Artículo de opinión de Octavio Alberola
Que la memoria sea «cívica» o una «cultura», el problema es la irreductible incompatibilidad entre las «políticas de memoria» y el «derecho a las memorias»
El Anteproyecto de ley de «memoria democrática», presentado por el Gobierno de «coalición progresista» para «reparar y reconocer la dignidad de las víctimas», ha abierto un interesante debate sobre el objetivo de las «políticas públicas de memoria democrática» en el contexto político español actual.
Que la memoria sea «cívica» o una «cultura», el problema es la irreductible incompatibilidad entre las «políticas de memoria» y el «derecho a las memorias»
El Anteproyecto de ley de «memoria democrática», presentado por el Gobierno de «coalición progresista» para «reparar y reconocer la dignidad de las víctimas», ha abierto un interesante debate sobre el objetivo de las «políticas públicas de memoria democrática» en el contexto político español actual.
Un tema polémico que ha incitado a los historiadores Jorge Marco y Fernando Hernández Holgado a pronunciarse en dos artículos recientes: en el del primero por «una nueva memoria cívica»(1) que dote «de un nuevo significado» los discursos del franquismo y los sitúe «en un nuevo marco narrativo», y en el del segundo por una «cultura de la memoria» (2) que «no acalle ni instrumentalice las memorias» y promueva el «reconocimiento a las víctimas».
Pues bien, aunque podría compartir esos dos pronunciamientos, el problema es que no solo considero utópica su implementación institucional en el marco de la batalla política actual sobre las «políticas públicas de memoria democrática» y de enquistamiento en la «batalla de relatos», sino también contraproducente esperar de esas «políticas» la implementación ciudadana de la «memoria cívica» y la «cultura de la memoria». ¿Cómo esperarlo en un contexto en el que aún prevalecen los Pactos de la Transición «atada y bien atada», y en el que están aún tan presentes los Poderes fácticos que la Democracia ha heredado de la Dictadura al no producirse una ruptura institucional con ella?
Claro que el hecho de no compartir esos pronunciamientos no es óbice para considerar pertinente la argumentación que ha conducido a formularlos. Y más compartiendo con sus autores la misma «insatisfacción» ante los argumentos que se están esgrimiendo en torno a ese anteproyecto de ley y coincidiendo, además, en la necesidad de «reconocer las complejidades del pasado y las diferentes lógicas de violencia que operaron en la guerra española». No solo para dotar los discursos del franquismo «de un nuevo significado y situarlos en un nuevo marco narrativo» sino también para que la «memoria cívica» y la «cultura de la memoria» no obvien los «aspectos incómodos del pasado» y sean la expresión de una «memoria verdaderamente inclusiva» y «proactiva en la defensa del patrimonio democrático material e inmaterial de la lucha contra la dictadura».
Pero, considerar pertinente esa argumentación y puramente semántica la diferencia entre las dos proposiciones, no significa compartir su propósito de presentarlas como fundamento de las «políticas públicas de memoria democrática». Un propósito -fijar lo que se debe hacer hoy en «términos de políticas de memoria»- que me parece contradictorio con la voluntad y la necesidad de situar el «derecho a las memorias» en el «ámbito público y ciudadano, que no en el institucional». Voluntad y necesidad que comparto.
«Políticas de memoria» y «derecho a las memorias»
Es pues por todo esto que considero necesario ir más allá de la propuesta de «política pública de memoria», que hoy se autocalifica de «democrática», para evidenciar la irreductible incompatibilidad entre las «políticas de memoria» y el «derecho a las memorias». Y que debemos hacerlo por ser obvio que el objetivo de las batallas políticas actuales, entre la «derecha social, mediática y política», y «la izquierda social, mediática y política», no es garantizar el «derecho a las memorias» sino imponer cada una su relato memorialista desde las instituciones del Estado.
Además de no ser siquiera posible, en un tal contexto y con el lastre de la Transición que impuso una «reconciliación nacional» poblada de «silencios, olvido e impunidad», consensuar una «política de memoria» que concilie las «dos memorias»: la de una «apología memoriae» de las víctimas en la zona republicana y la de una «damnatio memoriae» de las víctimas durante el franquismo. Como lo prueban la reacción de la «derecha social, mediática y política», a la presentación del Anteproyecto de ley del Gobierno de «coalición progresista», y las medidas tomadas por los gobiernos autonómicos en manos del PP, VOX y Ciudadanos contra símbolos memorialistas republicanos.
No es pues sensato pensar que esa «derecha» o esa «izquierda» -que son las únicas a poder imponer «políticas de memoria»- renunciarán a imponer su relato e intereses. Y más aún sabiendo que las políticas de memoria «dosifican adecuadamente el pasado a mayor gloria de quien ahora manda», como lo reconoce el autor del artículo en el que se propone una «cultura de la memoria».
En tales condiciones, ¿cómo propiciar y pensar posibles la «memoria civica» y la «cultura de la memoria» como «políticas de memoria»?
Sobre todo cuando, a pesar de defender -siguiendo al filósofo Reyes Mate (3)- «la creación de una «cultura de la memoria», esencialmente ciudadana pero apoyada por una ‘estrategia teórica e institucional’», se reconoce que el obstáculo principal, para garantizar el «derecho a las memorias» y apoyar «las actividades de los colectivos» memorialistas, es «la politización del debate sobre la memoria en forma de ‘batalla cultural’ de unos contra otros». Una batalla que solo puede superarse «en el ámbito publico y ciudadano», confrontando «las diversas memorias de los testigos de la guerra y de la dictadura» a través de la recuperación del pasado por las «asociaciones memorialistas y los colectivos ciudadanos interesados en el recuerdo» y «mediante un diálogo científico continuo» entre estas «memorias».
Claro que se puede desear que «las políticas públicas de memoria democrática» recojan y canalicen «las aspiraciones de la sociedad civil», incentiven «la participación ciudadana y la reflexión social» y reparen y reconozcan «la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática»; pero la realidad de la política y del comportamiento de todas las instancias del Poder, a lo largo de la historia española y de la humanidad, muestran lo utópico de un tal deseo y nos recuerdan que las «políticas de memoria» responderán siempre a los intereses de quienes detenten el Poder. Por lo que no queda otra alternativa que la de hacer frente a todas las tentativas por imponer una «memoria», admitir la existencia de «memorias» y defender el «derecho a las memorias». Pues, además, de que «los conflictos entre memorias no deberían asustarnos», lo que debe importarnos no es ganar la «batalla de memorias» sino contribuir a aproximarnos a la verdad histórica, de ese pasado, para que la ciudadania se la apropie crítica y proactivamente.
Octavio Alberola
Notas:
https://ctxt.es/es/20201101/Firmas/34167/Jorge-Marco-memoria-guerra-civil-dictadura-franquismo-Transicion.htm
(2) https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34592/memoria-jorge-marco-memorial-madrid-almeida-largo-caballero-fernando-holgado.htm
(3) http://www.pensamientocritico.org/manrey0316.htm
Fuente: Octavio Alberola
