En la víspera de la aprobación de la reforma laboral, las últimas estadísticas oficiales han mostrado al Gobierno un escenario de depresión. Durante 2010 se superará el 20% de paro entre la población activa, el déficit público se ha disparado por encima de lo previsto hasta el 11,4% del PIB en 2009, y el Ejecutivo plantea modificar el sistema de pensiones porque no ha sido capaz de garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social.
2010 no será un año de creación de empleo. La sentencia de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, resume las peores previsiones de este Ministerio, que da por hecho que en algunos momentos del año se superará el 20% de paro entre la población activa. La cascada de cifras sobre el desempleo se concretó el 29 de enero con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha caído como un plomo sobre las esperanzas de recuperación que el Gobierno fomentó en 2009.
La EPA es uno de los 180 indicadores que los integrantes del Colectivo Ioé incluyen en su riguroso Barómetro Social de España, una base de datos pública (barometrosocial.es), que, cada año, acompañan de una valoración crítica. El barómetro utiliza “las fuentes estadísticas más adecuadas” para cubrir los ámbitos sociales de renta, empleo, salud y hasta o nce campos más. Preguntados por este periódico acerca de cuáles son los efectos más significativos de esta coyuntura económica, Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, miembros de este colectivo, admiten que han observado un incremento del disciplinamiento social, “ante la falta de alternativas se aceptan recortes de las condiciones de trabajo (entre los ocupados) o empleos en condiciones a la baja (entre los desocupados)”. Y es que el factor trabajo, eje de la crisis en el Estado español, es el principal quebradero de cabeza del Gobierno. El número de desocupados según la EPA se situó en los tres últimos meses del año en 18.645.900 personas, o lo que es lo mismo, más de un millón de personas perdió su trabajo en 2009.
Desde Ioé explican que “la crisis deja al descubierto la creciente brecha existente en España entre el capital financiero e inmobiliario y los directivos de las grandes empresas, de una parte, y la mayoría social de la clase asalariada y un amplio sector de pequeñas empresas y trabajadores autónomos menos competitivos, por otra”. Este Colectivo estima que más de 400.000 pequeños empresarios y trabajadores autónomos han ido a la quiebra entre 2008 y 2009. En la construcción, se han evaporado 34.700 empresas en el último año, un dato que se une al descenso de trabajadores por cuenta propia. En el último año, 394.400 personas han dejado de figurar en el régimen de autónomos.
No obstante, la crisis se ha ensañado especialmente con quienes antes sufrían la precariedad. Entre los principales resultados que destaca el INE en su encuesta trimestral está el hecho de que en 2009 el número de asalariados ha caído en 815.000 personas, de las cuales 668.000 tenían contratos temporales. La hemorragia de empleos temporales ha afectado especialmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes. Según datos del Barómetro Social, la tasa de paro de las personas entre 16 y 24 años se sitúa en el 24,6%, cuando en 2006 estaba en su mínimo histórico, el 17,9%. Las personas migrantes también se han visto afectadas por la caída libre del empleo temporal : actualmente el 29,70% de los extranjeros está en paro. Esto sitúa al Estado español casi 17 puntos por encima de la media de la UE, con 27 puntos en la tasa de temporalidad en el empleo.
“La crisis ha reducido el tiempo de trabajo y los ingresos de los ocho millones de trabajadores intermitentes (que alternan períodos de paro y empleo temporal), lo que ha iniciado un proceso de deterioro de su nivel de vida (pérdida de poder adquisitivo, deudas, impago de hipotecas, etc.)”, explican desde el Colectivo Ioé. “Algunos síntomas son los embargos y desahucios, que se han disparado en relación a años anteriores, y la saturación de los albergues, bancos de alimentos y otros servicios de emergencia”. A falta de que se haga oficial la tasa de pobreza de 2008, dato que todavía no se conoce, la EPA refleja que más de 1,2 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro. A comienzos de 2009 la proporción de personas en paro sin ningún tipo de cobertura aumentó del 23% al 30%.
Dos medidas aprobadas recientemente por el Gobierno, y que han sido calificadas como “un giro a la derecha” en su política económica, han venido a dificultar aún más la situación de las personas con trabajos intermitentes, quienes, además, asisten a la privatización de servicios básicos como sanidad o educación. La primera de estas actuaciones es el plan de reforma de la Seguridad Social, con el que se busca retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, y la que también plantea una ampliación del periodo de tiempo que se usa para calcular la prestación, que, si se aprueba en el Pacto de Toledo, pasará de los actuales 15 a 20 o 25 años. Antes, a finales de diciembre, el Gobierno aprobaba la reforma legal de desahucio exprés, después de la cual bastará con un mes para que el propietario solicite el desalojo de su inquilino a la primera reincidencia.
Sin que puedan conocerse aún los efectos que tendrá esta reforma, lo que sí se sabe es que la crisis dejó en 2008 la cifra de desahucios más alta de los últimos 15 años ; ese año se comenzaron un 4,3% de procesos de desalojo en relación al número total de viviendas. En 2008, hubo 60.000 embargos promovidos por bancos y cajas de ahorro, más del doble que el año anterior.
Los impulsores del Barómetro Social explican que “las medidas anti crisis han sido muy eficaces para blindar, al menos momentáneamente, al sector financiero, gracias al ‘salvataje’ bancario preventivo –pues sólo necesitó desarrollarse parcialmente–, que el Parlamento aprobó con pleno apoyo de la Cámara en octubre de 2008”. Asimismo, consideran que los estímulos monetarios y fiscales también han servido para el mantenimiento de bastantes empresas, “aunque han sido poco eficaces para un sector importante de las más pequeñas”. Decretos como la reforma fiscal, que mantiene las ventajas fiscales de las rentas del capital y se ha centrado en el incremento de los impuestos indirectos, evidencian que el esquema de salida de la crisis “no modifica los elementos básicos del modelo neoliberal”.
Para Ioé, el discurso que se impone “es que para ‘crear empleo’, cualquier empleo, hay que dar facilidades a los empresarios, lo que pasa por poner menos trabas a la acumulación de capital y recortar la parte de la renta apropiada por las personas trabajadoras”. ¿Significa esto que el sector financiero ha superado el primer aviso de la crisis ? La respuesta depende de los datos que se tomen. Los activos financieros retrocedieron un 4,8%, aunque en una década habían crecido por encima del 80%. No obstante, la banca tiene tantas dificultades para soltar el stock de viviendas como para cobrar la deuda de los promotores que, según la Asociación Hipotecaria Española, asciende a 325.000 millones de euros.
Por su parte, explican desde Ioé, “las acciones de las grandes empresas del Ibex-35, después del importante bajón de su cotización en 2008, han vuelto a revalorizarse en 2009. Ello se produce justamente el año con mayor bajada del PIB, cuando las medidas adoptadas por el Gobierno español y los organismos internacionales se han decantando netamente por reforzar el modelo económico financiero que precedió a la crisis y proporcionó tantos beneficios al capital”.
En opinión de este Colectivo, después de la constatación del disciplinamiento social, el otro efecto significativo de la crisis es que se ha entrado en un proceso de “cierta pérdida de legitimidad” de ese modelo “y de las instituciones y agentes políticos y económicos que lo promueven”. Sin embargo, los promotores del Barómetro Social creen que faltan cauces efectivos “y propuestas alternativas con viabilidad política” para revertir esta situación.
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