
«Para el indulto de las otras personas el Presidente estaba autorizado, pero en el caso de los acusados por delitos terroristas sólo puede hacerlo por ley y esa idea fracasó en el Senado», lamentó Baeza.
El representante del mundo eclesial, que desde un comienzo ha cerrado fila por la causa de los presos políticos, admitió que lo sucedido en el Senado es un avance «porque se logró discutir abiertamente el tema y existe conciencia que hay que arreglar este asunto. Se cuenta con la voluntad del Presidente de la República, de la Concertación por la Democracia y de otras personas que creen que hay que dar otra oportunidad a quienes se equivocaron en la vida política».
Junto a monseñor Baeza visitaron a los detenidos el diputado Antonio Leal (PPD) y el senador Jaime Gazmuri (PS), quienes también insistieron en la importancia del fin de la huelga y del paso que se ha dado para concretar la libertad de estos prisioneros.
Par : relaciones internacionales
