Artículo de opinión de Rafael Cid
No se trata de personas, ni siquiera de partidos, el problema está en las instituciones Porque si se acepta el sistema, lo que existe dado, el resultado es admitir que no hay alternativa a la jubilación que nos preparan. Máxime cuando la dualidad de la destrucción de empleo, y por tanto la consiguiente disminución de cotizaciones, junto al aumento de la esperanza de vida, resulta una realidad insoslayable.
No se trata de personas, ni siquiera de partidos, el problema está en las instituciones Porque si se acepta el sistema, lo que existe dado, el resultado es admitir que no hay alternativa a la jubilación que nos preparan. Máxime cuando la dualidad de la destrucción de empleo, y por tanto la consiguiente disminución de cotizaciones, junto al aumento de la esperanza de vida, resulta una realidad insoslayable. Lo que sucede es que en vez de felicitarnos todos por lo segundo y tratar de revertir lo primero, el modelo vigente nos encadena al oxímoron de marras para que aceptemos carros y carretas. Con el añadido capital de que más 8,5 millones de pensionistas, ergo de votantes potenciales, hacen de este asunto un codiciado botín para todas las formaciones políticas. Y no porque quieran dar una salida solidaria, favorable y progresista al problema expuesto, sino porque conseguir el favor de los pensionistas puede ser decisivo para ganar las elecciones. De ahí que lo que ayer fue blanco hoy sea negro, según desde dónde se coloque el representante político de turno.
En mayo del 2010, en lo más crudo de la crisis económica, la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, el foro unitario que entiende de todo lo referente a las pensiones, tildaba al Partido Popular de “oportunismo y utilizar las pensiones para fines electorales”. El pecado del PP entonces en la oposición había sido proponer una moción para impedir la congelación de las pensiones por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sugerencia que logró el apoyo de todos los grupos parlamentarios sin excepción, dejando en evidencia a los socialistas en lo referido a la pérdida de poder adquisitivo de las clases pasivas (salvo las pensiones mínimas y las no contributivas). Ocho años después las tornas han cambiado y el oportunismo pasta en la otra orilla. Según anunciaba el diario El País en su edición del pasado martes 27 de febrero “el PSOE saldrá a la calle a manifestarse junto a los pensionistas para exigir la revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo (IPC)”.
Así las gastan los del duopolio dinástico hegemónico cuando ostentan mayorías absolutas. Con absoluta desfachatez. Si ayer los de Rajoy acusaban a los socialistas de actuar con nocturnidad y alevosía al encauzar su medida al margen del Pacto de Toledo y con desprecio del resto del Parlamento, hoy es el PSOE quien les devuelve la pelota. Bajo el epígrafe “El desprecio por el diálogo”, en el apartado “Programa” de la página oficial de Ferraz, puede leerse: “Resulta particularmente grave que la actuación del Gobierno del PP en esta materia haya estado marcada por la unilateralidad: los cambios estructurales introducidos por la Ley 23/2013 se han impuesto a pesar del rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición y de los sindicatos”. Denunciando a continuación el ninguneo de los populares al Pacto de Toledo.
Ciertamente a los dirigentes del tándem PSOE-PP se les podrá llamar cínicos, peor jamás originales. Olvidan, y ya es amnesia, que cuando pusieron en marcha sus políticas austericidas en base a una devaluación salarial y social recibieron la rotunda repulsa de la sociedad civil con sendas huelgas generales y movilizaciones ciudadanas. La primera, dirigida contra la reforma laboral, la reducción salarial en el sector público y la congelación de las pensiones efectuada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010. La siguiente, con Mariano Rajoy en la Moncloa, se produjo el 29 de marzo de 2012 como rechazo a la reforma laboral del ejecutivo popular. Ambas acciones fueron secundadas por todos los sindicatos, dándose la estrafalaria circunstancia de que la de 2011 sirvió de cantera al ejecutivo repudiado para fichar a un ministro. Valeriano Gómez, el dirigente sindicalista que desfiló en la cabecera de UGT en esa marcha de protesta, dos meses después recibiría la cartera de Trabajo del presidente Zapatero. Metamorfosis en la que el partido socialista de “somos la izquierda” piensa reincidir tras su anuncio de salir a la calle con los abnegados pensionistas.
