La falta de transparencia impide realizar un control preventivo de las exportaciones españolas de armas. El Gobierno afirma que se trata de «cartuchos de caza»
Amnistía Internacional, Escuela de Cultura de Paz, Greenpeace e Intermón Oxfam reclaman al Gobierno que detalle las medidas que ha adoptado para garantizar que las importantes cantidades de munición exportada a los países subsaharianos en los últimos años no están siendo destinadas a uso militar.
Por ejemplo, sólo en el año 2002 se exportaron a un país como Ghana, de menos de 20 millones de habitantes, más de 500 millones de municiones. Según el Gobierno, se trata de «cartuchos de caza». La falta de transparencia del Gobierno en materia de comercio de armas impide conocer el destino final y el uso real de esta munición.
Estas ONG difundieron el pasado 29 de enero el informe : «Análisis de las exportaciones de armamento 2002» elaborado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. En dicho informe se expresaba una gran preocupación por el hecho de que España exportaba grandes cantidades de municiones a países subsaharianos, en apariencia obuses, tanto por el peso como por el importe de lo exportado. El Gobierno respondió al día siguiente señalando que lo indicado como «unidades» en el Registro de Aduanas, debía interpretarse como «miles de unidades», así como que no se trataba de armamento militar, sino de «munición de caza regular». En su comunicado, el Gobierno aludía a que las exportaciones a las que se refieren las ONG corresponden a envíos con cargo a las posiciones estadísticas 93062100 (cartuchos para escopeta), 93063091 (cartuchos de percusión central) y 93062940 (vainas).
«Se trata de la primera vez que el Gobierno aporta datos concretos sobre unas exportaciones que venimos denunciando desde 1999, no sólo en nuestros informes, sino también diversos diputados mediante intervenciones parlamentarias», afirma Vicenç Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz.
No obstante, con el fin de evitar futuras discrepancias en las interpretaciones de las estadísticas, las organizaciones han remitido una carta a la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, pidiendo al Gobierno copia de la documentación oficial referente a las inspecciones físicas de las municiones realizadas en el año 2001 y a otras posibles comprobaciones posteriores.
¿Armas con destino militar ?
Asimismo las ONG instan al Gobierno a que explique públicamente qué medidas ha adoptado para garantizar que el uso final de las municiones exportadas a los países subsaharianos no es militar.
A pesar de que el Gobierno afirma que las municiones que exporta son exclusivamente para uso deportivo, para las organizaciones existe un riesgo serio y fundamentado de que el uso final de esas municiones sea militar. Los centros de investigación más prestigiosos, como el Small Arms Survey, consideran en sus estudios las partidas arancelarias mencionadas por el Gobierno, ya que dichas partidas a menudo incluyen material de uso militar.
Además, la Unión Europea ha impuesto restricciones a las exportaciones de este tipo de municiones a países sujetos a embargo armamentístico, como Myanmar, Sudán o Zimbabwe, puesto que las considera susceptibles de ser desviadas para uso militar o represivo. «Algunos países de destino de las municiones españolas son especialmente preocupantes, como es el caso de Ghana, país que reconoce que es el centro del desvío ilegal de armamento a otros países en conflicto de la región», afirma Daniel Luz, investigador en desarme.
«El hecho de que sólo en el 2002 se hayan vendido más de 500 millones de cartuchos a un solo país como Ghana, de menos de 20 millones de habitantes, induce, como mínimo, a dudar sobre el uso deportivo de dichas municiones ; y más si tenemos en cuenta que este volumen de ventas se viene registrando desde mediados de los años 90», continúa Luz.
Falta de transparencia
Finalmente, las ONG han reiterado a la Secretaría su interés en seguir discutiendo los criterios que la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso toma en consideración para la aprobación o denegación de las solicitudes de exportación de determinados productos a determinados países.
Y una vez más, recuerda al Ejecutivo su responsabilidad de mejorar la transparencia sobre las exportaciones de armas : «La información presentada por el Gobierno llega siempre con retraso al Parlamento. Además, no se detalla los destinatarios finales y no se cruzan todas las categorías de productos, importes y destinos, por lo que es imposible hacer recomendaciones que impulsen una política preventiva», concluye Fisas.
