Artículo de opinión de Rafael Cid
El capítulo de las pensiones implica una dificultad técnica que es preciso discernir para abordar su comprensión. Es un asunto de suma importancia para buena parte de la población. Cerca de 9 millones de personas mayores, hombres y mujeres, dependen de su existencia. Tanto se trate de las contributivas (vía transferencia intergeneracional) como de las asistenciales (sin financiación directa por cotización).
El capítulo de las pensiones implica una dificultad técnica que es preciso discernir para abordar su comprensión. Es un asunto de suma importancia para buena parte de la población. Cerca de 9 millones de personas mayores, hombres y mujeres, dependen de su existencia. Tanto se trate de las contributivas (vía transferencia intergeneracional) como de las asistenciales (sin financiación directa por cotización). Afecta a un sector de la ciudadanía que por pura biología no solo se encuentra en situación de vulnerabilidad sino que debido a ese statu quo sobrevenido tiene negado optimizar su capacidad renta. Está más allá de la vida laboral, y un porcentaje considerable depende de esa asignación para cubrir sus principales necesidades. Los trabajadores y profesionales en activo, por el contrario, en teoría pueden prosperar, salarial y profesionalmente, porque están en el mercado. De constatar esa limitación procede el espíritu que anima el artículo 50 de la Constitución al hablar con calculada imprecisión de que las pensiones deben ser <<adecuadas>>, <<periódicamente actualizadas>> y garantizar <<la suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad>>.
El problema es que algo tan objetivo en apariencia, el <<facto humano>>, se complica y problematiza por el notable peso que la partida de las prestaciones representa en el conjunto de la contabilidad nacional. Millones de votantes a los que conviene atender porque a malas pueden dar al traste en las urnas con cualquier gobierno. Pero, por otra parte, está la economía-verité a la que esos mismos poderes e instituciones se disciplinan. Un 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2019, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el organismo que dirigió el actual ministro del ramo, José Luis Escrivá, antes de entrar en el gobierno de coalición de izquierdas. De este ser o no ser surge el misterio envuelto en un enigma en que economistas, actuarios y <<agentes sociales>> han convertido al laberinto de las pensiones.
Pero de la misma forma que no hay que ser lechuga para ser ecologista, tampoco es necesario ir a Salamanca para balizar lo esencial de lo que supone el Sistema Público de Pensiones (SPP) vigente en España. Como su propio nombre indica, por <<sistema>> y por <<público>>, se trata de un modelo de protección social de reparto, tanto intergeneracional como intrageneracional (contributivas y no contributivas). Y uno de los métodos para bien auditar todo lo que el concepto <<sostenibilidad de las pensiones>>> encierra (equilibrio financiero entre ingresos y gastos) consiste en abordar esa categoría en conexión e interdependencia con el resto de la riqueza nacional. El Capital con mayúscula generado por el Capital Humano de trabajadores y profesionales presentes y pasados (empleados y jubilados). Aislar el apartado <<pensiones>> en la abstracción de su propia burbuja supone entregarla al dominio arbitrario de <<taumaturgos>> y expertos por cuenta ajena.
Las pensiones que ahora cobran millones de ciudadanos están siendo sufragadas por las cuotas del colectivo de los trabajadores en activo (y la parte correspondiente al empleador). De ahí la eticidad del ecosistema de las pensiones públicas en la modalidad de reparto ahora tensionada por la última reforma. Cada generación asiste con su esfuerzo a la precedente para que el vínculo social trascienda del cerco privatista de la mera individualidad. Lo que, en buena lógica, debería servir para instar una reciprocidad altruista entre ambas orillas. Todo un reto, porque ese espíritu <<cooperativo>> se ve constreñido por otro impulso de signo opuesto y carácter <<competitivo>> inserto en el gradiente económico contenido en las pensiones.
