madrid. El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF alcanzaron ayer un acuerdo sobre el Estatuto del Empleado Público, que establecerá condiciones homogéneas para casi 2,5 millones de funcionarios -de ellos, 460.150 desempeñan su labor en Andalucía-. Entre las medidas que contempla el documento, destaca el hecho de que se vaya a vincular la retribución de estos trabajadores a su productividad o desempeño. Se trata de que la continuidad de sus puestos dependa de lo que se haga en ellos, algo que, según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, «motivará a los empleados» y mejorará sus condiciones de trabajo y el servicio que ofrecen a la ciudadanía.
El documento, que entrará en vigor a principios de 2007, fue calificado de «enormemente satisfactorio» por parte de Sevilla, quien subrayó que recoge de manera formal un aspecto previsto en la Constitución y que hasta ahora «no se había regulado». Los sindicatos, por su parte, señalaron que con el nuevo estatuto se han cubierto varias conquistas sociales, ya que también se hace eco del derecho a la negociación colectiva, a la supresión de la temporalidad, la mejora de las condiciones salariales y el reconocimiento de la carrera profesional. Respecto a la temporalidad, uno de los grandes problemas del sector, el texto recoge medidas para dar salida a los 600.000 funcionarios que hoy se ven afectados por ese problema, pues establece que las distintas administraciones podrán convocar concursos para que esas plazas se conviertan en fijas. Aquellas que no lo hagan, tendrán que pagar la antigüedad que corresponda a los trabajadores con contratos de interinidad.
En cuanto a las retribuciones, las básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas de forma independiente por cada una de ellas. En este sentido, el ministro Jordi Sevilla puntualizó que el texto respeta las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios, si bien contiene las condiciones «mínimas homogéneas» para todos los funcionarios del Estado, que permitan «mejorar y modernizar» la Administración Pública.
El estatuto propone, por otro lado, la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión. En lo que a las normas de acceso y a la forma de selección de los empleados públicos se refiere, se añaden a las pruebas tradicionales procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, aclaró ayer que estas materias serán objeto de negociación colectiva. En el documento se precisa que los sindicatos no podrán participar en los órganos de selección de personal, como exigieron en un principio, aunque sí tendrán derecho a opinar, negociar y aportar criterios.
Los trabajos para la creación del estatuto comenzaron hace más de un año y tomaron como punto de partida el informe elaborado por una comisión de expertos.
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