Artículo de opinión de Gabriel Rodríguez Tapiz, Acción Social de CGT/LKN-Nafarroa
Dar una opinión acerca del TTIP es un ejercicio no exento de riesgos. Es tan escasa la información veraz de la que disponemos que errar entra en lo más que previsible. La razón no es otra que, como le gusta decir a la Comisaria Europea para el Comercio, Cecilia Malmström, las conversaciones se están llevando en un clima de discreción, una forma elegante de decirnos que son unas negociaciones secretas y que lo poco que sabemos de ellas se deben a las filtraciones que cíclicamente aparecen en la prensa. Por eso afirmo que cuando hablamos del TTIP, tal vez metamos la pata en algún aspecto.
Dar una opinión acerca del TTIP es un ejercicio no exento de riesgos. Es tan escasa la información veraz de la que disponemos que errar entra en lo más que previsible. La razón no es otra que, como le gusta decir a la Comisaria Europea para el Comercio, Cecilia Malmström, las conversaciones se están llevando en un clima de discreción, una forma elegante de decirnos que son unas negociaciones secretas y que lo poco que sabemos de ellas se deben a las filtraciones que cíclicamente aparecen en la prensa. Por eso afirmo que cuando hablamos del TTIP, tal vez metamos la pata en algún aspecto. Pero también es verdad que cuando el político de turno, como es el caso de Javier García, parlamentario autonómico del PPN, nos quiere vender las bonanzas de este acuerdo comercial -lo bueno que es para Navarra, para sectores como el calzado, el energético, alimentario o automoción-, no deja de ser un brindis al sol. Bueno, tal vez estos políticos partidarios de la ultra liberación del comercio manejen una información a la que el resto de los mortales no podemos acceder y esto les permita hacer promesas que seguramente nunca se cumplirán.
Tal vez sea más fácil opinar de lo que ya existe y conocemos, como por ejemplo el NAFT, el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Hace unos días la empresa TransCanada ha interpuesto una demanda contra el Gobierno Federal de EEUU por valor de 15.000 millones de dólares por la paralización de la construcción del oleoducto Keystone XL que iba a transportar arenas bituminosas (un tipo de petróleo pesado), de Canadá al este de EEUU. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿en qué lugar quedan los acuerdos firmados por los gobiernos en la cumbre climática del COP21? Para los defensores de lo que ellos llaman comercio libre es más importante el beneficio económico que el planeta.
Podemos echarle un vistazo al recientemente firmado acuerdo TPP, Acuerdo Comercial Tras-Pacifico. El congreso de Estados Unidos había aprobado una ley que exigía etiquetar la carne que se comercializa indicando el país de procedencia. Pues bien, la OMC ha advertido que esa reglamentación, que a nosotras nos parece tan básica, va en contra de lo firmado en el TPP, en contra de la libertad de comercio y supone una barrera legal al libre tránsito de mercancías. Que los/las consumidoras comamos no tiene la más mínima importancia mientras llenemos la tripa.
Este año quieren aprobar el acuerdo ente la UE y Canadá conocido como CETA y los políticos Europeos están consternados por la oposición creciente a la firma de dicho acuerdo. No quieren que los estados, uno a uno, decidan si firmar o no, prefieren que se ratifique directamente en el Parlamento Europeo sin pasar por los Parlamentos estatales. El embajador Europeo en Canadá se ha reunido con el primer ministro canadiense para renegociar algunos temas y limar asperezas al texto inicial, como lo relativo a los tribunales de arbitraje de conflictos (ISDS), para facilitar la firma en el Parlamento Europeo.
Supongo que los defensores del TTIP sabrán que la principal asociación de jueces alemanes rechazan la necesidad de crear un sistema de arbitraje tipo ICS -que vendría a sustituir a los ISDS, de similar naturaleza- y que en su comunicado afirman que la UE al estar formada por estados constitucionales, la justicia ordinaria ya garantiza la protección de los derechos de las empresas y de sus accionistas en caso de desacuerdo comercial. Seguro que toda esta información la conocen, pero la callan y la ocultan porque va contra sus intereses personales que para ellos son más importantes que los intereses generales de la ciudadanía.
Nota: Cuando cierro este artículo de opinión recibo un correo en el que me comunican que la Asociación de Jueces Europeos también rechazan los ICS como fórmula de resolución de conflictos entre las empresas y los estados.
Gabriel Rodríguez Tapiz
Fuente: Gabriel Rodríguez Tapiz
