Los paramilitares en complicidad con el ejercito colombiano, son los mayores vulneradores del derecho internacional humanitario.
El reporte apunta como sectores más vulnerables al conflicto los pueblos indígenas, las comunidades afro-colombianas y los desplazados. Los homicidios selectivos y desapariciones forzadas en 2003 se han dirigido principalmente contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, periodistas,…
25.marzo/2004 – Colombia – Adital – El 2003 parecía prometedor para el gobierno de Colombia, que habría logrado en diciembre de 2002 un acuerdo con la principal organización paramilitar del país, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para un cese de hostilidades a fin de iniciarse la desmovilización completa de los actores armados.
Sin embargo, la tregua ha sido un fracaso, según el propio gobierno. El reporte gubernamental sobre la aplicación del acuerdo por los paramilitares hasta diciembre de 2003 revela que las infracciones al cese de hostilidades atribuidas a los grupos de autodefensas corresponden a 362 homicidios y 16 casos de masacres.
A estos datos que comprueban el peso de los paramilitares en el conflicto colombiano se añaden las consideraciones del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que coloca a los paramilitares como protagonistas de las principales violaciones cometidas el año pasado.
Según el CIDH, basado en informaciones colectadas con organizaciones de derechos humanos en Colombia, la situación de conflicto en el país no ha mejorado como insinúa el gobierno. Las estadísticas preparadas por el banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el Centro de Justicia y Paz indican que ocurrieron sólo en el primer semestre de 2003, 1.426 ejecuciones extrajudiciales, a las que se suma la muerte de 1.074 combatientes durante el mismo período.
En la distribución de estas cifras macabras, 605 homicidios selectivos y 98 desapariciones son atribuidos a las AUC, así como 52 ejecuciones extrajudiciales y 21 desapariciones al Ejército, y un total de 318 infracciones al derecho internacional humanitario a las organizaciones guerrilleras FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN (Ejército de Liberación de Nacional) y EPL (Ejército Popular de Liberación), incluyendo no sólo homicidios sino también civiles heridos y amenazas.
La cantidad de crímenes de los paramilitares puede ser explicada, en parte por la posible connivencia de las autoridades gubernamentales y militares. «En particular, la Comisión continúa recibiendo denuncias sobre la actitud omisiva de miembros del Ejército Nacional, en particular de la Brigada XVII que opera en la zona del Urabá Antioqueño y Chocoano, e incluso de su participación directa en actos de violencia e intimidación perpetrados por grupos paramilitares contra la población civil», afirma la OEA.
La guerrilla lideraría, según el reporte, el número de secuestros, con 697 casos. Ya la organización colombiana Fondelibertad afirma que los grupos de autodefensa serían responsables de 180 casos de secuestro en 2003.
El reporte apunta como sectores más vulnerables al conflicto los pueblos indígenas, las comunidades afro-colombianas y los desplazados. Los homicidios selectivos y desapariciones forzadas en 2003 se han dirigido principalmente contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, periodistas y candidatos a cargos de elección popular, incluyendo a miembros de la Unión Patriótica, entre otros.
Par : Miguel
