El fiscal solicitó, provisionalmente, cuatro años de cárcel para cada uno de los tres responsables de la seguridad en la planta depuradora de la residuos propiedad de la empresa CESPA, en Teià (Barcelona), en la que murieron intoxicados tres trabajadores en mayo de 2000.
La titular del Juzgado de lo penal número 1 de Mataró inició el juicio contra Francesc T., responsable de calidad de la CESPA ; Ricardo R.P., técnico de prevención de riesgos y José S., coordinador de medidas de seguridad, por un presunto delito homicidio imprudente, a tres años de cárcel y un delito contra la seguridad de los trabajadores, a un año de cárcel.
La empresa CESPA dedica al tratamiento de residuos ya indemnizó a las familias de los trabajadores fallecidos con 180.000 euros pero el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) puso los hechos en conocimiento de la fiscalía para depurar posibles responsabilidades criminales.
Según el sindicato CC.OO., el accidente ocurrido en mayo de 2000 causó la muerte por intoxicación de «ácido sulfúrico» de los tres trabajadores. Tanto este sindicato, como UGT, que también ejerce la acción popular y el ministerio fiscal, atribuyen a los directivos de la empresa imputados la responsabilidad del siniestro.
Por el contrario, los acusados aseguraron hoy en la primera sesión del juicio, que la planta depuradora de lodos de Teià cumplía con todas las «medidas de seguridad» y atribuyeron el envenenamiento al mal estado en que llevaban los lodos a la planta. De este modo, los procesados eludían responsabilidades hacia organismos públicos como la Agencia Catalana del Agua, según apuntaron a Europa Press fuentes sindicales.
El juicio se reanudará mañana con la declaración de varios técnicos que explicarán al tribunal si la planta depuradora reunía las medidas de seguridad legalmente exigibles. Las defensas solicitaron hoy la recusación del técnico perito designado por la juez, porque está afiliado de CCOO.
Fuentes sindicales lamentaron que sólo se pueda juzgar a los técnicos de la empresa y no a los máximos responsables, puesto que no se ha podido acreditar su directa participación en los hechos.
Par : Salud Laboral CC
