En un dictamen presentado ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), la AEDIDH (Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) revela que en 2009 sufrieron privación de libertad en los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) existentes en España y hasta por 60 días, un total de 16.590 personas extranjeras, de las cuales 8.935 fueron expulsadas del país.

 

La Ley española obliga al internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular, a pesar de que no haya cometido ningún delito, a los efectos de asegurar su expulsión.

La Ley española obliga al internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular, a pesar de que no haya cometido ningún delito, a los efectos de asegurar su expulsión.

Puesto que en la mitad de los casos no se ha procedido a la expulsión, la detención
administrativa ha sido violatoria del derecho a la libertad y a la seguridad personales que
proclaman tanto la Constitución Española como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Además, al ser una medida desproporcionada en relación a su objetivo de regular las
migraciones, resulta discriminatoria y por ende contraria al Art. 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR).

La AEDIDH también denuncia las condiciones inhumanas de internamiento que
sufren todas las personas extranjeras afectadas, así como frecuentes abusos y malos tratos
que son violatorios del derecho a la integridad física y moral y del derecho a un recurso
efectivo de las personas extranjeras internadas en los CIE. Por lo que sufren una
discriminación múltiple que es incompatible con los Arts. 5 y 6 de la CIEDR.

El dictamen concluye que los CIE deben ser sustituidos por medidas alternativas que
ya existen en otros países, como la obligación de permanecer en un centro abierto. También
insiste en que España debe ratificar urgentemente la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

El CEDR examinará en Ginebra los días 23 y 24 de febrero de 2011 el informe de España sobre
la aplicación de la CIEDR en el ámbito nacional.

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Dictamen CIE