Todo esto y mucho más constituye el revés de la trama del acuerdo a tres bandas suscrito el pasado uno de julio por el gobierno de coalición de izquierdas y los autodenominados <<agentes sociales>> (la nueva troika: CEOE, CCOO y UGT). Fruto del cacareado <<diálogo social>>, los figurantes pactaron una batería de medidas como primera fase de lo que será un ajuste más ambicioso en adelante: revalorizar las pensiones con el índice de Precios al Consumo (IPC); sustituir el Factor de Sostenibilidad (FS) que impuso en 2013 Mariano Rajoy por un aún ignoto Factor de Equidad Intergeneracional; penalizar las jubilaciones anticipadas de mayor cuantía; y premiar las que se prolonguen superando la edad de corte oficial. En honor a la verdad, hay que decir que la primera congelación plena de la pensiones la realizó el PSOE de Rodríguez Zapatero en 2011, junto al recorte salarial de los funcionarios; que la siguiente arremetida del PP, coyuntural y en época deflación (hoy la inflación está en puertas), solo limitaba la revalorización a un mínimo del 0,25%; que en 2018 esta rebaja fue eliminada en las negociaciones con otros grupos a fin de ganar apoyos para asegurar los Presupuestos; y que la iniciativa de ligar la cuantía de las prestaciones a la esperanza de vida no había entrado en vigor (se desplazó al 2023). Los siguientes cuestiones, aparentemente en disputa (penalizar el adelanto e incentivar el retraso), buscan lograr una mayor bolsa de cotizantes para reducir el actual déficit del sistema (para 2022 el desfase se cifra en 22.000 millones de euros).
El acuerdo tripartito tuvo lugar el mismo día en que medio país estaba absorto en la Operación Salida, y la víspera de anunciarse por todo lo alto los mejores datos de empleo en años (un rebote espectacular después de una caída de órdago que aún está lejos de recuperar los niveles prepandemia). Podría interpretarse que esta coincidencia era intencionada y cautelar. Y que pillando a la gente desmovilizada camino de las vacaciones se evitaba cualquier conato de protesta por parte de unas asociaciones de pensionistas a las que se ha mantenido al margen de las negociaciones. Pero no existe motivo para la sorpresa. Lo ahora firmado ya figuraba en el programa de gobierno PSOE-Unidas Podemos (en lo referente a la eliminación de las variantes <<más lesivas>> introducidas en la reforma del PP de 2013). Lo que pocos podían prever esa jornada era que simultáneamente, aunque en otra pista, CCOO y UGT esgrimieran también el <<diálogo social>> para sentenciar la mayor destrucción de empleo de la reciente historia financiera. Un diario próximo al Ejecutivo titulaba así el despropósito: <<Caixabank y los sindicatos acuerdan en el ERE despedir a 6.541 empleados>> (El País, 01/07/2021). Por cierto, el macrodespido se ha producido en una corporación donde el Estado posee el mayor paquete accionarial.
Nadie puede ignorar que el sistema público de pensiones tiene que corregir sus evidentes deficiencias estructurales para cumplir su misión constitucional en el Estado social y democrático de derecho (Art. 1º C.E.). Pero una cosa muy distinta es aprovechar las crisis para aplicar la doctrina del shock, y manipular el engranaje del mecanismo como si fuera un ente aislado de la realidad. Existe un innegable problema demográfico, que se traduce en un crecimiento vegetativo negativo (más fallecidos que nacimientos) y una muy baja tasa de fecundidad, que incide de lleno en el descuadre. Pero economía y demografía son vasos comunicantes. Los ingresos de las cuotas que financian las pensiones se han visto reducidos precisamente cuando la gente vive más años y con mejor salud gracias a los progresos médicos, científicos, higiénicos, alimenticios, económicos y sociales, pero no por eso debemos replegarnos en la escala civilizatoria.
Antes del harakiri que algunos pregonan como salida al atasco, sería necesario tratar de que el país cambie hacia un modelo productivo más justo y de mayor valor añadido; que buscara el pleno empleo con mejores retribuciones; que aumentara la productividad y las inversiones para dotar al tejido empresarial de músculo competitivo; que el sector público prosperara en eficiencia; que acabara la fuga de cerebros (padecemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea, población de riesgo sobre la que pende la espada de Damocles de una deuda pública que roza el 130% del PIB); que se combatiera el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción que provoca inseguridad jurídica; que se destoparan al alza las cotizaciones de las carreras salariales VIPS; que se favoreciera una inmigración formada y cualificada en vez de dar <<pasaportes de oro>> a grandes tenedores inmobiliarios; etc. Es surrealista tratar de motivar a las parejas por la emancipación y el arraigo familiar ofreciéndolas precariedad laboral y un más que problemático, costoso y tardío acceso a la vivienda.
