En la misiva enviada al Primer Mandatario, las organizaciones criticaron la política de arrestos que impera bajo la estrategia de Seguridad Democrática que adelanta el gobierno pues, a su juicio, estaría conduciendo al asesinato de personas en actos de retaliación basados en acusaciones falsas.
Noviembre 3 de 2004
Organizaciones de E.U. critican política de detenciones del gobierno de Álvaro Uribe
Así se lo comunicaron en una dura carta 13 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de ese país al Gobierno colombiano.
En la misiva enviada al Primer Mandatario, las organizaciones criticaron la política de arrestos que impera bajo la estrategia de Seguridad Democrática que adelanta el gobierno pues, a su juicio, estaría conduciendo al asesinato de personas en actos de retaliación basados en acusaciones falsas.
«Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la tendencia de individuos que luego de ser detenidos por las Fuerzas de Seguridad y liberados posteriormente ante la falta de evidencia, son asesinados por miembros de grupos ilegales posiblemente como consecuencia de falsas acusaciones», dicen la carta firmada por activistas del Comité para Colombia en E.U., la Oficina en Washington par América Latina (WOLA), el Centro para las Políticas Internacionales (CIP), el Comité para los Derechos Humanos en Colombia, entre otros.
Según estos, son muchas las personas que han sido detenidas y presentadas ante la opinión como miembros de grupos ilegales, sin que se haya hecho un esfuerzo por aclarar su situación cuando son puestos en libertad.
En la carta, las ONG mencionan el caso del profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, arrestado por cargos de rebelión en junio de este año, dejando en libertad a finales de julio y luego asesinado el pasado 17 de septiembre en Barranquilla.
Y citan un comunicado de la propia Defensoría del Pueblo en referencia al asesinato de Correa, en el que se señala que las detenciones basadas en «evidencia frágil», que luego son reversadas ya cuando el individuo ha sido acusado de pertenecer a un grupo ilegal, «lo expone actos de violencia de los grupos armados ilegales».
También resaltan el caso el Marco Antonio Rodríguez, arrestado el 22 de agosto junto a otras 37 personas en Tolima y asesinado el pasado 6 de noviembre por «presuntos paramilitares».
Igualmente subrayan la situación de Amaury Padilla, un ex asesor del gobierno de Bolívar al que detuvieron por supuestos vínculos con el Eln. Siete meses después lo liberaron, pero tuvo que abandonar el país en septiembre por amenazas contra su vida.
Un caso similar, dicen las ONG, al del folclorista José Yamil Cure que ahora está considerando su salida del país.
Expresan especial preocupación por la seguridad de Mauricio Avilez Álvarez de la ONG Cedhernos en Barranquilla, que fue liberado en el 20 de octubre tras haber sido acusado meses antes de rebelión y terrorismo.
Las ONG le dicen a Uribe que entienden el difícil reto que supone enfrentar la violencia política y defender a los ciudadanos, pero le piden que tome medidas para asegurarse de que las detenciones sean basadas en «evidencia creíble». Pero, sobre todo, que se haga una admisión pública cuando se presenten errores, no solo para restaurar el buen nombre del acusado sino para protegerlo de posibles ataques de grupos ilegales.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
Par : Colrefe
