Ola de violencia afecta a defensores de los derechos humanos en el sureste del país

Los ataques a mujeres en la zona son cada vez más parecidos a los que se sufren en Juárez.-

San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de marzo. "La violencia generalizada en el país y la profundización de la impunidad agudizan el contexto de represión, pobreza, criminalización, migración, despojo territorial y ataques a quienes promueven, defienden y ejercen los derechos para todos", declaró hoy la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, con énfasis particular en el sureste de México.

Al concluir su 41 asamblea nacional, los defensores se pronunciaron
sobre las hostiles condiciones en que laboran sus colegas en Chiapas,
Tabasco y Yucatán, en una región del país donde las violaciones a los
derechos «no son menores».

La extensa Red, a la que pertenecen 72 organismos, constató que «el
despojo territorial es práctica recurrente de gobiernos y empresarios
contra quienes defienden los recursos naturales y se niegan a ceder sus
territorios para la inversión privada» (explotación de minas, proyectos
ecoturísticos y carreteros), pues «han decidido practicar la autonomía
ejerciendo en plenitud sus derechos fundamentales».

Mientras esta mañana se realizaba una concurrida marcha ciudadana en el
bulevar Juan Sabines de esta ciudad contra el proyecto gubernamental de
convertir los campos deportivos en grandes centros comerciales con el
argumento de que «generarán empleos» (aunque no vengan acompañados de
derechos laborales), la Red denunció que «la cancelación de los espacios
públicos y deportivos es una acción de gobiernos municipales y
estatales favoreciendo los intereses económicos y comerciales de
empresas, provocando la destrucción ambiental».

Las crecientes militarización, ocupación policiaca y paramilitarización
de comunidades y ciudades del sureste, justificada por una presunta
lucha contra la delincuencia organizada, «busca desmovilizar y controlar
las dinámicas de los pueblos que se organizan». Entre los ajustes
estructurales se instrumentaliza a los poderes Legislativo y Judicial
para «legalizar» la criminalización de la acción social,
«particularmente contra defensores».

La violencia hacia las mujeres, añadió la Red en su declaración final,
ha llegado a niveles «similares a los estados del norte, al grado de
alentar la violencia contra las mujeres como parte de una estrategia que
busca fragmentar el tejido social». Además, «la migración que transita
por nuestros territorios ya no es sólo de los pueblos de Centroamérica;
es de las comunidades y ciudades empobrecidas del sureste».

También denunció que «una fuerte inversión mediática» promueve a los
gobiernos estatales “como ‘vanguardia’ en el cumplimiento de los
estándares en derechos humanos”, cuando en realidad es nula su
aplicación «debido a la corrupción estructural».

La defensa de garantías «se traduce en acciones de denuncia,
capacitación, litigio, acciones políticas, incidencia pública,
acompañamiento social, solidaridad y articulación permanente; lo hemos
aprendido de quienes mantienen viva la memoria de las luchas y
resistencias que nuestros pueblos dan día a día».

La Red reafirmó su compromiso «de seguir vigilante y actuante ante la
creciente violación a los derechos humanos que la guerra oficial está
generalizando contra la población civil». Pese al «creciente riesgo»
para su vida e integridad física, «reconocemos en los compañeros
defensores en Chiapas, Tabasco y Yucatán un compromiso permanente en la
defensa de la dignidad humana».

De manera particular encontrándose en Chiapas, los defensores anunciaron
que seguirán atentos a sus compañeros de los centros de derechos
humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Derechos Indígenas y Fray Matías
de Córdova, el colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos,
los comités Fray Pedro Lorenzo de La Nada y Por la Defensa y Libertad
Indígena, así como Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, «que
realizan sus tareas en un contexto donde las acciones de
contrainsurgencia continúan siendo diseñadas y operadas por el Estado».

Hermann Bellinghausen, Enviado Periódico La Jornada – Lunes 21 de marzo de 2011, p. 18