Pero ese machiembramiento tiene registros todavía más procaces. Los dos agentes del bipartidismo comparten una misma fe en que las reformas estructurales perpetradas contra el sistema público de pensiones han llegado para quedarse. En ese aspecto, para PP y PSOE no hay alternativa. Son lentejas. Para ellos las causas que amenazan la sostenibilidad del modelo están en que hoy la gente acostumbra a dar más años a la vida y más vida los años, y eso se paga. En la retórica socialista “la intensificación del gasto en pensiones en el medio y largo plazo [es] provocado por el progresivo incremento del número de pensionistas que resulta de la jubilación de la generación del baby boom”. Nada hay en ese relato que señale en dirección al colosal destrucción de empleo provocado por las sucesivas escabechinas laborales; se corre un tupido velo acerca de la incidencia que sobre la problemática tiene la insuficiencia salarial y de cotizaciones de los nuevos trabajos; y existe silencio total respecto al aumento de la productividad de la economía española (un 6,9% entre 2010 y 2016, mientras la media de la UE fue del 4,7%), algo que justificaría una mejora sustancial de las prestaciones. Como decía El Roto en una de sus viñetas, parece que “para garantizar el futuro de las pensiones hay que hacerlas coincidir con la fecha de defunción”.
En ese entorno de susto o muerte, el único resquicio estaría en renovar el turnismo. De esta forma, el PP llegaría al poder, como ya ocurrió, prometiendo todo lo contrario de lo que hizo su competidor, y viceversa. Más de lo mismo y a seguir barajando. Por eso ahora, desde la oposición, el PSOE pretende ponerse al frente de la manifestación y proclama su voluntad de “recuperar en lo sustancial el marco legal vigente hasta la llegada del PP al gobierno” (literal en su Programa). Dice “en lo sustancial”, no vaya a pillarse los dedos. Porque lo que no piensa, ni quiere, ni sugiere, es “revertir” todas las disposiciones que provocaron las dos huelgas generales. Ni mucho menos la re-estructuración del sistema introducido en tiempos de Zapatero que conllevó a elevar la edad de jubilación hasta los 67 años, y agravar los requisitos para percibir una prestación y los periodos de cómputo. Eso ni está ni se le espera. Por su parte, el PP saca pecho recordando que como su gobierno no aceptó el recate-país (si de las cajas de ahorro) aquí no se dieron los severos recortes en las pensiones que sufrieron otros países como Irlanda, Portugal (sin pagas extras y con quitas de entre el 3,5% y el 40%, según cuantía de percepción) y Grecia (ya con trece mordidas).
Solamente Podemos mantiene un enfoque independiente sobre el tema. Sustanciado en aspectos como la introducción progresiva de la financiación tanto de las pensiones no contributivas como para sufragar el aumento del gasto derivado del aumento de la esperanza de vida en el caso de las contributivas; el diseño de una estrategia que permita el incremento de las pensiones no contributivas a lo largo de los cuatro años de legislatura y, ahora sí, el compromiso de derogar “la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PSOE en 2010, lo que conlleva el restablecimiento de la edad de jubilación a los 65 años, y […] la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP en 2014 (sic), con lo que recuperaremos la indexación de las pensiones al índice de precios del consumo(IPC)”. Todo ello, no obstante suponer una poda sustancial respecto a lo que ofrecía en su banderín de enganche para las elecciones europeas de 2015. Ofertas como la jubilación a los 60 años, la renta básica universal, la eliminación de las empresas de trabajo temporal, la derogación de las reformas laborales aprobadas durante la crisis y la jornada laboral de 36 horas semanales, o se han caído de su cartel o están arrumbadas hasta niveles de casi invisibilidad.
Con este panorama resulta aciago aventurar como terminará ese incipiente y prometedor 15-M de los yayoflautas. Ignoramos si podrá abrirse un camino autónomo al abrigo de interferencias partidarias o por el contrario cederá al pragmatismo de confundirse con la sedicente izquierda que estando en el gobierno desreguló el sistema público de reparto. Una confluencia semejante, por la proyección de su incoherencia argumental, podría ofrecer un aval a la nueva derecha que calienta motores. Ciudadanos, el partido esfinge en el tema de las pensiones, que se limita a proclamar vaguedades en sus “350 soluciones para cambiar España a mejor”, sería de carambola el legítimo heredero de Génova 13 sin siquiera despeinarse. Su reciente desmarque del PP respecto a la “ley mordaza” incentiva esa promoción emocional.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