Partido a partido está confirmándose la hoja de ruta trazada en la última reunión del Pacto de Toledo del pasado octubre. Cuando se aprobaron 21 recomendaciones que luego, el 19 de noviembre, ratificó el Congreso por 262 votos a favor, 78 abstenciones y los únicos 2 votos refractarios de la CUP. Adversarios en casi todo lo demás, el bloque gubernamental PSOE-Unidos Podemos se amancebaba con el Partido Popular y Ciudadanos para dar vía libre al pensionazo. Solo el cameo del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deslució la fiesta estival de los <<agentes sociales>>. En un intento de anticiparse a la voracidad propagandística de UP, Escrivá reveló la desagradable propina que vendrá pasado el verano. Cobrar menos o trabajar más es lo que espera a los jubilados del Baby Boom (BB): los aproximadamente 8 millones de trabajadores nacidos entre 1960 y 1975 que se aproximan a la reserva de la tercera edad. Justamente la cohorte de edad que en gran medida viene asumiendo el <<rescate>> de las prestaciones actuales.
En realidad el ministro no había sido víctima de un lapsus ni de un problema de comunicación. Simplemente expuso las mismas propuestas que abanderaba la AIReF cuando estaba bajo su dirección. La separación de fuentes de financiación de las pensiones y la apertura a planes de empleo en el marco de la negociación colectiva son otros puntos del acuerdo a concretar en una segunda entrega. En suma, el horizonte de un sistema de pensiones de gestión público-privada, en la tradición de lo ya diseñado para la Sanidad y la Educación, sectores que padecen un índice de temporalidad doble que la eurozona. La dualidad laboral que diezma nuestro mercado laboral trae causa de la modificación del Estatuto de los Trabajadores (ET) introducida en 1984 por el PSOE.
Porque todo (reformas con <<diálogo social>> y contrarreformas por decreto) confluye en un cambio de paradigma al introducir elementos que ponen en riesgo el carácter de reparto y solidaridad de las prestaciones. Al menos eso es lo que gravita en el hecho de pasar a financiar vía impuestos parte del déficit de la Seguridad Social. En lo sucesivo se debilitara la trabazón cotizaciones-prestaciones sin que los jubilados, en tanto contribuyentes, queden liberados de la carga alícuota tributaria. El mecanismo de transferencia de esa partida, por su carácter estructural, predispone a un cambio de orientación en la estructura de corresponsabilidad tradicional entre trabajadores y jubilados.
Aunque llovía sobre mojado. La política discriminatoria con que gobierno, fuerzas políticas y <<agentes sociales>> han enfocado las modificaciones normativas de 2011 y 2013 ha allanado el camino para la mutación en marcha. Cuestionar solo las reformas que impuso el PP de Rajoy (Índice de Revalorización y Factor de Sostenibilidad) ha permitido a la sedicente izquierda en el poder un cierto rearme ideológico mientras servía para blanquear otros cambios más estructurales ejecutados bajo la batuta del PSOE de Zapatero (alargar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años; exceder el cómputo para tener derecho a pensión de 15 a 25 años cotizados; y requerir 37 años en lugar de 35 para una jubilación plena).Un hachazo en toda regla que en su día contó con la complicidad clientelar de CCOO y UGT y el rechazo parlamentario de todas las fuerzas políticas excepto la Convergencia i Unió (CiU) pujolista. Según recogían las crónicas <<los portavoces de PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG y UPyD recalcaron en sus intervenciones el rechazo a una reforma que, según dijeron, recorta las pensiones y los derechos de los trabajadores, sin garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social”.
Hoy ni Izquierda Unida (IU) ni la antigua Podemos, entonces en fase de gestación subrogada, se acuerdan de la maldita hemeroteca. Al contrario, la entente Unidas Podemos (UP) ahora en el poder institucional rechaza lo que al respecto todavía se puede leer en sus respectivos programas (en 2015 la apuesta de Pablo Iglesias estaba por la jubilación a los 62 años). Incluso, la oscarizada ministra de Trabajo ha girado en redondo al <<no es no>> argumentado para romper la baraja en la penúltima sesión del Pacto de Toledo antes de su reciente <<si es sí>>. <<Nuestro grupo es el único que habla claro, no vamos a estar en un pacto en el que se quiere recortar las pensiones. Quien quiera estar que esté>> (eldiario.es 19/02/2019), justificaba la comunista Yolanda Díaz. En política soplar y sorber al mismo tiempo es casi un endemismo cuando se trisca desde la ardiente oposición al confort gubernamental.
