Artículo publicado en Rojo y Negro nº 400, mayo 2025
En el pleno de Segovia de octubre de 2021, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) prendió la llama de la esperanza en el corazón en más de 800.000 trabajadoras precarizadas durante lustros e incluso décadas, como posteriormente hizo la CGT en su conjunto durante su XIX Congreso Confederal en junio de 2022; una precarización que afectaba y afecta en todos los sectores del ámbito público a más de un millón de temporales (prácticamente una de cada tres trabajadoras de la función pública).
Un colectivo que, por otra parte, está compuesto en más de un 70% por mujeres con más de cincuenta años de edad que, por motivos obvios (pérdida de capacidad memorística propia de la edad y/o la incapacidad de conciliar estudio con carga laboral y familiar), no van a superar unos exámenes que nada tienen que ver con aplicaciones y normativas propias de su día a día laboral. Mujeres que han cumplido durante toda su función pública con los parámetros que la sociedad y las administraciones les han exigido y que ahora están abocadas a la exclusión social al integrarse en un colectivo calificado por el SEPE como de difícil reinserción laboral, reinserción imposible si el empresario observa que han sido funcionarias durante media vida laboral. Mujeres que, en su inmensa mayoría, accedieron por procesos selectivos que respetaban los principios de igualdad, mérito y capacidad hace demasiado tiempo ya, cuando todavía existían estas convocatorias.
Desde entonces CGT ha realizado innumerables acciones, tanto en el ámbito de la movilización (concentraciones, manifestaciones unitarias y segregadas por territorios, caravanas de coches, jornadas de huelga e, incluso, una huelga de hambre secundada por cuatro compañeras durante más de dos meses y medio) como a nivel jurídico abarcando todas las vías y jurisprudencias existentes (impugnaciones de procesos selectivos, impugnaciones de convocatorias, impugnaciones de ceses, demandas por abuso de temporalidad, demandas penales contra responsables de recursos humanos, demandas en buzones de denuncias, recursos de todos los tipos y a todas las instancias, etc.). Todas ellas han chocado siempre contra los poderes fácticos del Estado que, por intereses económicos, han ignorado la normativa y jurisprudencia europeas, supranacionales y de obligado cumplimiento, durante más de un cuarto de siglo: los desgobiernos (central y autonómicos) y sus políticas neoliberales pretenden seguir implementando la precarización para, posteriormente, privatizar los servicios públicos así como la conversión del medio millón de pensiones de las afectadas de dignas a miserables.
En este estado de cosas, nada puede esperarse de los sindicatos del régimen que prestan obediencia ciega al gobierno de turno origen de sus vías de financiación, esto es, subvenciones públicas muchas vinculadas al oscuro negocio de la formación (ambas causas de innumerables condenas por parte de la justicia).
Otro tanto ocurre con nuestra rancia judicatura donde es vox populi que “para aprobar un proceso selectivo más vale que te toque tu preparador en el tribunal” (incumpliendo para ello la incompatibilidad que les es propia y de paso defraudando al fisco con un sobresueldo no declarado). Sumado a este hecho está la fuerte jerarquización del poder judicial compuesto por órganos repletos de cargos electos por designación política quienes, para más inri, son los que tienen la potestad de crear jurisprudencia.
Ante esta tormenta perfecta, y tras constatar que dentro del territorio nacional no había mucho que hacer, se elevaron las miras al ente superior que nos integra y se empezaron a buscar las vías para llegar a sus distintos órganos a nivel europeo. Primeramente, tras muchas semanas de intenso trabajo y algunos intentos de boicot, cinco días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de junio de 2024, se organizó un Foro de debate jurídico sobre el abuso de temporalidad en el sector público en la misma sede de la Comisión Europea en Madrid donde germinó el que sería el recorrido externo a los grupos de demandantes vía buzón de denuncias. Tras el aprendizaje derivado de esta experiencia, se iniciaron los pasos de lo que desembocaría en la reciente presencia de todos los grupos de demandantes así como de FETAP-CGT en el Europarlamento donde, en tres intensas jornadas a finales de marzo, nos reunimos con ocho grupos políticos a los que se trasladó un incontestable informe que refleja claramente la desastrosa gestión por parte de las administraciones españolas y sus consecuencias. Registramos una pregunta en la Comisión de peticiones del Europarlamento, presentamos las centenares de demandas ante la Comisión Europea, nos reunimos con la secretaria de Roxana Minzatu, vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, para exigir la aplicación de sanciones efectivas y disuasorias contra el reino de España conforme a los dos CHAPs de infracción abiertos en 2014 y se nos comunicó que se está trabajando de manera muy activa con el reino de España para alcanzar una solución.
A todos nuestros interlocutores en Bruselas les entregamos una copia del documental “Hambre de justicia” así como un detallado informe sobre la situación actual del abuso de temporalidad en las administraciones públicas que evidencia no sólo el carácter meramente potestativo e inoperante de la Ley 20/2021, sino igualmente el factor destructivo de la modificación del artículo 10.4 del EBEP.
Próximamente, FETAP-CGT presentará una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa al tiempo que, englobadas en la Plataforma de Afectadas por la Función Pública y en vista de la próxima Ley de Función Pública, nos seguiremos reuniendo con formaciones políticas para buscar el apoyo y la aprobación de aquellas enmiendas que, al fin, con más de veintiséis años de retraso, traspongan al ordenamiento interno la Directiva 1999/70/CE con carácter retroactivo para que afecte a las decenas de miles de compañeras ya cesadas ilegalmente y sin indemnización.
Se puede afirmar pues que CGT es la única organización sindical que está plantando cara a un conflicto colectivo que, por durabilidad en el tiempo, sesgo de género y volumen en el número de afectadas, supone el mayor reto en este país desde los tiempos de la lamentable reconversión industrial. Para desgracia del establishment patrio, en CGT NI NOS VENDEMOS NI NOS RENDIMOS.
A las heroínas del COVID no se les puede aplaudir a las ocho y venderlas a las nueve. Frente al abuso, resarcimiento.
¡FIJEZA YA!
¡DESPEDIDAS READMISIÓN!
Laura Martínez Midón, secretaria general del SAP de Madrid
Julián Pérez Moreno, secretario de Comunicación del SAP de Zaragoza
Fuente: Rojo y Negro
