Las pensiones públicas, tal y como están diseñadas ahora, no van a durar para siempre. Al menos eso aseguran algunos expertos. El sistema contributivo amenaza con mostrar su primer déficit entre 2011 y 2015 si no se hacen reformas que garanticen su viabilidad, según un artículo elaborado por dos expertos (uno es el asesor económico de Moncloa, David Taguas) para Funcas, la fundación de las cajas.
No obstante, los saldos acumulados hasta entonces en el fondo de reserva de las pensiones, dotado en la actualidad con 40.000 millones de euros, permitirían cubrir dicho déficit entre siete y diez años a partir de esa fecha, es decir, hasta 2018 o 2025. A partir de ese momento, el sistema de pensiones contributivas requeriría financiación del Estado. Así lo sostienen María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social, y el actual director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, en un artículo publicado en la revista Panorama Social, de Funcas.
Para realizar este análisis, Sáez y Taguas -firma el artículo desde su responsabilidad anterior como subdirector del servicio de estudios del BBVA- parten de las últimas proyecciones demográficas, según las cuales hasta 2060 entrarán en España más de 14,5 millones de inmigrantes. Esto provocará un «profundo cambio socioeconómico» y una modificación de la pirámide de población.
Los autores calculan que el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en cuatro décadas (de 0,44 prestaciones por trabajador a una proporción de 0,81 en 2059). El gasto en pensiones contributivas también se duplicaría : del 7,7% del PIB en 2004 al 17,9% del PIB en 2059.
Oficina presupuestaria
Para extender la opinión entre los ciudadanos de la necesidad de reformar el sistema de pensiones, los dos expertos abogan por la creación de una Oficina Presupuestaria del Congreso, independiente del Poder Ejecutivo, para evaluar la situación y las perspectivas del sistema español de Seguridad Social.
Los autores proponen algunas reformas. En este sentido, señalan que si se ampliara a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones (ahora es de 15 años), el primer año en que el sistema incurriría en déficit se retrasaría cuatro años y el fondo de reserva permitiría la financiación del sistema hasta 2026.
Sáez y Taguas apuntan que, aunque sería «adecuada», esta medida no resolvería el problema de la equidad de una manera correcta, pues el ajuste sólo incidiría en los nuevos jubilados del sistema. Además, si se tomaran en consideración carreras laborales completas, la pensión media de los nuevos perceptores se reduciría entre un 10% y un 30%.
Otra de las iniciativas que se barajan en este artículo es la de retrasar la edad de jubilación a los 70 años. Según los autores, si en 2007 se adoptara esta medida de forma generalizada y obligatoriamente, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y los superávit acumulados hasta 2027, junto a los intereses, generarían un fondo de reserva de tal magnitud que el sistema estaría financiado hasta 2046.
Fuente: EL PAIS