Silenciosamente, partido a partido, se compra la paz social de los jubilados presentes para consolidar la parte del pensionazo socialista que empobrecerá a los jubilados futuros. Es mucho más que un juego de suma cero. Los que pagan las pensiones actuales a escote serán los grandes damnificados cuando les llegue la hora del retiro. Pero en ellos el sentimiento de pérdida no es tan acuciante como el que destilan los otros 9 millones de jubilados que vigilan de cerca los manejos de la troika social (gobierno, patronal y el tándem sindical habilitado). Para los que aún están en el tajo el cambio queda en un largo me lo fiais. O al menos eso es lo que esperan los depredadores inoculando su relato. Fuego amigo, y a quien Dios se la dé san Pedro se la bendiga. De esta forma, un sistema que era de reparto y solidario, intergeneracional e intrageneracional, deviene disruptivo y segregacionista. A un lado, los pensionistas con conciencia de tales y capacidad de expresarla contundentemente en las urnas, ven satisfechas sus posiciones endógenas. Al otro, distintos, distantes y expropiados, los abnegados cotizantes de esa gran masa de jubilados que el gobierno quiere egoístamente acrítica. El modelo de negocio del poder respecto al botín del SPP pasa por impedir que unos y otros fraternicen en comunidad, y de momento están lográndolo con la ayuda de los <<agentes sociales>>. La eterna canción del olvido. Ya en 2010 CCOO y UGT apadrinaron una huelga general contra la reforma laboral de Zapatero con la que ahora conviven tan a gusto.
Cumplido todos los tramites que llevan a la <<nueva normalidad>> en el sistema público de pensiones, a uno le queda la duda de hasta qué punto los <<representantes>> de cabecera están legitimados para romper el vigente contrato social en nombre de los afectados. Que se sepa, al menos en lo que respecta a Comisiones Obreras y UGT, su legitimación franquiciada se circunscribe al ámbito de los trabajadores. Que ya es mucho decir. Dadas las paupérrimas tasas de afiliación que ostentan las centrales en España, con lo que el calificativo de <<mayoritarias>> con se las engalana es una estafa de trabuco. En el momento en que se constituya un auténtico sindicato de pensionistas las tornas cambiaran. Pero hasta que llegue ese hipotético el día de la marmota, ellos y solo ellos seguirán arrogándose el derecho a decidir (nos).
Aquí y ahora campan por sus respetos. Pueden ser arte y parte en unos cambios que abren la puerta a la ruptura del sistema público, sin contar con las asociaciones de jubilados y pensionistas. Mientras se desmontan los elementos más nocivos de la reforma de las pensiones perpetrada por la derecha (esa es la traca oficial establecida) para que lo demás siga igual, las cúpulas de CCOO y UGT pueden predicar y no dar trigo. Comisiones ofrece en su cartera de servicios un plan de pensiones asociado, denominado Fondo 16 y gestionado por el BBVA, con miles de partícipes y un patrimonio de más de 11 millones de euros. La Unión General de Trabajadores, menos codiciosa o más torpe, posee otro con cientos de partícipes y unos 4 millones de patrimonio. Eso en el plano orgánico, porque en el personal tampoco brilla la coherencia y la ejemplaridad. Valgan unos datos sobre la Declaración de Bienes de nuestros gobernantes obtenidos del Portal de Transparencia. El dinero invertido en seguros y planes de pensiones por algunos miembros del gobierno de coalición izquierdas es el siguiente: Pedro Sánchez 86.875 euros; Pablo Iglesias 187.500 euros; y José Luis Escrivá 255.522 euros. Parece que a los llamados a garantizar la sostenibilidad el sistema público de pensiones también les seduce lo privado…en la intimidad. Partido a partido hasta la derrota final.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
