Paz territorial y acaparamiento en Colombia: Concepciones de paz en disputa

Street Art Bogota, Colombia. Juan Cristobal Zulueta

Street Art Bogota, Colombia. Juan Cristobal Zulueta

Contrario a lo que podría imaginarse, existe un sector de la población que hace campaña por el NO a la refrendación. Muchos de quienes impulsan esta tendencia, contraria a toda lógica de vida, se mantienen bajo el embrujo autoritario[1], y luego de media década de superada la llamada seguridad democrática (2002 – 2010), en la que el número de víctimas de la guerra superó al de todos los gobiernos anteriores[2], hoy continúan siguiendo y añorando al expresidente Álvaro Uribe y a su retórica de guerra para alcanzar la paz. Sin lugar a dudas, el ahora senador de la República sabe que la construcción de paz tendrá consecuencias para él, al generarse otras condiciones para el seguimiento a todos los procesos y acusaciones que existen en su contra[3].

Ahora bien, más allá de una combinación de factores que impulsa a algunos sectores a defender la continuación de la guerra degradada, que a una ínfima minoría ha enriquecido y a más de ocho millones de personas ha devastado, es importante analizar qué implicaciones reales puede tener en el ámbito territorial el fin del histórico conflicto armado, y, sobre todo, qué concepciones distintas de paz se juegan en la actualidad, así como los efectos de poder que pueden tener sobre el cuerpo social colombiano.

Concepciones de paz en disputa.

Pax Neoliberal.  El gobierno Santos ha producido y difundido una idea de la paz como espejo del sometimiento de la insurgencia. Se ha pretendido significar la paz como el resultado de la negociación con la guerrilla de las FARC. Evidentemente, se trata de un intento de pax neoliberal[4], en la que la solución de la confrontación en armas nada tiene que ver con la superación del conflicto social, económico y político que dio origen al armado.

Las iniciativas legislativas del gobierno Santos, y sus respectivas figuras y mecanismos de despojo son una clara prueba de esta realidad. Por ejemplo, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -ZIDRES[5]-, permiten la entrega, sin límite de extensión, de tierras baldías a personas jurídicas nacionales o extranjeras, a quienes se les otorga el control sobre el uso del territorio –principalmente en la altillanura o en el Magdalena Medio[6]. Tampoco hay un límite de tiempo para el control de las zonas mencionadas, esta definición quedará a cargo de la Agencia Nacional de Tierras[7]. De alguna manera, a través de este mecanismo y bajo el amparo del discurso del desarrollo y el interés público, se está permitiendo entrar en zonas del país cuyo acceso había estado limitado por el conflicto armado. A partir de la implementación de las ZIDRES, grandes propietarios (personas jurídicas) recibirán estímulos de alianzas productivas, paquetes tecnológicos, subsidios y toda una serie de apoyos de los que jamás se benefició, en toda la historia, el campesinado de Colombia[8].

Ante la reducción de las ganancias por el modelo petrolero -y en términos generales por la disminución de los beneficios esperados del extractivismo minero – energético-, parece que la salida es continuar profundizando la promoción de la agroindustria, como medida de incorporación de ingresos adicionales. Una alternativa basada en el gran capital, respetando el modelo hacendista, existente desde tiempos coloniales, pero incorporando al juego al capital trasnacional, para lo que se presume necesaria la pacificación de territorios como garantía para atraer la inversión extranjera del aparato corporativo. Se implementa un modelo en el que incluso se le puede otorgar al campesinado la propiedad de la tierra[9], pero su uso, administración y control están en función de la cadena de producción definida por las trasnacionales[10], lo que finalmente determina la acumulación de capital e implica la pérdida de derechos sobre el territorio desde nuevas formas e instrumentos de profundización del despojo. En esta forma de territorialización del capital juega un papel protagónico el modelo de financierización del campo a través de las llamadas bolsas agrícolas y la re-colonización rural vía crédito.

