CASABLANCA, Marruecos, 3 jun (IPS) – El descubrimiento de dos fosas comunes y de una lista secreta de cinco lugares más donde yacen víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales en Marruecos arrojan dudas sobre la autenticidad del proceso de reconciliación nacional, que debe ser coronado con la abolición de la pena de muerte.
La sepultura más grande fue descubierta en marzo en la septentrional ciudad de Fez, a 250 kilómetros de Casablanca, según las autoridades. Más de 100 cuerpos fueron desenterrados en el parque Jnane Sbil.
Activistas de derechos humanos, impactados por la noticia, creen que se trata de personas asesinadas por el ejército el 14 de diciembre de 1990, durante la represión de una huelga general contra el hambre y la pobreza.
Pero las autoridades sugirieron que los cuerpos datan de un periodo anterior.
Tras el episodio de Fez, una investigación parlamentaria concluyó que cinco civiles murieron en los disturbios y 40 policías quedaron heridos.
En abril, otra tumba masiva fue descubierta con 16 cuerpos, incluido un menor de 12 años, en un cuartel de protección civil en la septentrional ciudad costera de Nador, 590 kilómetros al norte de Casablanca, informaron las autoridades.
Activistas de derechos humanos creen que esas personas murieron en enfrentamientos entre el ejército y manifestantes ocurridos en esa ciudad y varias otras del norte del país en enero de 1984. Las protestas estuvieron propiciadas por el alza de precios de alimentos y la marginación económica de la zona.
Tras los dos hallazgos, el presidente del no gubernamental Foro por Verdad y Equidad, Mohamed Sabbar, declaró al periódico Almassae el 4 de mayo que tenía una lista con otros cinco lugares donde podría haber más enterramientos masivos.
La cobertura periodística de los hallazgos puso en duda el trabajo de la Comisión de Equidad y Reconciliación, creada por el rey Mohamed VI en enero de 2004.
La comisión tuvo la tarea de investigar ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos bajo el reinado de su padre, Hassan II, quien gobernó de 1961 a 1999. El periodo suele conocerse como «años de plomo», por su extrema brutalidad.
El trabajo de la comisión, culminado a fines de 2005, concluyó que en total hubo 592 ejecuciones extrajudiciales durante el reinado de Hassan II.
Muchas de las víctimas de torturas fueron identificadas. Además, se les permitió relatar su versión de los hechos en la televisión, pero no nombrar a sus torturadores. Cientos de personas recibieron indemnizaciones por lo sucedido.
La comisión recomendó al rey Mohamed VI abolir la pena de muerte, en una clara demostración de quiebre con el pasado y de que el derecho fundamental a la vida quede, en el futuro, consagrado por ley.
También exhortó al rey a ratificar el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional creada en 2002.
El tribunal no podrá investigar ni castigar delitos del pasado en Marruecos, pero la recomendación apunta claramente a garantizar futuras violaciones de derechos humanos.
La Corte siempre puede responsabilizar a personas, incluido el propio rey, en aquellas situaciones en que tribunales nacionales no estén dispuestos o no puedan actuar en casos de ejecuciones extrajudiciales.
Pero, por el momento, las autoridades marroquíes no han derogado la pena capital ni han ratificado el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre la Creación de una Corte Penal Internacional.
«Es necesario abolir la pena de muerte», dijo a IPS el profesor de derecho público de la Universidad Alkadi Iad, de la central ciudad de Marrakech, Driss Lagrini, tras el descubrimiento de las fosas comunes.
Unos 500 delitos aún son pasibles de recibir ese castigo extremo que se usa «una y otra vez», señaló.
El Estado debe mostrar de forma clara que «se dio vuelta una página de la historia. El descubrimiento de los cuerpos sólo revela cuán graves fueron las violaciones de derechos humanos en la historia moderna de Marruecos», apuntó.
La comisión debió afrontar «algunas dificultades», añadió. No se trató de un tribunal de justicia ni tuvo el poder de juzgar los crímenes perpetrados en el pasado.
«El Estado debe mostrar su seriedad respecto de abolir la pena de muerte», dijo a IPS el presidente y fundador de la Asociación de Comunicación y Reforma, Abdeljawad Achehbar.
Concordó también en que el hallazgo de los enterramientos masivos ilustra la forma grosera con que se violó el derecho a la vida en la historia reciente de Marruecos y recuerda que los culpables nunca fueron procesados. Se necesitan garantías de que eso no volverá a suceder.
También exhortó al Estado a «mostrar sus buenas intenciones» indicando la ubicación de otras tumbas masivas. «El gobierno sabe dónde están. Sus funcionarios dispararon balas y cavaron fosas», señaló Achehbar.
De no ser así, la población puede tomar medidas colectivas para que lo que no fue revelado por la comisión salga a la luz pública. «Debe organizarse una caravana por la verdad que apunte al descubrimiento de enterramientos como forma de presionar a las autoridades», declaró.
«La abolición de la pena de muerte es necesaria, pero no suficiente», coincidió el periodista y escritor Mohamed Nabil.
Las otras recomendaciones de la comisión también deben adoptarse, apuntó, en clara alusión a la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La preocupación de activistas de derechos humanos detrás del pedido de abolición de la pena capital es que las autoridades recurran nuevamente a medidas extremas a fin de sofocar la disidencia y reprimir manifestaciones de forma violenta ante la carestía mundial de alimentos básicos, añadió.
«Nadie puede asegurar que eso no volverá a pasar dada la mayor tensión social y el encarecimiento del costo de vida», dijo a IPS el analista Ahmed Hidaoui.
La última huelga en protesta por el alza del costo de vida ocurrió el 21 de mayo y no hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Fuente: Por Abderrahim El Ouali
