Comunicado
A la vista del texto de la futura Ley de Memoria Histórica que el Gobierno ha defendido en el Congreso de los Diputados el 14 de diciembre de 2006, y teniendo presente las reivindicaciones básicas que como organización presentábamos ya el pasado 2 de diciembre de 2004 ante la Comisión Interministerial creada para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo,
Comunicado
A la vista del texto de la futura Ley de Memoria Histórica que el Gobierno ha defendido en el Congreso de los Diputados el 14 de diciembre de 2006, y teniendo presente las reivindicaciones básicas que como organización presentábamos ya el pasado 2 de diciembre de 2004 ante la Comisión Interministerial creada para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo,
CGT MANIFIESTA públicamente su posición de absoluto rechazo al texto de esta futura Ley de Memoria Histórica por las siguientes razones básicas :
Las posiciones defendidas por CGT no se reflejan de forma clara y contundente en la ley, como podemos comprobar en los ámbitos de (1) Recuperación de las personas asesinadas, encarceladas, desterradas, torturadas, sepultadas en fosas comunes, ajusticiadas, esclavizados, depuradas ideológicamente, condenadas en procesos judiciales irregulares por un gobierno ilegítimo e ilegal ; (2) Recuperación de las ideas defendidas desde concepciones republicanas y anarcosindicalistas frente al alzamiento militar. Ideas sociales, económicas, culturales, educativas, organizativas que deben ser recuperadas y trasladadas a los textos escolares ; (3) Recuperación de documentos para conocer nuestra historia en su totalidad ; (4) Recuperación de bienes y patrimonio incautado y posteriormente mal distribuido. Esta ley de la Memoria Histórica no condena el régimen franquista ni rehabilita de forma expresa a todas su victimas. Es una ley que tiene como objetivo la desmemoria histórica colectiva de una sociedad que luchó por un sistema de libertades legalmente constituido y todo lo reduce a una mera recuperación de memorias individuales, ignorando realmente el genocidio sufrido por la sociedad española que participó en esa lucha. Es una ley que juega a la equidistancia entre victimas y verdugos. Una ley que, renunciando a la recuperación de la memoria histórica colectiva, ignora que la lucha por la defensa del sistema democrático no fue un proceso individualizado sino social, ignora la necesidad de defender como Estado de Derecho los valores de la libertad, la democracia, la justicia, y que ello sea transmitido a los centros educativos para que forme parte de nuestra conciencia colectiva. En consecuencia, es una ley que no anula de oficio las sentencias y juicios sumarísimos del franquismo por lo que frustra todas las expectativas de resarcimiento de la justicia, reconocimiento, dignificación, deuda moral y material que precisan todas las victimas y luchadores antigolpistas y antifranquistas, como así se viene exigiendo desde las diferentes asociaciones, colectivos e instituciones que defienden los derechos humanos. Es una ley en la que el Estado de Derecho hace dejación de toda responsabilidad legal y jurídica con relación a las victimas y luchadores por las libertades, reduciendo su actuación a un mero papel asistencial, trasladando de forma individual a cada victima su responsabilidad para luchar, en un entramado burocrático durante un año, por su reconocimiento personal, su reparación. Con esta ley se legitima para siempre el régimen franquista al reconocer sus sentencias-farsa, al no condenarlas por flagrante vulneración de derecho, al no anularlas, dejando que sea cada victima quien tenga que demostrar su inocencia y preservando, en todo caso, la identidad de los responsables de esas arbitrarias sentencias franquistas. Las sentencias franquistas representan la represión de la lucha en defensa de la libertad y la democracia. Si la actual democracia no anula esas sentencias, la democracia se hace cómplice e indirectamente las asume. Para CGT, lo que condenó la dictadura franquista y a quienes condenó, no puede seguir condenándolo la democracia. El Estado se lava las manos en el proceso de localización e identificación de fosas comunes y victimas, no adquiriendo ningún compromiso político. Es una ley que no profundiza en la dignificación de las victimas y de las ideas que defendían. Estamos ante una ley de mero trámite y lavado de imagen ante la opinión pública y las asociaciones y colectivos por la recuperación de la memoria, una ley que burocratiza todo el procedimiento individualizado de reparación, que no asume ninguna de las reivindicaciones que venimos presentando como organización junto con numerosos colectivos sociales, asociaciones…Desde CGT hacemos un llamamiento a la MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA frente a esta ley frustrante así como el BOICOT a cuantas medidas simbólicas y honoríficas se plantean en la misma como si se tratase de meros platos de lentejas (concesión de medallas, concesión de ayudas testimoniales, presentación de solicitudes individualizadas…).
Es preciso seguir luchando hasta el esclarecimiento en profundidad de la etapa franquista para restaurar la verdad sobre el horror de la dictadura, para restaurar la dignidad de todas las victimas y la dignidad de sus ideas.
Fuente: Gabinete de Prensa Confederal
