El Ministerio Fiscal podría solicitar cerca de veinte años de prisión para cada uno de los acusados de la muerte de las ocho personas que viajaban en un helicóptero que se estrelló en Torallola en junio de 2002.
El Ministerio Fiscal podría imputar a cada uno de los acusados ocho delitos de homicidio imprudente y solicitar una pena de dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos.
Además, la Fiscalía podría pedir responsabilidades por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, los fallecidos viajaban en el helicóptero por motivos laborales y éste no reunía los requisitos necesarios en materia de seguridad.
El accidente se produjo el 14 de junio a las 13.20 horas en el paraje Torallola, en el término de Salàs de Pallars, cuando los técnicos que viajaban en el aparato se disponían a efectuar un estudio termográfico de las líneas de alta tensión. El aparato se precipitó desde unos 200 metros de altura, y tanto el helicóptero como sus ocho ocupantes quedaron calcinados tras producirse un incendio y una gran columna de humo.
En el helicóptero viajaban Vicente Rosselló, Jordi Escuté, Víctor Corredor y Julio Hernández, Divina Esteve Quintana, delegada de Indústria ; Santiago Sánchez-Villacañas, jefe de Energia en Lleida ; Francesc Franch, y Luis Peláez.
Las víctimas del accidente eran técnicos que viajaban en el aparato porque se disponían a efectuar un estudio termográfico de las líneas de alta tensión.
Los ocho ocupantes quedaron calcinados tras producirse un incendio y una gran columna de humo.
Los familiares de las víctimas del accidente aéreo pidieron cuatro años de prisión por homicidio imprudente para los presuntos responsables del incidente. Los imputados son el responsable de Helieuropa Services SA, tres ingenieros de la firma y cuatro funcionarios públicos de Aviación Civil.
La instrucción del caso todavía no ha concluido, ya que, ayer todavía no se había recibido ninguna respuesta por parte de la empresa aseguradora, que tiene su sede en Londres, hecho que retrasa todo el proceso.
El juzgado de Tremp hace meses que ha solicitado una comisión rogatoria a Londres para que se busque y comunique a la compañía de seguros de la aeronave, HSB Insurance Brokers Limited-Sanabra&Hertogs. La compañía nunca ha comparecido en los más de cinco años que lleva la causa y es que no tiene sede en todo el Estado español. Fue un corredor de seguros el que se desplazó hasta el Estado español para formalizar la póliza.
El informe de Aviación Civil, perteneciente al ministerio de Fomento, tardó tres años en realizar el correspondiente informe sobre las causas del accidente y un año más para llevar sus conclusiones a definitivas. Si la empresa aseguradora de inglaterra no hiciera frente a la responsabilidad civil, sería el ministerio de Fomento el que se encargaría de abonar a las familias de los difuntos las correspondientes indemnizaciones.
El helicóptero siniestrado, un modelo Bell 205, matrícula EC-GJL, de la empresa privada Heliservice, con sede en Sabadell, partió del aeropuerto el 14 de junio de 2002. Según el plan de vuelo, cuya duración era de cinco horas, debían viajar cuatro personas, el piloto, el copiloto y los dos termógrafos de una empresa subcontratada por Fecsa.
El aparato paró en Lleida para recoger, al técnico de Fecsa, y a la delegada de Indústria y a los dos técnicos de su departamento. Todos fallecieron a las 13.20 horas después de que se estrellara el helicóptero.
Fuente: B.R.A./ A.L.C. (La Mañana)
