El “Acuerdo Social y Económico”, firmado por el Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT (cuyo nombre incluso parece plagiado del Acuerdo Económico y Social, AES, pacto social firmado en octubre de 1984 por la UGT, el Gobierno “socialista” de González y los empresarios de CEOE y CEPYME), lleva el pomposo subtítulo “para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”, pero su contenido es el que todos nos temíamos.
Después de una
introducción de siete páginas, donde queda patente que los
firmantes, incluyendo los dirigentes sindicales, abrazan sin fisuras
el catecismo neoliberal, el documento está centrado fundamentalmente
en el recorte de las pensiones, además de dejar preparado el terreno
para una grave erosión de la negociación colectiva y la reforma del
sector público, aspiraciones largamente anheladas por la patronal.
En términos globales, los firmantes del Acuerdo
recortan las prestaciones de las pensiones públicas en más de un
20%, hasta 2027, principalmente mediante dos vías: 1) el retraso, en
la práctica, de la edad de jubilación (ampliando los años de
cotización necesarios para cobrar la pensión íntegra, con el doble
efecto de cotizar y no recibir prestación), de los 65 a los 67 años,
que viene a suponer un descenso del 10% de las prestaciones totales,
y 2) el endurecimiento de las condiciones para el acceso a los
derechos íntegros de las pensiones, mediante la ampliación a 25
años para el cálculo de la base reguladora y otras medidas,
cifradas por los expertos en una reducción adicional del 16%.
Además, el aumento del mínimo de años de cotización para acceder
a una pensión, supone para un importante sector de trabajadores
(parados, precarios, temporales, fijos discontinuos, etc.) el quedar
excluidos del sistema público de pensiones.
Y
para que no se enfríe la cosa, en estos días continúan los
contactos para desarrollar lo que ya queda apuntado en el mencionado
“Acuerdo Social y Económico”, es decir, la reforma de la
negociación colectiva. Una vez más, cuando oímos la palabra
“reforma”, los trabajadores tenemos motivos para echarnos a
temblar. Porque la cosa va de que estos sumisos dirigentes
sindicales, atrapados en el torbellino de la ofensiva neoliberal,
avalen con su firma viejas aspiraciones patronales, manifestadas por
la CEOE desde los tiempos de Cuevas y Díaz Ferrán, en materia de
negociación colectiva, como son las cláusulas de descuelgue, la
fragmentación de los convenios sectoriales empresa a empresa, la
anulación de lo que llaman torticeramente “ultra actividad”
(vigencia de los convenios después del período pactado, en tanto no
se firme uno nuevo), etc., todo ello con el objetivo de hacer
desaparecer la negociación colectiva, fragmentándola, y
substituyéndola por pactos de empresa y los soñados pactos
individuales, trabajador por trabajador. No olvidemos que ése
sombrío escenario ya quedó recogido en la famosa directiva europea
“de las 65 horas” en el año 2008, que causó tanto rechazo
social. (1)
Por lo visto, poco o nada les ha durado la
“rebeldía” a los jefes de filas de CC.OO. y de UGT. Esta
negociación, en si misma y desde su inicio, ya supuso una derrota
para los trabajadores. Si hubieran sido consecuentes, Méndez y Toxo
debieran haber exigido, como condición mínima para sentarse en
cualquier mesa de negociación, la derogación de la Reforma Laboral,
a la que se siguen oponiendo formalmente, aunque con la boca cada vez
más pequeña. Aunque alardeen de “logros” (que todavía están
por ver) como suavizar algún aspecto de dicha Reforma, el hecho de
sentarse a negociar sin condiciones ha supuesto, de facto, tragarse
el grueso de la misma. Con la firma del “Acuerdo Social y
Económico”, después de negociaciones llevadas a cabo con
secretismo y mucha nocturnidad, han venido a decir diego donde antes
habían dicho digo, han avalado el expolio del derecho de los
trabajadores a una pensión digna, y han arruinado las incipientes
esperanzas de lucha por el equilibrio y la justicia social,
albergadas al calor de la pasada Huelga General, dejando el terreno
preparado para nuevos retrocesos.
Todo
esto sucede mientras la Encuesta de Población Activa (EPA) del
último trimestre de 2010 apunta un número de trabajadores en paro
cercano a los 5 millones, a la vez que se le regala a los banqueros
el jugoso pastel de las Cajas de Ahorro, “saneadas” con inmensas
cantidades de dinero público, y todo ello con el horizonte de una
más que previsible victoria electoral de la derecha neofranquista,
con amenazas de grueso calibre, como la total privatización de los
servicios públicos. Con el trámite parlamentario de la última
Reforma Laboral, la clase política oficial se ha puesto
decididamente al servicio de “los mercados”, o sea, de los
ladrones globales y de los grandes especuladores. Pero, con la firma
del Pacto Social, a ese selecto club también se ha añadido, sin
grandes remilgos, la burocracia sindical.
Esta
manera de actuar de los dirigentes de CCOO y UGT quizá sorprenda a
algunos, pero hemos de recordar que ésta ha sido su conducta a lo
largo de más de treinta años. Por eso, los afiliados y afiliadas a
CCOO y UGT, en especial los que pelean el día a día y los que
lucharon por los derechos de todos el pasado 29 de septiembre,
deberían plantearse si les vale la pena seguir colaborando con unas
estructuras que, desde hace ya demasiado tiempo, se han convertido en
meros engranajes de un sistema depredador y corrupto.
(1)
Ver mi artículo: ¿65
horas?,
de junio de 2008.
Pep
Juárez,
Febrero
de 2011.
