El pasado mes de marzo la Confederación General del Trabajo (CGT) Región Murciana ya denunció ante el consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera Barrachina, ahora consejero de Presidencia y Fomento, el incumplimiento de los contratos de concesiones de las líneas de autobuses interurbanos de viajeros por carretera.
Entre otras, la que autoriza el Servicio de Transporte Público regular de uso general de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Calasparra-Caravaca-Murcia, a la empresa Líneas Costa Cálida, S.L., cuyo periodo de vigencia prescribió, sin que hasta la fecha la Consejería se haya pronunciado al respecto, mientras los servicios se vienen prestando carentes de garantías para sus usuarios.
Entre otras, la que autoriza el Servicio de Transporte Público regular de uso general de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Calasparra-Caravaca-Murcia, a la empresa Líneas Costa Cálida, S.L., cuyo periodo de vigencia prescribió, sin que hasta la fecha la Consejería se haya pronunciado al respecto, mientras los servicios se vienen prestando carentes de garantías para sus usuarios.
Por la documentación de los contratos referidos a las líneas afectadas se puede constatar que la flota de vehículos que cubren los servicios de estos itinerarios superan las edades requeridas, con el riesgo que ello implica para la seguridad vial y de conductores/as y pasajeros/as.
El pasado jueves, 8 de junio, por nuevo escrito al consejero, le advertimos que la mercantil citada, desde el pasado día 31 de mayo, está realizando el servicio de transporte público de viajeros con las Tarjetas de Transporte caducadas. Hecho éste que, parece ser, ha tenido respuesta inmediata, pues la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia ha tomado cartas en el asunto, procediendo a sancionar.
Pues, aparte de los hechos ya mencionados de obsolescencia de gran parte de la flota de autobuses interurbanos de viajeros que circulan por las carreteras de esta Región, cabe recordarle al consejero de Presidencia y Fomento, que muchos de ellos no cumplen con las medidas de accesibilidad que deben tener adaptados para las personas con discapacidad. Un derecho Constitucional, que a lo largo del tiempo, tanto las Directivas Europeas del Parlamento y del Consejo, como nuestra legislación estatal han ido desarrollando para facilitar la accesibilidad y eliminación de barreras, y velando por la seguridad de los usuarios, de modo que se asegure su uso en condiciones de comodidad y seguridad por parte de las personas con discapacidad y personas mayores que tengan problemas de movilidad.
Confiamos en que la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia en el procedimiento de investigación abierto a raíz de nuestra denuncia, pueda exigir a la Administración Regional, que se restituyan nuestros derechos y garantías como ciudadanos/as y trabajadores/as.
Contacto:
Julián Cuevas López
Secretaria General de la Región Murciana
CGT-Murcia
Fuente: CGT-Murcia