Paz desde la justicia social y ambiental. De otra parte, diametralmente opuesta a la idea de paz del gobierno, se construye una narrativa, de los pueblos organizados, en la que la paz se equipara con la justicia social y ambiental, en la que la dejación de las armas por parte de los agentes del conflicto es un paso en la construcción de país digno, pero no el punto de llegada ni la consolidación del proceso. Esta perspectiva de paz propende por la negociación con las otras insurgencias -con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)-, señalando que la posibilidad de avance depende de la negociación política, a través del diálogo con los otros actores del conflicto. En el corazón de esta postura se ubica la participación social como base fundamental de la construcción de paz. Una participación decisiva y vinculante, no sólo consultiva, en la que los pueblos presenten sus propuestas y acumulados históricos para la generación de una nueva política, en los diferentes y prioritarios ámbitos de la realidad nacional (minero – energético, economía propia campesina, afrodescendiente e indígena, cultivos llamados de uso ilícito, ambiente y territorio, etcétera). Desde esta mirada de la paz, se reconoce la del gobierno como neoliberal y corporativa, pues comprueba en la experiencia cotidiana el avance del conglomerado del capital trasnacional sobre el control de los territorios[11].

Sin duda, estas posturas se encuentran en disputa, pues son antagónicas en sus proyecciones, en la concepción de la justicia y en el proyecto de país que se proponen construir. Si bien confluyen en la idea de la necesidad de superar los más de 50 años de confrontación armada, se diferencian en que mientras para el gobierno es necesario enfrentar solamente las consecuencias del conflicto, para los pueblos es necesario superar las causas que lo originaron, y es allí donde se hace prioritaria la revisión y transformación del modelo de desarrollo vigente, que además podría perpetuar las causas de la guerra.

De cualquier manera, del proceso llevado hasta ahora, debe resaltarse que con las negociaciones se ha abierto la posibilidad de plantear, a una opinión pública desinformada, que el movimiento insurgente no es el único responsable de la violencia, que una buena cuota le corresponde al Estado y a fenómenos que ha tolerado, como el paramilitarismo, así como a los Estados Unidos y sus acciones cívico – militares con estrategias contrainsurgentes de guerra de baja intensidad. También se abre la puerta a la posibilidad de judicializar empresas (nacionales y extranjeras), presentando pruebas del accionar que se presuma ilegal de su parte. Y, principalmente, la mayor ganancia de este proceso está en la emergencia de nuevas verdades, construcciones que quedan por fuera de la totalización histórica de esa verdad impuesta, favorable a quienes han promovido la guerra y se han beneficiado de ella.

Paz, ambiente y falsas soluciones.

En el centro de las concepciones que disputan el significado de la paz está la cuestión ambiental. Un asunto que debiera superar la asimilación con los recursos naturales, como simples objetos para la explotación, concepción que ha primado en el establecimiento colombiano, e incluso en sectores de la llamada izquierda, y que permite legitimar discursivamente su acaparamiento y destrucción.

Para algunos integrantes del movimiento social colombiano, en este momento histórico es sustancial discutir la relación entre el conflicto armado y la imposición de megaproyectos, que también se presentan como motores del desarrollo. Tales son los casos de Hidroituango[12], la construcción de la represa Urra I[13], entre otros proyectos hidroeléctricos, o de los diversos emprendimientos mineros, alrededor de los cuales se ha desatado la conflictividad armada en diferentes regiones[14]. Todos los megaproyectos han generado afectación ambiental importante, en muchas ocasiones hasta la devastación y, en la mayoría de ellos, han intervenido agentes armados[15].

Ahora, al hacer referencia a la afectación ambiental, debe tenerse en cuenta, también, la explotación de los cuerpos de los hombres y las mujeres y la ruptura de su relación con el territorio del que son parte constitutiva y constituyente. Articulaciones como el Movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y Afectados por Represas -Ríos Vivos-, han exigido su reconocimiento como víctimas del desarrollo, pues el desplazamiento forzado que se les impuso está en relación consecuente con la construcción de grandes represas, con la destrucción de tejidos sociales tradicionales y ancestrales y con la pérdida de medios naturales de subsistencia[16].

