Durante los 36 años de franquismo se practicó el olvido de la memoria por decreto. Era la clave escrita con tinta simpática en que los agentes ideológicos de la dictadura, desde las instituciones hasta la prensa, basaban el predominio mental, cultural, afectivo y material del franquismo. Luego vino la transición, y por otros 31 años se pusieron rejas a la memoria utilizando ahora un encadenamiento jurídico -sin solución que continuidad- que “casa” la “legalidad vigente” de la dictadura con el corpus normativo de la democracia. Por eso, ahora, cuando distintas sensibilidades confluyen en la necesidad de pasar del olvido de la memoria a la memoria del olvido, es urgente una amplia y contundente movilización ciudadana para exigir una auténtica ruptura democrática. Sólo con semejante catarsis podrá acabarse con el sistema de desmemoria que supuso la genocida política franquista respecto al pasado inmediato y la recepción de aquella “legalidad vigente” en una transición que de hecho representó el reconocimiento de una ley de punto final.
En este contexto, son muy reveladoras las dos declaraciones hechas este mes de marzo respecto al olvido de la última memoria histórica, al margen de otras recientes manifestaciones de distintas personalidades y partidos. De un lado se ha producido una solemne declaración contra el franquismo por parte de una alta institución europea. El pasado 17 de marzo, la Asamblea Permanente del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la condena sin paliativos de los múltiples y graves crímenes cometidos por la dictadura entre 1939 y 1975 (¡ojo al periodo abarcado !), al tiempo que los representantes de los 43 países miembros solicitaban una reparación integral para las víctimas y que desde el próximo 18 de julio la fecha fuera declarada día de condena internacional de aquel sanguinario régimen.
Se trata, como se ve, por la ejemplaridad de las medidas solicitadas y la rotundidad de la condena, de una enmienda a la totalidad respecto a la política de amnesia generalizada practicada por los partidos democráticos ungidos por la Constitución de 1978. Conviene recordar que hasta noviembre del 2002, estando el Partido Popular en el Gobierno, el Congreso de los Diputados se abstuvo de cualquier expresión que supusiera una reprobación de raíz de la dictadura franquista y del golpe militar que tumbó a la II República, dando origen a la guerra civil. A pesar de que desde 1982 a 1996, durante 14 largos e ininterrumpidos años, el poder estuvo en manos del Partido Socialista Obrero Español, una de las fuerzas “vencidas” que sufrió la devastadora represión. Además, la condena del Consejo de Europa recalca que la feroz dictadura siguió hasta el último año de vida de Franco, lo que obviamente supone implicar en su “atestado moral” a cuantos la sirvieron, desde jueces a policías, desde militares a políticos o periodistas, y por supuesto a aquel que el propio Caudillo eligió digitalmente como sucesor a titulo de Rey,
El segundo manifiesto es mucho menos concluyente pero más revelador. Es más, podría pensarse que en él late un propósito de enmienda transaccional a lo que de radical tiene el elaborado antes por el Consejo de Europa. Se trata de una proclama a toda página insertada como publicidad el domingo 2 de abril en el diario El País, en donde con motivo del 75 aniversario de la II República y bajo el título “Memoria del futuro” un numeroso elenco de personalidades y profesionales de los más diversos ámbitos reivindican los valores republicanos. El texto que sirve de banderín de enganche a los abajofirmantes rechaza los actuales intentos revisionistas que pretenden “absolver al general Franco de la responsabilidad del golpe de estado que interrumpió la legalidad” republicana, afirmando que “después de 30 años de democracia resulta vergonzoso tener que recordar aún dónde estaba la ley y dónde el delito”, para terminar pidiendo que en los sucesivo el 14 de abril sirva como “reconocimiento oficial a todos los ciudadanos españoles que lucharon activamente por la libertad, la justicia y la igualdad”.
“Memoria del Futuro” nada dice sobre la anulación de la “legalidad vigente” del franquismo que está permitiendo, aquí y ahora, que los tribunales de la democracia “casen” las procesos sumarísimos y las ejecuciones perpetradas por la dictadura. Ni habla del dilatado periodo en que la maquinaria represiva impactó brutalmente contra los disidentes. Ni insinúa la necesidad de abrir un proceso de reflexión crítica sobre el hecho de que hayan sido necesarios 31 años y una instancia europea – endógena y exógena, al mismo tiempo, pues somos europeos para algunas cosas- para pedir responsabilidades a la dictadura y sus principales colaboradores, como por otra parte nuestra Audiencia Nacional tiene predicado con las dictaduras Argentina y Chilena. Quizá por eso, el manifiesto “Memoria del Futuro” ha sido suscrito por gentes tan variopintas y desmemoriadas, acogiendo generosamente a republicanos de toda la vida y antifranquistas, pero también a personalidades dobles, como Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Alfonso Guerra o Javier Pradera, que en diferentes momentos y circunstancias justificaron la renuncia a la República y la expresa aceptación de la Monarquía del 18 de Julio como tributo necesario para la normalización política. Posiblemente, como decía Antonio Machado, confundiendo neciamente valor con precio. Recordemos al secretario general del PCE y al de CCOO madrugando a todo el espectro político antifranquista al adoptar -el 14 de abril de 1977- como propia la bandera nacional durante la celebración de la legalización del partido. A un Alfonso Guerra cediendo al primer envite el histórico republicanismo del PSOE en los tratos de mesa camilla urdidos para perfilar la constitución del 78. Como escribieron los periodistas de El País Bonifacio de la Cuadra y Soledad Gallego-Díaz en Crónica secreta de la Constitución (Tecnos, 1989 : 99), “Santiago Carrillo no desaprovechó la oportunidad del anuncio socialista de deponer su actitud parlamentaria antimonárquica para felicitarse de que los compañeros del PSOE compartieran, al fin, la posición responsable mantenida por los comunistas desde el primer momento”
En fin, al otanista Javier Pradera conmemorando, con su proverbial y brillante polisemia sintáctica, en El País los 30 años de Monarquía y la pericia del Rey para lograr “conservar el equilibrio siempre inestable y contradictorio entre el principio monárquico y el principio democrático”.Por cierto, que en la seria fotográfica sobre La Transición publicada por el diario de referencia (La Mirada Del Tiempo) aquella foto del 14 abril comunista no parece, como tampoco hay imágenes de los incidentes que culminaron con los asesinatos del 3 de marzo en Vitoria, confirmando que a veces para algunos memorialistas de cabecera la memoria ha sido el olvido.
Por eso es muy importante, a la vez que apoyar el importantísimo proceso libertario que anuncian los manifiestos citados, esgrimir una insobornable memoria de elefante para rescatar también esa memoria del olvido practicada con luz y taquígrafos durante casi tres décadas por la clase dominante surgida del consenso y la transición. A ellos se debe este inexplicable anacronismo de que desde España se haya impulsado acciones de justicia universal contra los crímenes de Videla y Pinochet manteniendo a la par una estricta impunidad ante el horror oriundo, infinitamente más grave en cantidad y calidad.
Y sobre todo hay que avergonzar a esos medios que han servido durante años de papel secante y sumidero de aquella “memoria negada”, yendo siempre -literal y en la doble acepción del término- “detrás” de la noticia. La mejor prueba de la eficacia de este trabajo de zapa de medios e instituciones es que lograron anular mental y afectivamente a toda una generación. Hasta el punto de que han tenido que ser los “nietos” de aquellos “abuelos” vencidos, humillados y abandonados los llamados a la titánica tarea de destapar ese inmenso campo de calaveras oculto por la propaganda de unos, la indecencia de otros y los intereses de todos.
Fuente: Rafael Cid.
