En los Estados miembros de la Unión Europea y en los países situados en sus fronteras (Libia, Marruecos, Turquía, Ucrania) incluso más allá (Mauritania, Líbano), los lugares de detención para extranjeros, cuyo número no ha dejado de aumentar desde finales del siglo 20, tienen por objetivo ocultar las prácticas contrarias a los compromisos internacionales que algunos de estos mismos estados han firmado (Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, etc. ).
En Chipre, Grecia, Italia o Malta, los extranjeros son automáticamente detenidos, independientemente de su situación humanitaria y / o jurídica, incluidos los que son rescatados o interceptados en el mar después de largos viajes .
De cualquier manera que se les llame, los centros de retención de extranjeros se han convertido en un instrumento privilegiado para la gestión de las migraciones. Se detiene a personas que no han sido juzgadas ni condenadas, en condiciones carcelarias, llegando a veces a su encierro en celdas, por el único motivo de no haber respetado las normas relativas al cruce de fronteras y la estancia, a pesar de que estas normas pueden ser contrarias al derecho internacional, por ejemplo en el ámbito de la protección a los refugiados. En algunos lugares, el maltrato y la violencia física o psicológica son algo cotidiano. Los frecuentes incidentes (revueltas, huelgas de hambre, incendios), a veces dramáticos (suicidios, muertes), ponen de relieve la inadecuación del sistema de encierro a las personas a quienes se aplica.
La proliferación de centros de internamiento va unida al aumento de la duración de la detención, que a menudo supera el tiempo necesario para llevar a cabo las expulsiones. Detrás de los objetivos oficialmente buscados (racionalizar la gestión de las migraciones), la institucionalización de la detención de migrantes está dirigida a mantener una política de disuasión, y a criminalizar a quienes se designa como indeseables. Esta política, contraria a los principios democráticos, tiene un coste exorbitante : no sólo en el plano humano, sino también porque los medios administrativos y policiales movilizados superan sin duda varios miles de millones de euros sólo para los países de la Unión Europea.
Desde 2002, la red Migreurop se ha implicado en la documentación y denuncia de las consecuencias de las políticas migratorias de la UE, en particular la detención de los migrantes. Desde 2004, sus miembros hicieron un llamamiento Contra la creación de centros de internamiento en las fronteras de Europa. Mientras tanto, los informes se han acumulado, elaborados por organismos de la ONU, el CPT (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura), el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, misiones parlamentarias, organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales. Todas las encuestas y observaciones de campo llevan a la conclusión de que la detención administrativa de extranjeros supone en sí, una violación de los derechos fundamentales : en primer lugar, la libertad de circulación, pero también el derecho de asilo, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, o incluso los derechos específicos que tienen las personas vulnerables, en particular los niños. Un estudio encargado por el Parlamento Europeo en 2007, muestra que « el confinamiento en centros de detención conduce a la creación o exacerbación de los problemas psicológicos de los extranjeros detenidos, [trastornos] que pueden revelarse dramáticos cuando se trata de menores».
A menudo, el encierro escapa a cualquier control judicial efectivo, cuando están en juego libertades individuales.
El encierro masivo de migrantes, tal como se lleva a cabo en el contexto de la política europea en materia de asilo e inmigración, se revela inútil en relación a los objetivos de « control de flujos migratorios» que supuestamente le son asignados. No es apropiado para detener un fenómeno -la inmigración llamada «irregular»- que es inútil abordar desde un enfoque securitario. Participando de la estigmatización del migrante como culpable, y promoviendo la idea de que ejercer su derecho a viajar es un delito, está en el origen de violaciones frecuentes de los derechos humanos, y alimenta el racismo y la xenofobia.
Migreurop pide a los gobiernos de los Estados miembros de la UE y los países situados en sus fronteras el cese de la utilización de la detención como práctica de control migratorio, y llama a la opinión pública a rechazar todas las lógicas de encierro de extranjeros.
Abril 2010
Resumen de los problemas constatados en los lugares de encierro de los migrantes
Algunos problemas se repiten en las descripciones hechas por las organizaciones u organismos que han visitado los centros de retención de extranjeros. La síntesis de la Relatora del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, sacada en enero de 2008 de los informes de las visitas efectuadas durante los meses anteriores, resume bien los problemas y violación de los derechos que suponen* :
A los problemas señalados en este resumen se puede añadir la aparición de patologías específicas, en particular trastornos psiquiátricos que caracterizan casi siempre la situación de los migrantes detenidos, independientemente del país o de las condiciones materiales de la misma.
