Fernando Bejarano Delgado, vecino de Rota (Cádiz), falleció en abril de 2006 a los 38 años, una muerte que su familia relaciona con una paliza que recibió cinco meses antes por parte de dos militares de Estados Unidos destinados en la base naval del municipio. La familia del fallecido denuncia que la Marina de EE UU ha archivado el caso tras una investigación «irregular» en la que no se han tenido en cuenta las pesquisas que inicialmente realizó un juzgado de Cádiz ni pruebas aún pendientes.
Los hechos se remontan a la madrugada del 20 de noviembre de 2005 cuando se produjo una trifulca en el pub Black Cat de Rota. Según la familia de Bejarano, tras una fuerte disputa, tres ciudadanos estadounidenses, dos militares y un civil, se liaron a golpes con Bejarano. Como consecuencia de la discusión, el vecino de Rota resultó gravemente herido y precisó asistencia médica de urgencia.
El parte de la facultativa que le atendió inicialmente precisa que tuvo que dispensar al agredido 159 puntos de sutura por diversas heridas en pecho, cara y cabeza. Bejarano sufrió diversos traumatismos internos, que le obligaron a estar hospitalizado en tres ocasiones diferentes antes de fallecer.
La misma noche en que se produjeron los hechos, la agresión fue denunciada ante un juzgado de Rota, que abrió una causa contra los tres supuestos responsables. Tras dar los primeros pasos en la investigación, la juez decidió levantar la imputación contra el civil por considerar que no estaba probada su participación directa en los hechos.
Poco después, la instructora remitió a la Audiencia Nacional la causa contra los dos otros dos imputados. Finalmente, en abril de 2006, la Audiencia Nacional, en cumplimiento del tratado bilateral en materia de Defensa entre EE UU y España, se inhibió en favor de la Marina estadounidense, que nombró al comandante del Cuerpo Jurídico de la Armada J. T. Baltimore, como instructor de la investigación.
Ese mismo mes de abril, en concreto el día 6, Fernando Bejarano falleció como consecuencia de un enfisema pulmonar, que la familia vincula con las complicaciones derivadas de los golpes recibidos en la agresión.
En un escrito del pasado dos de marzo, el instructor estadounidense comunicó al letrado de la familia, Leopoldo Diego Izquierdo, que había dado carpetazo al asunto. En el escrito, Baltimore señala que «a los Estados Unidos no le era posible continuar con posibilidades de éxito la causa contra los presuntos agresores norteamericanos a través de un procedimiento judicial debido a la falta de pruebas y cooperación, en su momento oportuno, por parte de potenciales testigos españoles».
El instructor de la Marina se refiere a un testigo presencial de la agresión. Sonia Bejarano, hermana del fallecido, sostiene que Baltimore «rechazó la declaración de este testigo, por figurar ya en el expediente abierto por el juzgado de Rota, aunque posteriormente no validó ese documento».
Según los denunciantes, el instructor de la Marina estadounidense no ha requerido la declaración de testigos clave y ha rechazado los testimonios recogidos inicialmente por el juzgado de Rota en los que se identificaba a los presuntos responsables de la agresión.
Además, según Sonia Bejarano, el instructor no ha permitido a la familia acceder al expediente. «Ha limitado nuestra capacidad de denuncia», sostiene la hermana del fallecido.
La familia de la víctima, además, ha encargado un informe forense, que aún no ha concluido, para intentar demostrar la relación directa entre la agresión de los militares estadounidenses y el fallecimiento.
En la carta remitida al abogado de la familia, Baltimore informaba además de que uno de los supuestos agresores ha finalizado su contrato con la Marina de Estados Unidos y se encuentra ahora, ya en condición de civil, en su país.
Los familiares del fallecido creen haber encontrado una rendija en esta información y pretenden que el juzgado de Rota que inicialmente investigó el caso pueda actuar contra este individuo.
Las dos hermanas del fallecido remitieron una carta el pasado 5 de marzo a Baltimore en la que le manifiestan su «más profundo dolor» por esta situación al considerar que los supuestos agresores van a quedar «totalmente impunes». «Sin que se haga justicia y sin que nosotras podamos hacer nada al respecto», añaden.
En la carta, las dos mujeres muestran su convencimiento de que si el procedimiento hubiera seguido en el juzgado de Rota, «casi con total seguridad» la suerte de la investigación habría sido distinta. «Habríamos tenido la oportunidad de que se celebrara un juicio con todas las garantías legales en vez de encontrarnos como ahora (…) con los presuntos implicados en paradero desconocido y sin posibilidad de hacer valer nuestros derechos en defensa de nuestro hermano». La misiva, de momento, no ha tenido respuesta.
Fuente: FRANCISCO JOSÉ ROMÁN (El País)
