El sistema de adjudicación de plazas de Formación Profesional está centralizado desde la consejería. En el mes de julio hay dos adjudicaciones. En septiembre, quienes aspiran a una plaza reciben, en el mejor de los casos, un mensaje con la información de una plaza disponible; también pueden recibirlo quienes hubiesen obtenido en alguna convocatoria anterior, siempre que se trate de una mejora en sus peticiones. Tienen 48 horas para aceptar o rechazar.
A estas alturas, hay multitud de centros andaluces con plazas disponibles, a pesar de que muchas personas están a la espera de que se les asigne. Se dan casos de centros con ciclos de Intervención Sociocomunitaria, de la rama Sanitaria y muchas otras con plazas sin cubrir aunque dispongan de lista de espera de aspirantes. Hay, por ejemplo, un instituto cuyo ciclo de Formación Profesional Básica carece de alumnado asignado, al tiempo que no se puede recurrir a su lista de espera.
No tiene mucho sentido. Salvo que la idea sea que, entretanto, los centros privados vayan engrosando sus aulas y sus arcas. Conociendo los hábitos y gustos de la actual y anterior consejería, va a ser que sí.
Las consecuencias son, entre otras:
-Personas que no pueden estudiar lo que quieren.
-Profesorado desplazado.
-Docentes que recurrentemente deben retomar el temario por la incorporación de nuevo alumnado.
-Pérdida de recursos para la pública y aumento para la privada.
Desde CGT exigimos una gestión ágil y eficiente del procedimiento que no perjudique a la pública: ni a su personal ni a quienes quieren estudiar en ella.
Fuente: FASE-CGT