La cuestión ambiental debiera ser concebida, entonces, como la interrelación de los seres humanos con los entornos naturales en los que han constituido los territorios que habitan (o habitaban), y su consideración en el escenario de construcción de paz debe propiciar: la búsqueda de verdad frente a las causas estructurales que generaron los conflictos socioambientales; la reparación integral de las víctimas humanas; la restauración de la naturaleza en todas sus dimensiones; y, garantías de no repetición.

Sin embargo, la narrativa oficial –que se excusa en las políticas promovidas desde instituciones multilaterales y las reproduce- opta por convertir en el posacuerdo a la naturaleza en capital (natural), e integrarla a la gobernanza corporativa propia del modelo de economía verde y a discursos como el del desarrollo bajo en carbono. Una propuesta de paz territorial que implementa mercantilización y financiarización de la naturaleza a través de esquemas de financiamiento para las instituciones que regulan el manejo ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales y Sistema Nacional Ambiental), basados en el recaudo a través del Pago por Servicios Ambientales -PSA- y de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD-, que constituyen mecanismos de control trasnacional. Un reordenamiento territorial en el que la biodiversidad como capital natural esté al servicio de los grandes emporios financieros. Un desarrollo local con producción sostenible asociada a la gobernanza corporativa y sin la participación de sujetos campesinos, o sumándoles en función de mercados para la exportación, que nuevamente les sumergen en la dependencia, y descuidan la soberanía alimentaria y la autonomía. Y una actividad extractiva que priorice la minería sostenible, no obstante la contradicción en los términos, para que en ella participen las poblaciones locales, empobrecidas por el mismo modelo, y los excombatientes.

Sin lugar a dudas, el intento de consolidación de una paz en la que el ambiente esté al servicio corporativo, y en la que se reproducirán las causas subyacentes que dieron origen al conflicto armado, ahora bajo la narrativa de la economía verde.

Paz y territorio.

Las posibilidades de construcción de paz en los territorios, desde los pueblos y no desde la trinidad del gobierno Santos, los organismos multilaterales y sus aliados corporativos, pasan por algunas propuestas que están hoy arriba de la mesa del debate social[17]. Entre las alternativas en elaboración, como condición necesaria para alcanzar la justicia social y ambiental, se construye la Comisión de Verdad Ambiental. Planteamiento impulsado por diversas organizaciones, entre ellas CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, y el Movimiento Ríos Vivos. Esta propuesta parte del reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado, en tanto fue el escenario y el botín de guerra. Señala que no es posible la reparación integral de las víctimas humanas sin la restauración de los territorios afectados por la confrontación. Y plantea un amplio ejercicio de memoria ambiental y ecológica, a través de reconstrucción de casos símbolo, en los que se haga posible conocer la verdad sobre los crímenes contra la naturaleza y, primordialmente, estipular garantías de no repetición.

En el contexto de las políticas neoliberales profundizadas en los últimos años, reforzadas por los acuerdos de libre comercio e inversión[18], y que han perjudicado profundamente a los sectores populares, el surgimiento y fortalecimiento de espacios de convergencia, organización y movilización ha sido fundamental en la defensa del territorio y en la construcción de propuestas por la justicia económica, ambiental y social que permitan resolver las causas que dieron origen al conflicto armado.

Ante la posibilidad de construir estas propuestas desde un escenario en el que la conflictividad armada no haga parte de la cotidianidad, y se generen espacios para el disenso y el reconocimiento de las diferencias en la participación política, es urgente avanzar en la consolidación de una articulación de diferentes sectores del movimiento popular con el objetivo de discutir y desarrollar una nueva narrativa, desde la creatividad que apunte a la producción de nuevos sujetos y subjetividad política para la construcción de país.